Si bien el cambio climático es un reto principalmente para los países periféricos, también es una oportunidad para transformar sus economías y su producción.
Leandro Rojas*
Un proceso global
La transición energética es un tema recurrente en los discursos de gobierno, en las discusiones de pasillo, en los salones de clase o en los medios de comunicación. Sin embargo, parece que no hay un consenso sobre este tema. Por el contrario, hay mucha especulación y miedo. Así que hay que partir de la idea de que la transición energética es un proceso de transformación productiva, económica y social.
En el caso de los países como el nuestro, es una oportunidad para cambiar nuestro sistema productivo y para cerrar muchas de las brechas sociales y económicas. Visto de esta manera, es un proceso que no parece distanciarse de lo que muchos países han intentado para superar sus condiciones de “atraso”. La novedad se encuentra en que este proceso no corresponde ni a un país ni es asunto de responsabilidades individuales.
La transición energética es una de las respuestas para adaptarse y mitigar el cambio climático y es un asunto global. Por ello, su éxito no depende de la suma de los comportamientos nacionales, sino de la efectividad conjunta de las apuestas de transición, aunque los acuerdos mundiales se hagan a través de contribuciones nacionales.
En otras palabras, no es suficiente que los países Latinoamericanos reduzcan sus emisiones si no cuidamos el Amazonas en conjunto, si no mejoramos el cuidado de las cuencas de nuestros principales ríos y si no mantenemos vivos los glaciares y los acuíferos, entre otros. Aún con el esfuerzo de Latinoamérica, gran parte del resultado dependerá del tipo de producción y el tipo de consumo de los países de altos ingresos —Estados Unidos, China, algunos europeos—.
Eficiencia energética y producción de emisiones
Los países de la periferia, aquellos cuyo ingreso es reducido y que aportan principalmente materias primas y mano de obra barata, tienen muy poco peso en las cadenas de valor global y tienen a su vez poca incidencia en los valores agregados de las emisiones de CO2.
Sin embargo, suelen tener peores indicadores de eficiencia energética y ambiental. Es decir, por cada unidad de valor agregado consumen más energía o emiten más gases de efecto invernadero comparados con sus socios comerciales.
Por ejemplo, Colombia mantiene peores indicadores energéticos y ambientales frente a los socios comerciales de los que importa bienes intermedios y para consumo. Por cada mil millones de pesos, se consumen 8,7 terajulios de energía en Colombia, mientras que, por cada mil millones importados, nuestros socios comerciales consumen 2,7 terajulios.
En lo que respecta las emisiones por cada mil millones de pesos, se emiten 119,98 gigagramos de CO2, mientras que, por cada mil millones importados, nuestros socios comerciales emiten 0,27 gigagramos de CO2.
En ese sentido, si las regulaciones comerciales se radicalizan —como las normas asociadas a las Propuestas para la regulación de los productos libres de deforestación— nos encontraremos en una situación de alta vulnerabilidad. Por una parte, nuestros niveles promedios de productividad siguen siendo bajos y, por otra, cada unidad de nuestros productos contamina y demanda más energía de lo que lo pueden hacer otros países en el mundo.
La dependencia económica de nuestros vecinos de la exportación de materias primas y los recursos derivados de esta no ha sido suficiente para el impulso de la diversificación productiva.
Si vemos la transición energética meramente como un asunto económico, podríamos descubrir que cambiar nuestras fuentes de energía hacia fuentes totalmente renovables nos pondría en un lugar más competitivo, tanto en términos de eficiencia energética como ambiental.
Pero estos procesos de transformación no se dan únicamente en una esfera de la producción, sino que son cambios sistémicos: cambiar nuestras fuentes de energía hacia las renovables significa electrificar nuestra economía y no depender de fuentes contaminantes ni en la producción ni en el consumo.
Financiamiento y dependencia económica
Evidentemente, este proceso demanda grandes niveles de inversión y, con ello, todo los beneficios económicos y sociales que conlleva. La inversión es el motor de las economías por lo que el Estado juega un papel central.
