Ser Pilo Paga: un proyecto de corto alcance - Razón Pública
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Ser Pilo Paga: un proyecto de corto alcance

Escrito por William Duica
Beneficiarios del programa “Ser Pilo Paga”.

Beneficiarios del programa “Ser Pilo Paga”.

William DuicaSegún quién gane las elecciones, este programa podría convertirse en política estatal.  ¿Pero es éste el camino hacia una educación más incluyente?

William Duica*

Contra la desigualdad

 “Ser pilo paga” es una gran frase.

En una sociedad que celebra la trampa como la única forma de salir adelante, la frase transmite una idea muy importante. Nosotros decimos que una persona es “pila” cuando es inteligente, pero también cuando es juiciosa, responsable y esmerada. “Ser pilo” es un colombianismo que valora la rectitud moral y desprecia la astucia ventajosa. Por eso decir que “ser pilo paga” es creer en la promesa de una mejor sociedad.

De ahí el gran acierto de usar esa idea como nombre y lema del programa de créditos y subsidios para la educación superior puesto en funcionamiento por Gina Parody en 2014. El programa es, en parte, la respuesta del Gobierno al intento fallido de reformar la ley 30 de 1992 sobre la Educación Superior.

Obviamente, los beneficiarios de estos créditos son los pilos que no tienen los recursos para pagar sus estudios. Es entonces una especie de justicia divina hecha realidad. Y como para que la dicha sea completa, el programa paga los estudios donde el beneficiario quiera estudiar. De esa manera, Ser Pilo Paga (SPP) ayuda a cerrar la brecha de desigualdad social en el acceso a la educación superior de alta calidad.

Los más de 700 mil millones de pesos en 2018 y 800 mil millones que irán para SPP en 2019 deberían ir a la universidad pública.

Al poner los recursos del Estado directamente en manos de los mejores bachilleres de bajos recursos, se estarían creando oportunidades iguales para los ciudadanos, lo cual es la base de una política contra la desigualdad. La igualdad consistiría en la oportunidad que tendrían los individuos de escoger libremente entre todas las universidades de alta acreditación, públicas y privadas.

En días recientes, sin embargo, a propósito de los créditos para la educación que maneja el ICETEX y las dudas sobre el futuro de SPP, se reactivaron las marchas de los estudiantes en defensa del presupuesto de la universidad pública. Estas protestas se dan en el contexto de las declaraciones de al menos tres de los (ahora) cuatro candidatos presidenciales que advirtieron que, respetando los compromisos adquiridos, en sus gobiernos SPP no va más.

La postura de los candidatos recoge al menos uno de los argumentos (quizá el principal) que esgrimen los críticos del programa, esto es: que los más de 700 mil millones de pesos en 2018 y 800 mil millones que irán para SPP en 2019 deberían ir a la universidad pública.

Yo comparto esa idea plenamente y sin matices. Pero para justificarla no quiero entrar en la discusión acerca de si el programa es financieramente sostenible, o de si su cobertura realmente suple el vacío que deja la universidad pública, o de si es verdad que el programa se va a convertir en un sistema de créditos que solo se condonarán en un porcentaje bajo ciertas condiciones de éxito académico, etc.

Puede leer en RP: La universidad pública: de la Ley 30 a Ser Pilo Paga.

¿SPP política estatal? 

Marchas por parte de los estudiantes contra el programa “Ser Pilo Paga”.
Marchas por parte de los estudiantes contra el programa “Ser Pilo Paga”.  

Lo que me interesa discutir es, más bien, la naturaleza misma del programa y su significado como política de educación superior en la Colombia del “posconflicto”.

Esta discusión, que puede parecer demasiado abstracta, es pertinente porque lo que ahora está sobre la mesa es la propuesta de que el programa SPP sea elevado a la categoría de política de Estado. Así, de lo que estamos hablando es de cómo se concibe la relación entre el Estado colombiano y la educación superior de sus ciudadanos.

Del proyecto de ley solo citaré el primer párrafo de su Exposición de Motivos: “En este momento histórico de Colombia, donde la paz está cerca, se hace menester pensar en cómo sustituiremos las armas, y no cabe duda de que la única opción que tenemos es que la educación para todos y de calidad sea nuestra arma más importante para luchar contra la desigualdad, de forma que tengamos un país con igualdad de oportunidades constantes para nuestros jóvenes”.

La motivación parece responder al siguiente análisis: si el conflicto ha sido el resultado de muchas desigualdades, la política de igualdad de oportunidades para educarse puede ser “nuestra arma” para contrarrestar una de las causas del conflicto. Por lo tanto, una política de Estado que ponga en manos de los “pilos” de escasos recursos la posibilidad de estudiar es una política que expresa el compromiso del Estado con la construcción de paz.

Es este ejercicio de convivencia en la diversidad el que educa para la paz.

No parece haber nada objetable en este razonamiento. Pero me preocupa el alcance de su conclusión: considero un acierto que el Gobierno reconozca el papel primordial que cumple la educación superior en la disminución de la desigualdad y en la construcción de paz; mi objeción es que el programa SPP, al ser heredero de la mentalidad que inspiró la fallida reforma de la ley 30, aminora su visión de la educación superior a la idea de un “servicio público” y, por ende, reduce la política de educación al compromiso de prestación del servicio.

Por eso SPP acaba destinando cuantiosos recursos públicos para que los beneficiarios individuales puedan acceder a la educación independientemente de que el “prestador del servicio” sea público o privado. Así, el mayor alcance que tiene SPP como política de Estado es el de popularizar el acceso a la universidad.

Le interesa: Ser Pilo Paga: un programa que debe reformarse.

¿Y la universidad pública?

Una de las universidades públicas del país, Universidad Nacional de Colombia.
Una de las universidades públicas del país, Universidad Nacional de Colombia.  
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Pero una política de Estado para la educación superior en la Colombia del posconflicto tiene que enfocar su lucha contra la desigualdad más allá de la popularización de los cupos. Debe, como lo expresó la recién posesionada rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, “bajar la paz de los escritorios a los territorios”. Y en este caso eso significa que una política de Estado en las circunstancias actuales del país tiene que hacer posible la democratización del saber, más que la popularización del acceso.

Una política de Estado para la educación superior en la Colombia del posconflicto tiene que enfocar su lucha contra la desigualdad más allá de la popularización de los cupos.

Es decir, que debe apuntarle al proyecto de llegar a los territorios no solo para divulgar resultados o aplicar innovaciones tecnológicas sino para formar ciudadanos en todas las áreas del ámbito cultural para producir un encuentro prolífico entre el ingenio de los pilos que habitan en todos los rincones del país y la juiciosa sistematicidad creativa de la academia.

Para ello, esa política tiene que situar la relación entre el Estado y la educación superior en su lugar natural es decir, en la universidad pública. Obviamente la universidad pública no son solo los edificios donde se dictan clases y se desarrollan obras de arte o experimentos.

La universidad pública es, además de sus instalaciones, un espacio simbólico, el lugar emblemático donde las naciones construyen sus proyectos de futuro. ¿Qué otra cosa podría significar que un Estado destine parte de sus recursos a la educación superior de sus ciudadanos si no una apuesta por un futuro mejor?

Semejante apuesta no se deja a la suerte de las iniciativas privadas, ni siquiera en estas sociedades pseudo-occidentales, pseudoliberales, pseudocapitalistas, subdesarrolladas. Y la razón no es porque las iniciativas privadas respondan a intereses particulares. No se trata aquí de una maniquea contraposición entre los intereses privados perversos y el interés público universal; porque ni todo interés privado es perverso, ni el interés público es necesariamente universal.

La razón es, más bien, que la universidad pública puede responder a múltiples y diversos intereses. La universidad del Estado, en tanto que es pública abre sus puertas a la diversidad de intereses. Es este ejercicio de convivencia en la diversidad el que educa para la paz. La universidad pública es una especie de laboratorio de la sociedad donde se producen las condiciones artificiales, es decir, académicas, para la convivencia de comunidades dispares.

El programa SPP convertido en política de Estado reflejaría una visión de la educación superior entendida como servicio público. Y, en consecuencia, una visión de la universidad pública como una más de las entidades prestadoras de servicio. Desde ese punto de vista, se puede creer que el compromiso de cobertura es tanto más democrático cuanto menos atienda a la distinción entre universidad pública y universidades privadas. Pero en esa perspectiva se está perdiendo de vista el significado de la universidad pública como el espacio en el que la Nación fija su identidad y forja su futuro. 

*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía e investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.

 

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