Sentencia SU-297 de 2025: Aborto, autonomía y pueblos indígenas

“Las comunidades indígenas no pueden, bajo ninguna circunstancia, negar la prestación de tales servicios ni imponer barreras u obstáculos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo” (Corte Constitucional)

La polémica alrededor del aborto va mucho más allá de estar a favor o en contra y se vuelve aún más compleja cuando se presenta algún otro factor que aumente la vulnerabilidad de la persona gestante. Situaciones como ser menor de edad, afrodescendiente, migrante, tener alguna discapacidad o pertenecer a una comunidad indígena, aunque variadas en su esencia, en el imaginario social son reflejo de una misma característica: la condición de ser diferente a lo que se considera “habitual” o lo que se nos ha enseñado como tal.

Una sentencia clave, pero con límites

Para el caso de la población indígena, la Corte Constitucional, a través de su sentencia SU-297 de 2025, busca establecer un marco de garantía para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), al reconocer a las mujeres o personas gestantes indígenas como titulares de este derecho en las mismas condiciones definidas por las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022 para el resto de la población. La Corte hace énfasis en que: “las comunidades indígenas no pueden, bajo ninguna circunstancia, negar la prestación de tales servicios ni imponer barreras u obstáculos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Este fallo resulta especialmente relevante si tenemos en cuenta que, además de enfrentar las barreras estructurales en el sistema de salud ampliamente documentadas por organizaciones feministas, para las mujeres y personas gestantes indígenas se suman aquellas particulares a esta población. Ejemplo de ello es la desinformación, largamente difundida, de que las EPS requieren permiso de las autoridades indígenas para acceder a la IVE, requisito que muchas personas aceptan sin cuestionar, salvo algunas pocas que conocen de la derogación de este. 

Entre la autonomía y la imposición externa

Natalia Fernández Hormiga¹, mujer indígena yanacona, diseñadora gráfica e integrante del laboratorio de diseño feminista Aquelarre, quien desarrolla proyectos educativos sobre sexualidad, género e IVE, señala que una de las principales barreras radica en la penalización social que se tiene en los pueblos indígenas para generar discusiones sobre el aborto, que se acentúa por la sensación de imposición de mandatos externos. En este sentido, Fernández explica que hablar de aborto en las comunidades indígenas no es algo nuevo: mayores y mayoras espirituales reconocen que estas prácticas y reflexiones ya estaban presentes históricamente en sus pueblos. Sin embargo, al referirse a la “interrupción voluntaria del embarazo” en el marco del sistema de salud, bajo parámetros estandarizados de corte occidental, el debate adquiere una dimensión política que entra en tensión con las formas de organización, los procesos comunitarios y las estructuras propias de los pueblos indígenas. Riñen así la defensa de una identidad propia (que se refleja en múltiples escenarios, incluida la forma de impartir autoridad y de estructurar sus instituciones) contra los cuestionamientos de una autoridad externa, acerca de cuáles circunstancias pueden autodeterminarse y cuáles no.

Así mismo, dentro del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (Sispi) muchas veces no se tiene formación del personal respecto de la IVE o se anteponen sus prejuicios. Esto genera interposición de barreras, como brindar información incompleta o desactualizada (por ejemplo, hablar únicamente del sistema de causales de la sentencia C-355/2006), por lo cual uno de los grandes retos es que las disposiciones de la sentencia SU-297/2025 no queden solo en el papel o exclusivamente para quienes tienen asesoramiento por personal externo a las comunidades, sino que sean ellas mismas quienes lo empiecen a hablar.

Ante la sentencia dictada por la Corte, Natalia indica que algo clave que entorpece la interiorización de estas normativas por parte de las personas indígenas es que los pueblos no son tenidos en cuenta activamente para hablar sobre estos temas. Según ella, aunque reconoce que con la sentencia brindan posibilidades enormes a muchas compañeras para acceder a este derecho, omite de manera importante un asunto que tiene que ver con su autonomía y que se convierte en un argumento para muchos compañeros y compañeras, y es que no se les ha permitido discutir internamente qué es el aborto. El estigma marcado que genera un desinterés para poner estos temas  en la tribuna pública en las comunidades, termina redundando en la imposibilidad de decidir sobre cómo se va a implementar la IVE en sus territorios y en el choque entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria.

Liderazgos que abren camino

Según Natalia, pese a que se pueda creer que el panorama conservador va a cerrar todas las puertas para estas discusiones, actualmente existen mujeres de base y lideresas indígenas que realizan procesos en sus propias comunidades, quienes poco a poco plantean estas temáticas dentro de sus territorios y logran que compañeros y compañeras finalmente empiecen a participar, hablar y reconocer el aborto como parte de sus realidades. 

Adicionalmente, los pueblos indígenas, por ejemplo, en Cauca, están realizando reflexiones profundas sobre sus cosmovisiones y cómo recuperar sus procesos ancestrales. Para asuntos como el aborto, que tocan fibras sensibles para algunas personas y que, de alguna manera, se han relegado a discusiones políticas “solo para las mujeres”, se dificulta la vinculación de estos temas en esas discusiones sobre lo que significa revitalizar sus cosmovisiones, mientras sincretismos con el catolicismo o con visiones patriarcales de los papeles de género ya cuentan con cierto peso. Ante esto, es clave que se continúen facilitando espacios de participación y diálogo que pongan sobre la mesa estas problemáticas.

No obstante, no es una tarea sencilla, pues siempre está presente el temor a que se cierren las puertas para hacer trabajo comunitario o se produzca un aislamiento no solo por parte de los hombres y las autoridades, sino también de muchas mujeres, compañeras indígenas que no están de acuerdo con esto. Pertenecer no es un tema menor, pues este temor juega un papel clave en la misma decisión de continuar o no con un embarazo. Es un temor que, en ocasiones, se desestima desde el sector salud y desde algunos feminismos, mediante una lectura facilista de que, como ya está aprobado, simplemente se debe acceder.

De esta manera, la sentencia de la Corte Constitucional debe defenderse y aplicarse en las instituciones como parte de la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes indígenas y sin duda constituye un instrumento para facilitar el acceso al aborto. Sin embargo, su alcance debe comprenderse dentro de una acción más amplia, que fomente el diálogo y el reconocimiento de las discusiones que ya se están dando en las comunidades.

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¹Natalia Fernández Hormiga:

Mujer indígena yanacona, diseñadora gráfica interesada en abordar desde el diseño proyectos de creación y producción de material educativo sobre temáticas de educación sexual y género e IVE con jóvenes, niñas y niños del sector educativo público. Integrante de Aquelarre, laboratorio de diseño feminista; parte del equipo editorial de la revista ácida, una publicación feminista del suroccidente colombiano, y de la revista Unidad Álvaro Ulcué del programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).