La inversión pública en infraestructura y en desarrollo de nuevas tecnologías puede garantizar las tasas de rentabilidad necesarias para que algunos negocios sean viables y se pueda impulsar la inversión privada que de otra manera no sería posible.
Sin embargo, frente a la necesidad de estos niveles de inversión volvemos a uno de los asuntos más desafiantes para economías como la nuestra: cómo garantizar el acceso al financiamiento.
Durante más de 70 años ésta ha sido una preocupación de los economistas latinoamericanos, quienes ven nuestra vinculación con el comercio mundial y el acceso al mercado financiero internacional como el principal límite para nuestro desarrollo y nuestra transformación productiva.
Obtenemos dólares por la venta de materias primas cuyos precios no decidimos y adquirimos deuda en una moneda que no emitimos y a una tasa que no tenemos la capacidad de controlar.
Puede pensarse que la producción de materias —en nuestro caso, los hidrocarburos y el carbón— es suficiente para garantizar los recursos necesarios para la transformación productiva. Sin embargo, la dependencia a estos productos se acentuó en los últimos 20 años —salvo cuando sus precios internacionales cayeron demasiado y dieron espacio a la producción y exportación de otros bienes—.
En la región, la situación no ha sido diferente. La dependencia económica de nuestros vecinos de la exportación de materias primas y los recursos derivados de esta no ha sido suficiente para el impulso de la diversificación productiva.
Las otras alternativas al financiamiento son la emisión monetaria y el acceso al crédito, aunque la primera está limitada por las jerarquías monetarias globales donde nuestra moneda se encuentra en la base y el dólar en la cima. Por tanto, dependemos del acceso a dólares para comprar mercancías y maquinaria.
Por otra parte, el acceso al crédito también es un reto. Con niveles de endeudamiento cercanos al 70 % del PIB y con los castigos de las calificadoras de riesgo, el aumento por esta vía también significa mayores gastos por concepto de pago de intereses hacia el extranjero y, por ende, hay mayor vulnerabilidad financiera y cambiaria.
Transformar la economía
Por lo anterior, conviene recordar que el cambio climático es un fenómeno global.
Si cuidar el Amazonas, nuestra biodiversidad y fuentes hídricas es una necesidad mundial, la transición energética en países como los latinoamericanos y en particular Colombia, no debe ser solo nuestra responsabilidad. Por ello, los métodos de financiamiento deben ser sostenibles y solidarios con nuestra región y el país.
Como primera medida, necesitamos hablar en términos multilaterales de condonación de la deuda. Si bien esto puede presentar dificultades con relación a los acreedores privados, tendría mucho sentido si se revisa con relación a las instituciones multilaterales que mantienen propiedad sobre la deuda.
Por ahora, la emisión de bonos soberanos verdes ha dado buenos resultados en cuanto a tasas de interés favorables. Sin embargo, la condonación de deuda o similares podría contribuir a obtener mejores tasas.
Por otro lado, se necesita un fondeo a través de donaciones con destinación específica a la creación de infraestructura para la transición. Este tipo de rubros es muy importante en países de ingreso bajo. Colombia, por ser un país de ingreso medio, ha perdido relevancia como destino de recursos por esta vía pero, tal como ha señalado CEPAL, estos recursos podrían contribuir en gran medida a las metas de desarrollo sostenible.
La transformación productiva ha sido un tema de debate y trabajo de muchos economistas latinoamericanos. La literatura sobre el alcance de la Industrialización por Sustitución de Importaciones como modelo nos ha dejado muchos aprendizajes: el acceso al financiamiento; la construcción de acuerdos nacionales, así como la voluntad política de llevarlos a cabo; el papel del Estado como líder de una planeación juiciosa y la ejecución de políticas claras y detalladas.
La transición energética es pues una oportunidad para Colombia para transformar su economía y cerrar brechas. Esto evidentemente supone una nueva distribución de acentos en la producción, lo que creará inconformidades en algunos sectores, pero que es el resultado de cualquier cambio productivo. Muchas de las vulnerabilidades con respecto de la transición ya están mapeadas por lo que deben mantenerse en la planificación y debe apostarse por reducirlas en todo el proceso de ejecución.
