
Ser víctima en Colombia: el Estado que no respondió
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Cada víctima registrada es la medida de un deber que el Estado no cumplió. Recortar los recursos para repararlas no es ahorrar: es volver a incumplir.
La Ley 1448 de 2011 define una víctima como aquella persona que sufrió un daño por hechos ocurridos a partir del 1.º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves a las normas internacionales de derechos humanos, en el marco del conflicto armado interno. Es una definición jurídica necesaria, pero incompleta para entender lo que nombra, y con fronteras propias: a quienes sufrieron hechos anteriores a 1985 solo les reconoce el derecho a la verdad, a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición.
Una víctima es una mujer que salió de su finca con lo puesto porque le dieron 24 horas para irse. Es un padre que enterró a un hijo que presentaron como baja de combate. Es una familia que lleva treinta años buscando un cuerpo. Es una niña que creció en un barrio de invasión porque su territorio quedó del otro lado de una frontera invisible. Son, en Colombia, 10.279.191 personas registradas: casi tres veces el universo de cuatro millones que el Estado previó al crear la institucionalidad para atenderlas.
El deber que se incumplió primero
Hay algo que suele pasarse por alto en el debate público: cada una de esas personas existe porque el Estado falló antes. El artículo 2.º de la Constitución es explícito al señalar que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligatoria para el país, impone al Estado los deberes de respetar y garantizar esos derechos, y la Corte Interamericana, desde el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), ha precisado que esa garantía comprende prevenir las violaciones, investigarlas, sancionar a los responsables y reparar a quienes las sufrieron.
Visto así, el Registro Único de Víctimas no es solo un inventario del daño causado por grupos armados, sino también la medida del incumplimiento de un deber estatal. Diez millones de personas no quedaron desprotegidas por azar. Quedaron desprotegidas porque el Estado no estuvo donde tenía que estar, o estuvo y actuó mal, y en algunos casos —así lo han establecido jueces nacionales e internacionales— fue él mismo el agente del daño.
Ese es el punto de partida que cambia toda la conversación. La reparación no es una política social generosa que el país decide financiar si le sobra plata. Es la consecuencia jurídica de una falla propia. Un Estado que no protegió queda obligado a reparar; no por compasión, sino por responsabilidad.
La segunda falla: la espera
La Corte Constitucional declaró hace más de veinte años, en la sentencia T-025 de 2004, un estado de cosas inconstitucional, esto es, una situación en la que existe una vulneración masiva, grave, sistemática y prolongada de múltiples derechos fundamentales que afecta a un gran número de personas. Para la Corte, la situación de la población desplazada se debe, precisamente, a que la respuesta institucional era insuficiente frente a la magnitud de la vulneración. Dos décadas después, la capacidad del Estado sigue por detrás de la realidad.
La reparación ha avanzado: el presupuesto de la Unidad para las Víctimas casi se duplicó, al pasar de $2,7 billones en 2023 a más de $4,8 billones, y en el último cuatrienio se indemnizó a 674.431 personas, lo que representa el 42,7% de todas las indemnizaciones entregadas en quince años. Pero ese esfuerzo no alcanza, porque el número de víctimas reconocidas creció a un ritmo mayor que la capacidad del Estado para indemnizarlas, y solo en 2025 ingresaron al registro 586.900 personas más.
A esto se suma un dato que el país no ha querido mirar de frente: la Ley de Víctimas rige hasta 2031. Al ritmo actual, esa fecha llegará con una mayoría de víctimas sin indemnizar. Nadie ha explicado qué ocurrirá con ellas. Esperar es, también, una forma de negar un derecho.
La tercera falla: el retroceso que se discute hoy
Mientras eso sucede, el Congreso debate reducir los recursos de las instituciones encargadas de la verdad, la justicia y la búsqueda. La modificación aprobada en comisiones deja a la Jurisdicción Especial para la Paz con $651.803 millones para 2027, cerca de $130.000 millones menos que en 2026: una caída cercana al 17%. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas pidió $112.002,5 millones en inversión y el proyecto contempla $59.636,5 millones, por debajo de los $76.273 millones de 2026, lo que pondría en riesgo el hallazgo de más de 137.000 personas desaparecidas.
Esas cifras tienen una traducción humana directa. La JEP advirtió que el recorte afecta la representación judicial y el acompañamiento psicosocial de las víctimas, y que los esquemas de seguridad para víctimas, testigos y comparecientes alcanzarían a unos cuatro meses.
Un Estado que no garantizó la seguridad de sus ciudadanos durante el conflicto ahora discute si puede costear la seguridad de quienes se atrevieron a declarar. La última palabra la tienen las plenarias, y lo que decidan dirá cuánto pesa esta deuda en las prioridades del país.
Quienes defienden el ajuste argumentan que el país atraviesa una situación fiscal ajustada y que ninguna entidad puede considerarse intocable. Es un argumento legítimo y conviene responderlo con razones. La primera es jurídica: estos recursos no financian un programa de gobierno, sino obligaciones derivadas de una ley vigente, del Acuerdo de Paz y de compromisos internacionales del Estado. La segunda es de eficiencia: interrumpir procesos judiciales en curso, audiencias programadas y cuerpos a medio identificar no ahorra dinero, obliga a reiniciar después lo que ya estaba andando. La tercera es que el ajuste recae sobre lo más fácil de recortar, no sobre lo menos necesario: las víctimas no tienen bancada en el Congreso ni gremio que presione.
No es una interpretación: está en las sentencias
Quien piense que atribuirle responsabilidad al Estado es una lectura ideológica debería leer la jurisprudencia. Hasta marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado la responsabilidad internacional del Estado colombiano en treinta casos, desde el primero en 1995 hasta el más reciente en 2023; casi tres décadas de condenas sucesivas que sugieren que el país no logró corregir las prácticas que las originaron.
Los nombres de esos fallos son el mapa del conflicto. Las masacres de Mapiripán (2005), Pueblo Bello (2006) e Ituango (2006), en las que el tribunal halló aquiescencia o colaboración de agentes estatales con grupos paramilitares. La masacre de La Rochela (2007), perpetrada contra una comisión judicial que investigaba crímenes en el Magdalena Medio. El caso de Manuel Cepeda Vargas (2010), senador de la Unión Patriótica asesinado en Bogotá. La masacre de Santo Domingo (2012), por el bombardeo de la Fuerza Aérea sobre un caserío de Arauca. Rodríguez Vera y otros (2014), por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y, en 2023, el fallo del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica, en el que la Corte declaró al Estado responsable de violaciones cometidas contra más de 6.000 víctimas del partido a partir de 1984 y durante más de veinte años, como parte de un plan sistemático de exterminio que calificó de crimen de lesa humanidad.
Ese último fallo contiene además una advertencia que debería inquietarnos: pese a que la justicia colombiana había proferido más de dos centenares de sentencias condenatorias relacionadas con esos hechos, el tribunal interamericano constató altos índices de impunidad, porque la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido no había sido investigada o los procesos seguían en etapas tempranas.
En el plano interno ocurre lo mismo, pero con menos visibilidad. La Sección Tercera del Consejo de Estado, que conoce de la responsabilidad extracontractual del Estado, lleva décadas condenando a la Nación por falla del servicio: por omisión en el deber de protección cuando las autoridades conocían el riesgo y no actuaron, por la posición de garante que les corresponde frente a la población civil y frente a quienes están bajo su custodia, y por los daños causados directamente por agentes estatales en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos. Esa jurisprudencia no se limita a tasar perjuicios. En sus sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera fijó reglas para indemnizar los daños inmateriales y reconoció que, frente a graves violaciones de derechos humanos, el juez debe ordenar medidas de reparación integral —actos públicos de reconocimiento, memoria, garantías de no repetición— precisamente porque entendió que el daño no se repara solo con dinero.
Sumadas, esas dos líneas jurisprudenciales dicen algo que ningún debate presupuestal puede ignorar: la obligación de reparar a las víctimas no proviene de la generosidad de un gobierno, sino de decisiones judiciales en firme, nacionales e internacionales, que el Estado colombiano está obligado a cumplir. Recortar los recursos de las entidades que materializan esas órdenes no es un ajuste fiscal: es un incumplimiento con consecuencias jurídicas, y con costos futuros mayores porque cada condena no acatada vuelve en forma de nuevos litigios y nuevas condenas.

