Inicio TemasEconomía y Sociedad Sobre la creación de la Superintendencia de Educación

Sobre la creación de la Superintendencia de Educación

Escrito por Iván Darío Agudelo Zapata
Crear una Superintendencia de educación superior

Ivan-Agudelo.jpg - 12.43 kB¿El proyecto de ley es inconstitucional y acabará con el Ministerio de Educación? Aclaraciones en respuesta a un artículo anterior de Razón Pública.

Iván Darío Agudelo Zapata*

¿Un proyecto inconstitucional?

El pasado 26 de agosto, se publicó en Razón Pública un artículo del Profesor Luis Enrique Orozco sobre el proyecto de ley 077 de 2019, que propone crear la Superintendencia de Educación. Con el ánimo de promover una discusión amplia, informada, serena y sólida, me permito hacer algunas precisiones.

De acuerdo con la publicación, la Corte Constitucional ya había declarado inexequible crear la Superintendencia. Sin embargo, esto no es preciso. La confusión tiene que ver con las circunstancias que rodearon la expedición de la Ley 1740 de 2014, que otorgó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) amplias facultades de inspección, vigilancia y control sobre la educación superior.

En aquel momento, fue el Gobierno nacional quien argumentó ante el Congreso falta de mecanismos eficaces para que el MEN garantizara la calidad y continuidad del servicio educativo. Ante la gravedad de los motivos aducidos, el Gobierno presentó el proyecto de ley con mensaje de urgencia, contando así con trámite legislativo abreviado.

Al mismo tiempo, el Congreso contempló la idea de crear una Superintendencia de Educación. A través del artículo 23 de la Ley 1740, dio un año de plazo al Gobierno para presentar un proyecto de ley en ese sentido. Esto quiere decir que las facultades que esta Ley entregó al MEN fueron originalmente concebidas con un carácter transitorio, mientras se creaba la respectiva Superintendencia.

La Corte Constitucional reaccionó ante el artículo 23 en la Sentencia C-031 de 2017, cuando lo declaró inexequible. Lo que dice la sentencia es que la ley sobrepasó sus límites cuando ordenó al Ejecutivo ejercer su iniciativa legislativa de esa forma, es decir, imponiendo un plazo para presentar un proyecto de ley.

Por esa vía, las facultades al MEN previstas por el Congreso para ser transitorias acabaron siendo permanentes. La Ley 1740 sigue vigente, y la Superintendencia de Educación aún no se ha creado.

¿Desaparecería el Ministerio de Educación Nacional?

El título del artículo del Profesor Orozco sugiere la desaparición del MEN como consecuencia de crear la Superintendencia de Educación. Sin embargo, en Colombia existen diez Superintendencias que coexisten con los Ministerios del sector al que se encuentran adscritas. En ningún caso crear una Superintendencia ha supuesto la desaparición del respectivo Ministerio.

La razón para crear la Superintendencia de Educación es sólida: las funciones de inspección, vigilancia y control no deben permanecer asignadas al Ministerio coexistiendo con las de formulación de políticas. El Ministerio no puede ser juez y parte.

Lo que pretende el proyecto es retirarle al MEN las funciones que le asignó la Ley 1740 para que sean ejercidas por un organismo técnico, autónomo e independiente. Decir que retirar estas funciones al MEN supone su desaparición equivale a afirmar que antes de la ley 1740 de 2014 el Ministerio era un actor ausente, lo cual carece de todo fundamento.

Por lo tanto, crear la SuperEducación en ningún momento implicaría la desaparición del MEN como cabeza del sector y primer responsable de la política educativa.

Tampoco se trata de un capricho. En el derecho contemporáneo las superintendencias desarrollan el concepto de Estado Regulatorio: responden a la necesidad de contar con organismos técnicos altamente especializados en áreas que tocan de cerca las libertades fundamentales y las relaciones entre poderes de diferente naturaleza, en las cuales están involucrados grandes intereses sociales, como puede ser el caso de la educación.

Le recomendamos: Los fantasmas del Ministerio de Educación Nacional

Sobre la relación entre Inspección, Vigilancia y Control y Calidad Educativa

Según la columna del profesor Orozco, el proyecto de ley parte de un enfoque equivocado, al considerar la calidad educativa como un producto exclusivo de la inspección, el control y la vigilancia. Pero esta es una lectura parcial del proyecto de ley y su exposición de motivos.

Efectivamente, la calidad educativa es un logro multicausal que compromete al Estado y a las instituciones educativas. Lo que destaca el Proyecto de Ley en su motivación es el papel que juegan la inspección, la vigilancia y el control en el logro de la calidad, sin que se indique que se trata de la única causa.

El proyecto la función del ICFE

Foto: Secretaría de educación de Bogotá

En el proyecto la función del ICFES se piensa desde la medición de la calidad de la educación y no como un mecanismo de vigilancia.

