El mundo ha aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no funciona en relación con el cultivo, la producción, la comercialización y el consumo de las drogas ilegales. Estas son las lecciones principales para el caso de Colombia.
Sergio Uribe*
Diagnósticos equivocados
El diseño y ejecución de la política antidrogas no se debe basar en opiniones personales ni en interpretaciones sesgadas de datos o testimonios, sino en información recogida por agencias estatales o privadas que proporcionen datos fidedignos. Esto parece obvio, y sin embargo el principal problema de casi todas las políticas actuales es el hecho de basarse en prejuicios o ideologías que impiden obtener resultados o que resultan contraproducentes.
Para empezar, los cultivos ilícitos se han atribuido a la pobreza de los campesinos a partir -por lo menos- de la llegada a Colombia de los primeros proyectos de “sustitución de cultivos” del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas (PNUFID), que proveían ayudas financieras, alimenticias y técnicas para los cultivadores de coca.
La estrategia de sustitución de cultivos se basaba en la idea de que reducir las plantaciones sería un arma eficaz contra el narcotráfico, pero ni la sustitución ni la erradicación han logrado controlar la oferta o disponibilidad de las drogas.
Sociólogos, antropólogos, economistas y politólogos aseguran que al campesino debe tratársele como víctima de la pobreza, el abandono estatal y los grupos armados. Esta lógica ha llevado a adoptar políticas basadas en la concesión de subsidios que realmente tienen efectos negativos sobre el Estado y sobre estas comunidades.
Qué hacer con los cultivos
 Erradicación de cultivos ilícitos. Foto: Policía Nacional de Colombia |
Los cultivos de coca, amapola y marihuana de Colombia se encuentran en regiones marginadas -donde por eso mismo no serían rentables otros cultivos comerciales- y donde, además, la posesión de la tierra es informal y no se tienen registros catastrales.
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Esto se sabe desde hace tiempo, y tanto así que hace veinte años un funcionario del Putumayo me explicó que ni la marginación geográfica ni la pobreza eran argumento para justificar la existencia de coca en su departamento, y que la construcción de carreteras no resolvería el problema, porque los cultivos sencillamente cambiarían de sitio.
Y en efecto. El viaje hacia el casco urbano de La Hormiga en los años 90 era distinto del que se hace hoy: aunque la vía se pavimentó y en los márgenes de esta desaparecieron los cultivos, estos no desaparecieron del municipio. Y aunque hoy el ganado paste sobre lotes que antes fueron plantaciones de coca, seguramente, del otro lado, la coca sigue creciendo.
También sabemos que los cultivos de amapola de distintas regiones del César están ocultos en la Serranía del Perijá: tierras nacionales que son atendidas por “agricultores” que viajan desde los cascos urbanos hacia los cultivos.
La historia ha demostrado que los más pobres no son los cultivadores sino los jornaleros y la mano de obra de los cultivos, que dependen de ellos para obtener ingresos. No obstante, los gobiernos de los últimos treinta años han cedido ante los cultivadores.
El problema de casi todas las políticas actuales es el hecho de basarse en prejuicios o ideologías que impiden obtener resultados o que resultan contraproducentes.
La Ley 30 del 1986 reconocía las necesidades culturales de las comunidades indígenas al declarar que el cultivo de hasta cincuenta matas por familia era legal. Por su parte, el gobierno de Santos determinó que los “pequeños cultivadores” se definieran como aquellos que tienen menos de 1,8 hectáreas de coca. Pero este límite arbitrario es además equivocado porque según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de otras fuentes:
- Una hectárea de coca produce casi cinco toneladas de hoja, que se convierten hasta en 16,5 kilos de cocaína al año.
- En una finca la venta de hoja o base puede estimarse en 31,1 millones de pesos anuales por hectárea; pero un mínimo del 60 por ciento de los gastos necesarios para esa venta tienen que destinarse a pagar mano de obra.
- Para mantener las plantas entre cosecha y cosecha, el propietario invierte unos 30 jornales por hectárea con su mano de obra familiar. Para cosechar una hectárea debe pagar otros 20 jornales, contratando jornaleros para suplir la mano de obra familiar.
- Para pagarles a estos jornaleros el cultivador de 1,8 hectáreas dispone de unos 55 millones de pesos anuales como producto de sus ventas.
- Bajo estas condiciones, aquel “pequeño cultivador” de Santos podría tener un ingreso neto superior a los 42 millones de pesos anuales en sus 1,8 hectáreas. O sea que los ingresos de un “pequeño campesino” equivalen a cuatro veces el salario mínimo.
Por eso, quienes defienden estos “pequeños” cultivos defienden la explotación de los campesinos sin tierra en esas localidades, e impiden otras actividades económicas porque pagan jornales más altos que ellas. Pero por otro lado los procesadores y comerciantes de droga utilizan a estos campesinos sin tierra como carne de cañón cuando las autoridades emprenden campañas de erradicación.
No se justifica entonces excluir al “pequeño cultivador” de los programas de lucha contra la droga. Pero dado el alto costo económico, político y moral del descontento que ocasionan los programas de erradicación forzada, esta debe concentrarse en los parques nacionales y en las tierras que se usan para expandir la frontera agrícola.
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Y para el resto de los cultivadores –para la mayoría- no queda más remedio que entender que el problema no se resuelve con subsidios sino con un trabajo largo y por supuesto difícil de cambio en las creencias, los valores y las estructuras de poder locales. Los problemas complejos no tienen soluciones simples.
Atacar al proveedor
 Incautaciones de microtráfico. Foto: Policía Nacional de Colombia |
En segundo lugar hay que notar que el principal atractivo del cultivo de coca, amapola o marihuana en esas zonas apartadas es la facilidad para su financiación y comercialización. En esas zonas el cultivador no necesita de préstamos bancarios para adquirir sus insumos, puesto que los comerciantes los entregan teniendo como única garantía el cultivo mismo: se paga con la cosecha. Además, el cultivador no debe asumir el riesgo del transporte y puede optar por procesar la hoja o el látex en su finca.
Con eso tiene un producto de fácil comercialización y para el cual existe un mercado garantizado. Por tanto una política inteligente debe atacar sobre todo a los intermediarios o facilitadores, que a veces trabajan en redes pero a menudo lo hacen a título individual.
El comerciante de insumos agrícolas, el tendero y el distribuidor de gasolina pretenden mover sus inventarios y ganar con los intereses que cobran al agricultor por los “créditos” directos que le otorgan. Esto implica un movimiento de recursos que eventualmente salen a relucir en el sistema financiero –y es allí donde podrían combatirse-. Sus actividades pueden ser legales, pero hasta cierto punto estarían contribuyendo al negocio del narcotráfico con el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
También hay que evaluar el papel de los grandes comercializadores de insumos y la manera como el sistema bancario se hace cómplice al mover los recursos. Hay que investigar si los tenderos distribuidores de insumos agrícolas y químicos están registrados en los municipios o en la DIAN, si tienen cuentas bancarias y quiénes son sus proveedores.
Lo anterior a su vez necesita de instrumentos jurídicos para que la oficina antinarcóticos –cuya creación he justificado antes en esta misma revista- pueda solicitar, procesar e instruir a las entidades respectivas para que procedan a tomar los correctivos.
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Por ejemplo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sigue los movimientos de capitales en el sistema financiero, pero ¿qué pasaría si enfocara sus esfuerzos regiones como Nariño, Cauca, Catatumbo, Putumayo, Meta o Guaviare? Desafortunadamente, la UIAF no ha conseguido autonomía del Banco de la República y está sometida al vaivén de los políticos, lo cual obstaculiza sus actividades de investigación y fiscalización. Tomar medidas contra los facilitadores elevaría los costos de intermediación y afectaría el comercio local.
Sabemos que los mercados de cocaína o heroína tienen diferencias crecientes entre el valor en finca y el mayorista: un kilo de cocaína que puede venderse en Bogotá por 3.000 dólares, en Cartagena vale 5.000 y en Miami 25.000. Esto indica que, para el caso de Colombia, elevar los costos no será suficiente.
Quienes defienden estos “pequeños” cultivos defienden la explotación de los campesinos sin tierra en esas localidades, e impiden otras actividades económicas.
Se necesita entonces actuar desde el municipio mismo, cortar el suministro antes que llegue a puerto, sacar del mercado a los pequeños compradores, disminuir la oferta y dificultar la organización de despachos para perturbar las redes de comercialización. La intención es causar estragos y ocasionar una crisis de liquidez entre los compradores, pues no recibirían pago por lo que no entregan.
El consumo
Finalmente, tenemos un problema que se viene expandiendo por las ciudades de Colombia: el micro-tráfico y el consumo interno. Y la experiencia mundial vuelve a enseñarnos que no basta con la represión, que si esta se diseña mal puede agravar el problema, y que la solución de fondo pasa por la prevención y por el tratamiento del consumidor.
La supresión de la “dosis personal” o el endurecimiento de las penas o sanciones al consumidor que propuso en su campaña el presidente Duque es un ejemplo preciso de las medidas que causan más mal que bien. La criminalización no disminuye el consumo y las operaciones puntuales contra una “olla” de narcotráfico sencillamente logran que los vendedores se muevan a otro lugar de la ciudad.
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Las soluciones propuestas desde perspectivas moralistas sobre el consumo no tienen posibilidad de tener éxito. La moralidad no se legisla, sino que se construye.
*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.