Lo que el deber de garantía exige
Si la reparación nace de una responsabilidad del Estado y no de su voluntad política, hay tres consecuencias que deberían ser evidentes.
La primera es que el país debe conocer el monto de lo que debe. Con diez millones de personas registradas y una ley que vence en 2031, se necesita una proyección pública que indique cuánto falta y en cuántos años, en lugar de discutir cada vigencia a ciegas.
La segunda es que esa obligación debe programarse como una trayectoria estable a mediano plazo, protegida de los vaivenes anuales, al igual que se protegen otras obligaciones que el Estado reconoce como ineludibles.
La tercera es que la exigencia de recursos debe ir acompañada de exigencia de resultados. Las víctimas son las primeras perjudicadas cuando los recursos destinados a ellas se pierden por ineficiencias; defender el presupuesto y exigir transparencia en su ejecución es la misma causa, no dos causas distintas.
Colombia reconoció a diez millones de personas como víctimas. Ese reconocimiento fue un acto de dignidad nacional, pero también una confesión: dijimos, como Estado, que les fallamos. Treinta sentencias de la Corte Interamericana y décadas de fallos del Consejo de Estado lo repitieron, caso por caso, con nombres propios. Lo que sigue no es un gesto de buena voluntad: es cumplir lo que debimos cumplir antes de que cada una de ellas tuviera que inscribirse en un registro.
Las fuentes consultadas para las cifras provienen de la Unidad para las Víctimas (rendición de cuentas 2025 y balance de cuatrienio); Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (comunicados sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027); Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencias contra Colombia, 1995-2023); El Colombiano, entrevista a la directora de la Unidad para las Víctimas (14 de junio de 2015), sobre el universo de cuatro millones de víctimas y el costo de $54 billones estimados en 2011.
Le recomendamos: La Corte Constitucional pone límites a las reglas internas de la JEP respecto de los comparecientes
Acerca del autor

Cristina Díaz Díaz
*Abogada de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público y doctoranda en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, e investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
8 comentarios





Los invito a leerlo y a dejar comentarios
Muy buen artículo. Como bien señala la autora, la reparación no depende de la voluntad política del gobierno de turno, sino de sentencias judiciales y fallos internacionales que el Estado tiene la obligación de cumplir.
Es muy tristeza que le bajen el presupuesto alo más importante y como siempre el estado interviene demasiado tarde
Muy dura esta realidad. El Estado siempre llega tarde para proteger a la gente, y ahora también para responderles. Una lástima.»
El texto invita a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado, pero me queda la sensación de que, detrás de las cifras y las leyes, hay miles de personas que siguen esperando.
increíble que después de tanto sufrimiento.ala gente todavía le digan que no hay plata para ayudarlos.
Gracias por poner sobre la mesa una realidad que no podemos permitir que se vuelva invisible. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia y una vida que merece dignidad, justicia y reparación.
Este artículo nos recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos que siguen esperando respuestas.