La llegada de Petro o de Hernández a la casa de Nariño podría deteriorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Son muchos los motivos.
Adam Isacson*
Una relación especial
Todos los gobiernos de Estados Unidos –tanto demócratas como republicanos– han dedicado 25 años y más de 13.000 millones de dólares a construir una “relación especial” con Colombia y, más concretamente, con las fuerzas armadas.
Esa relación es más estrecha que cualquier otra relación bilateral de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. De hecho, al presidente Biden le gusta llamar a Colombia «la piedra angular de la política estadounidense en América Latina y el Caribe». Y sin embargo los dos candidatos opcionados a ocupar la presidencia de Colombia prometen transformar esa “relación especial”.
La cuestión de las drogas
Gustavo Petro y Rodolfo Hernández han criticado duramente la política antidrogas que ha imperado en el último medio siglo.
Ambos han dicho que tratarán de legalizar el cannabis recreativo y que no reanudarían la política de “fumigación” apoyada por Estados Unidos que consiste en erradicar la coca rociando herbicidas desde aviones. El gobierno de Biden no ha presionado a Colombia en materia de fumigación, pero sigue dándole prioridad a las cifras de erradicación manual y a la extradición de narcotraficantes.
Si las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se debilitan, podría haber palabras desagradables, reducción de la presencia diplomática y quizás un abrazo aún más estrecho a las élites empresariales y políticas de Colombia que están fuera del poder.
Hay argumentos de peso para buscar alternativas a ambas políticas: la erradicación forzosa se dirige al eslabón más pobre y débil de la cadena de producción de cocaína y la extradición de violadores de los derechos humanos atenta contra los derechos de sus víctimas a la verdad y la justicia. Sin embargo, para reducir el énfasis en la erradicación y frenar las extradiciones, el próximo presidente tendría que enfrentar una airada reacción de Washington.
Maduro, petróleo y comercio
Por otra parte, ambos candidatos sostienen que restablecerían las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, lo cual supondría un duro golpe para el gobierno de Juan Guaidó que Washington–y actualmente Bogotá– reconocen como legítimo. Si bien el gobierno Biden está abierto a una resolución negociada con el gobierno venezolano, no le gustará que el gobierno colombiano se aparte del debilitado bloque de naciones que tratan de extremar el “cerco diplomático” contra Maduro.
Además, ambos candidatos limitarían el fracking y Petro detendría la exploración petrolera y replantearía varios aspectos del comercio bilateral. Aunque hay razones ambientales, de justicia económica y de derechos laborales para promover estas políticas, cualquier limitación al comercio y a la inversión enfrentará el descontento de la administración Biden y los republicanos del Congreso.
Populismo al acecho
El populismo presente en los planes de gobierno de ambos candidatos también podría afectar las relaciones con Washington.
Otros populistas de la región como Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador pelean a menudo con los medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad civil, intentan socavar los controles y equilibrios democráticos como el poder judicial independiente y atacan a grupos que perciben como enemigos (en el caso de Rodolfo Hernández, esto podría incluir a los migrantes venezolanos).
Si esto ocurre en Colombia con Petro o con Hernández, los funcionarios estadounidenses tomarán distancia, pero evitarán mencionar los desacuerdos en público y harán énfasis en las áreas de cooperación, como lo hacen hoy en día al hablar sobre Centroamérica o Brasil. Aunque critiquen algunas decisiones del presidente, tratarán de cooperar con otros poderes del Estado, especialmente con el militar.
Relaciones militares
El debilitamiento de la “relación especial” alarmará a la diplomacia y la defensa estadounidenses, que ya están preocupadas por perder influencia en el hemisferio occidental en favor de rivales como Rusia y China.
Cualquier intento de relajar la asociación militar entre Estados Unidos y Colombia haría sonar las alarmas en el Pentágono y podría dar lugar a serios desacuerdos entre el próximo presidente de Colombia y sus fuerzas armadas, que consideran su relación con Estados Unidos como elemento central de identidad y de prestigio institucional.
En Brasil, El Salvador y Guatemala, el Comando Sur de Estados Unidos aún tiene un sólido programa de compromisos militares pese a que las relaciones con los presidentes Bolsonaro, Bukele y Giammattei son distantes. La colaboración se mantiene con los poderes judiciales y los fiscales (excepto en Guatemala), o con los ministerios operativos del gobierno. En este escenario, es fácil imaginar que el gobierno estadounidense se comunique más con los militares que con el próximo presidente de Colombia.
Algo similar podría ocurrir con otras ramas del gobierno: en mayo, por ejemplo, el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó al Fiscal General Francisco Barbosa como «la piedra angular de nuestros esfuerzos de aplicación de la ley con Colombia».
El reto inmediato para la política estadounidense—y para la diplomacia internacional en general—llegará el 19 de junio. Si los resultados son muy reñidos, es muy probable que el perdedor denuncia un “fraude” y rechace el resultado.
Si las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se debilitan, podría haber palabras desagradables, reducción de la presencia diplomática y quizás un abrazo aún más estrecho a las élites empresariales y políticas de Colombia que están fuera del poder.
Biden, Trump…y el fantasma del fraude
Es importante señalar que el desgaste podría ser bidireccional, pues el próximo presidente también podría sentir descontento frente a Washington.
Al menos desde el Plan Colombia en el año 2000, la política de Estados Unidos hacia este país se ha construido sobre el marco de “seguridad primero” y de apoyo fundamentalista al libre mercado, posturas defendidas por el expresidente Uribe y sus aliados. Muchos, si no todos, los uribistas formarán parte de la oposición al próximo gobierno de Colombia. Si el presidente Petro o Hernández considera que los funcionarios estadounidenses son excesivamente cercanos a esa oposición, podría distanciarse de Washington.
Esta será la situación mientras Joe Biden y el Partido Demócrata gobiernen los Estados Unidos. Si el ala Trump del Partido Republicano derrota a los Demócratas y vuelve al poder en 2024, el populismo no importará tanto, pues una administración trumpista les restaría importancia a los derechos humanos, la corrupción, y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Como ocurrió en el gobierno de Trump, la Casa Blanca rara vez se ocuparía de Colombia y se limitaría a pronunciarse sobre la lucha contra el narcotráfico o el anticomunismo. Los esfuerzos militares, diplomáticos y de desarrollo de Estados Unidos quedarían en piloto automático.
El reto inmediato para la política estadounidense—y para la diplomacia internacional en general—llegará el 19 de junio. Si los resultados son muy reñidos, es muy probable que el perdedor denuncia un “fraude” y rechace el resultado. Si es Hernández quien rechaza el resultado, probablemente contaría con el apoyo de empresarios y jefes políticos e incluso con algunos sectores de las fuerzas armadas. Si Petro es el perdedor, las protestas podrían paralizar el país y desatar una nueva ola de violencia policial.
Si esto ocurre, el gobierno de Estados Unidos y la OEA deberán tratar de frenar la violencia y canalizar las tensiones hacia el diálogo. Para eso es necesario condenar la violación de los derechos humanos, algo que la administración de Biden tardó en hacer durante las protestas del 2021. Actualmente, los colombianos están con los ánimos crispados. El objetivo diplomático debe ser amplificar lo que es cierto y desescalar la violencia rápidamente.
