Es un lugar común decir que sí, pero ¿cómo debería funcionar esa participación? ¿Quién es el “pueblo” que debe participar? ¿Pueden los procesos de paz lograr la apertura democrática que prometen?
Camilo Vargas Betancourt*
Negociación Gobierno-ELN: y sin embargo, se mueve
Víctor de Currea-Lugo (ed.)
Ediciones Antropos
2015
Metiéndole pueblo a la paz
Víctor de Currea-Lugo (Ed)
Ediciones Antropos
2016
La participación y las negociaciones
Víctor de Currea-Lugo ha reunido las voces del gobierno, guerrillas, militares, organizaciones sociales, iglesias y academia en torno al proceso de paz entre el gobierno y el ELN. El tema común de los análisis es el primer punto de la agenda de negociación firmada en Caracas en marzo de 2016: la participación de la sociedad en la construcción de la paz.
La agenda de negociación con las FARC acordada en 2012 incluyó seis puntos que funcionaban como ejes temáticos: reforma rural, drogas ilícitas, participación política, justicia transicional, reincorporación sociopolítica e implementación. Pero una diferencia fundamental con la agenda para el ELN radica en que la participación política –que con las FARC era el segundo punto de la agenda– es un eje transversal en la negociación con el ELN e incluso podría decirse que es una metodología.
El ELN pide una participación integral de la sociedad civil en la negociación del acuerdo y no solo en su implementación, como sucedió con las FARC. No se puede negar que múltiples sectores de la sociedad civil participaron activamente en las negociaciones con las FARC mediante foros y propuestas que fueron tenidas en cuenta por la mesa de La Habana. Pero para el ELN la sociedad civil debe ir más lejos. Más que como una de las partes, esta guerrilla se presenta como un intermediario en una negociación que debe darse entre el “pueblo” y el gobierno, una negociación en torno a la exclusión política, económica y social que, según ellos, ha justificado el alzamiento en armas.
El ELN pide una participación integral de la sociedad civil en la negociación del acuerdo
En este punto surge un problema práctico. Ya fue difícil poner de acuerdo a las FARC con el gobierno para sacar adelante una negociación de un lustro, y ha sido difícil concretar una agenda de negociación con el ELN y, más aún, avanzar en la negociación. ¿Cómo entonces se puede poner de acuerdo a ese inmenso sector indefinido llamado “pueblo” para sentarse a negociar un nuevo acuerdo de paz? ¿Qué es el pueblo? ¿Cómo diseñar una forma de participación política que permita el éxito de los procesos y de la construcción de la paz?
Los problemas de la participación
 Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP. Foto: Presidencia de la República |
La historia de las instituciones políticas en Colombia ha resultado en una encrucijada: las decisiones que nos competen a todos se han entregado a organizaciones manejadas por unos pocos y tenemos una arraigada cultura de delegación de lo público.
Visto en perspectiva amplia, esto es una herencia de la apropiación local (y no de la imposición) de la política colonial. No pudiendo enviar soldados y burócratas peninsulares a América, durante siglos la Corona española organizó una sociedad regulada por un derecho emanado de España y ejecutado por burócratas y clérigos locales. Por ello las ciudades hispanoamericanas desde el siglo XVI tienen universidades a pocas cuadras de sus plazas centrales, para educar a los letrados encargados de ejecutar las instrucciones del Estado.
Con la llegada de la era republicana los burócratas locales se convirtieron en legisladores. Más allá de la proclamación formal de la soberanía popular, hemos seguido teniendo un Estado formalmente encargado del poder público, del poder para beneficio de todos, pero que en la práctica funciona solo para quienes reciben la educación necesaria para poder ser funcionarios.
Esto no necesariamente hace de nuestra república un sistema excluyente. En Colombia hay movilidad social en la política. Las grandes familias que controlan el poder en las regiones deben enfrentarse con nuevos políticos que han recibido el tipo de educación (normalmente en derecho) que necesitan para dedicarse a la política, así como el tipo de prácticas que deben realizar para alcanzar cargos en el sector público.
El problema radica en que los ciudadanos que no se interesen en formarse como abogados o en actuar como políticos quedan incapacitados para participar en la toma de decisiones porque el perfil de quienes pueden formar parte de nuestras instituciones de participación política es muy inflexible.
La democratización colombiana no ha logrado superar la privatización del poder público. Desde que existe el sufragio universal hemos funcionado menos como una ciudadanía que toma decisiones conscientes y más como la democracia que describió Joseph Schumpeter: una competencia entre empresarios políticos interesados en el poder para movilizar electores convenciéndolos de que ellos defenderán sus intereses para conseguir su voto, o simplemente comprándoles el voto.
Experiencias anteriores
La Constitución de 1991, producto también de negociaciones de paz con guerrillas, manifiesta un interés por ampliar el ámbito de la participación. A la democracia representativa –que funciona a través de la elección de presidentes, congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles– se le sumaron mecanismos de democracia directa –plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, iniciativa popular legislativa y normativa y el cabildo abierto–.
Tras más de veinte años de vigencia de estas normas, y ante su poco uso y efectividad, hubo que hacer reformas para ampliar nuevamente el ámbito de la participación. La nueva ley estatutaria de participación –Ley 1757 de 2015–, así como el segundo punto del Acuerdo con las FARC, extienden aún más los espacios donde la ciudadanía puede integrar y controlar el poder público.
La democratización colombiana no ha logrado superar la privatización del poder público.
¿Pero es suficiente con expedir más normas? Es un hecho palpable que los colombianos deciden no participar en la conformación de las altas instancias del poder público. Casi 18 millones de ciudadanos se abstuvieron de votar por sus congresistas en 2014, más de 20 millones no votaron la primera vuelta presidencial y de ellos solo dos millones y medio se animaron a votar en la segunda. O sea que más de la mitad de los colombianos decide no decidir cuando se trata de nombrar a los gobernantes.
En escala local, desde la Constitución de 1991 (artículo 318) se estipula que todos los municipios se pueden dividir en comunas y corregimientos y que deben tener juntas administradoras locales (JAL) para garantizar la participación de la ciudadanía en la planeación y el control de sus administraciones. Entre 2012 y 2017 la codificación de centros poblados del DANE ha identificado entre 2.600 y 2.900 corregimientos en el país. No obstante, en octubre de 2015 solo se votó por 668 JAL en 81 municipios de los 1.101 que hay en toda Colombia. Además, el 39 por ciento de esos votos fueron en blanco, anulados o tarjetones sin marcar.
Los datos muestran que desde 1991 Colombia ha creado diversos espacios de participación que se ven muy bien diseñados, pero que tras más de dos décadas se enfrentan al desconocimiento y a la negligencia, tanto de las autoridades como de la ciudadanía que tiene a su disposición todos esos espacios de participación.
Considerando lo anterior, la responsabilidad de un sistema político excluyente que degenera en conflictos violentos no es solo de los dirigentes, sino de todos los que no aprovechamos los espacios que se han ganado con las luchas sociales y políticas de nuestra historia. En esa misma medida se ve hasta qué punto la responsabilidad de construir la paz es de todos los colombianos que ya tenemos el camino abonado.
Cultura de la participación
 Proceso de paz con el ELN. Foto: Presidencia de la República |
Los textos reunidos por Víctor de Currea-Lugo, más que un consenso, muestran un debate acerca de quién tiene el derecho legítimo de llamarse pueblo y sobre cuáles deberían ser los mecanismos y espacios para que este pueda participar en la construcción de acuerdos con el gobierno sobre cómo hacer la paz, un requisito para lograr la desmovilización del ELN.
En este sentido, los procesos de paz del ELN y las FARC tienen una gran oportunidad de convergencia. Bien implementada, la puesta en práctica de los espacios de participación acordados con las FARC, así como de los existentes desde 1991, debería llevar a la satisfacción de las demandas del ELN para avanzar en su propia negociación.
Posiblemente la primera prueba de eso serán las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. Gracias a ellas las organizaciones sociales, comités ciudadanos y las comunidades afros e indígenas de 167 municipios podrán competir por 16 curules en la Cámara de Representantes entre 2018 y 2026. Esta prueba nos mostrará hasta qué punto las organizaciones sociales son capaces de actuar como un pueblo consciente de los intereses públicos sin caer en la desidia y la negligencia o, peor aún, en los vicios tradicionales de la política. Todos los que componen el “pueblo” colombiano tienen una responsabilidad directa en el avance de la paz.
* Politólogo e internacionalista de la Universidad del Rosario, máster en Sociología de lo Político y de la Acción Pública del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de Bordeaux, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE).