Lo que sí plantea el proyecto de ley es que la inspección, la vigilancia y el control son factores importantes de la calidad educativa y que requieren un urgente fortalecimiento institucional, por lo que serían el núcleo misional de la nueva Superintendencia.

Cabe agregar que la relación entre la calidad educativa y la creación de la SuperEducación ha sido estudiada ampliamente. Ya en 1998 Ulpiano Ayala lo planteaba con respecto a la educación superior, lo cual siguió siendo sustentado por otros autores.

Esta relación se refuerza con las recomendaciones del CESU consignadas en el Acuerdo por lo Superior 2034, lo mismo que con las que recoge FEDESAROLLO en el Informe 2017 de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, en ambos casos señalando la conveniencia de crear la Superintendencia de Educación.

¿La autonomía universitaria en riesgo?

Crear la Superintendencia de Educación no lleva a un ejercicio monopólico de la educación superior por parte del Estado, máxime cuando el país cuenta con una importante tradición de participación de privados en la prestación de este servicio público. Eso sí, el proyecto destaca las disposiciones constitucionales que asignan al Estado la responsabilidad de vigilar la educación.

Sobre la autonomía universitaria, que también menciona el profesor Orozco, hay que decir que el Estado ejerce inspección y vigilancia para proteger el interés general en materia educativa, lo cual no implica vulnerar el principio de autonomía universitaria. Así lo señaló con claridad la Corte Constitucional en su Sentencia C-491 de 2016.

Le recomendamos: La autonomía universitaria: un debate necesario

¿Qué pasará con el CESU, CONACES y CNA?

Bien señala la columna que el MEN cuenta con insuficientes recursos técnicos, humanos y financieros para inspeccionar, vigilar y controlar el sistema educativo, mas no es correcto que se pretenda modificar el CESU (Consejo de Educación Superior). El proyecto de ley no pretende tocar, ni copar, ni sustituir este organismo.

Tampoco considera modificación alguna al papel de CONACES (Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). En este caso, tratándose de un órgano de asesoría y coordinación sectorial, resulta contrario a la organización y estructura del Estado concebirlo como encargado de las tareas de inspección y vigilancia. Ni qué decir de las de control, respecto de las cuales estaría completamente limitado en herramientas, medios y alcances.

Si bien resulta interesante revisar a fondo qué impacto tendría la creación de la Superintendencia de Educación sobre piezas del sistema como el CESU, el CNA y CONACES, es preciso señalar que en ningún momento se ha planteado que estos órganos pasen a integrar la nueva Superintendencia.

Suposiciones en torno al ICFES

Finalmente, haría falta diferenciar desde el punto de vista conceptual las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, de las de seguimiento al desempeño educativo y medición de resultados a través de pruebas de Estado. Las dos hacen parte de un sistema de aseguramiento de la calidad educativa, pero no son lo mismo.

Se puede decir que uno de los mecanismos por medio de los cuales el Estado supervisa la educación es a través de las pruebas SABER. Pero esto no puede entenderse en el mismo sentido de vigilar, por ejemplo, la ejecución de recursos del Programa de Alimentación Escolar PAE. Claramente se trata de dimensiones bien diferentes.

La Ley 1324 de 2009 fijó parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, “en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado”. Esta consideración difiere del concepto más reciente de inspección y vigilancia señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-851 de 2013.

Puede leer: Medir la calidad de la educación: todo un desafío

Teniendo esto en cuenta, la ley 1324 quedaría referida estrictamente a la evaluación educativa y a la facultad de aplicar exámenes de Estado, entre otras pruebas externas. Aunque dicha ley puso las pruebas de Estado en manos del ICFES entre 2009 y 2014, la Ley 1740 de 2014 centralizó estas competencias de manera definitiva en el MEN, concentrando en el Ministerio aún más funciones.

El proyecto plantea que la calidad de la educación va acompañada de la inspección

Foto: Alcaldía de Cali

El proyecto plantea que la calidad de la educación va acompañada de la inspección

Es interesante preguntarse acerca del papel del ICFES como instituto de acompañamiento al mejoramiento de la calidad por medio de la medición de resultados de formación a través de pruebas estándar.

Frente a la creación de la Superintendencia de Educación, cabe preguntarse si conviene fortalecer al ICFES en un rol muy concreto, o si lo mejor sería desaparecerlo definitivamente. Sin embargo, esto comprende otro debate en el terreno de la evaluación y no precisamente en el de inspeccionar, vigilar y controlar.

Para consultar el proyecto de ley

El proyecto de ley 077 de 2019 – Senado, para la creación de la Superintendencia de Educación está abierto a una discusión amplia y constructiva y a la participación de todos los actores interesados. La sana crítica y los aportes son bienvenidos.

El proyecto de ley y su exposición de motivos están al alcance de la ciudadanía en este enlace.

*Senador de la República perteneciente al Partido Liberal.

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies