
Seguridad y elecciones 2026: entre la mano dura, la prevención y la seguridad humana
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Mientras algunos candidatos privilegian el control territorial y el fortalecimiento coercitivo, otros insisten en la prevención social, la institucionalidad o la seguridad humana como eje de transformación del país.
La seguridad volvió al centro de la campaña presidencial colombiana. El aumento de la violencia, la expansión de grupos armados, la inseguridad urbana y el fortalecimiento de economías criminales han convertido este tema en uno de los principales criterios para definir el voto en 2026.
Esto ocurre porque la violencia y la criminalidad afectan de manera inmediata la vida cotidiana. Los homicidios, las extorsiones, los robos, el control territorial ilegal y la percepción de pérdida de autoridad estatal producen la sensación de que el Estado pierde capacidad para proteger a la población. En un país donde persisten conflictos armados regionales, economías ilícitas y múltiples formas de violencia urbana, el orden público termina ocupando un lugar central en la disputa política.
Pero hablar de seguridad no significa necesariamente hablar de lo mismo. Detrás de las propuestas de los candidatos existen distintas maneras de entender qué amenaza al país, cuál debe ser el papel del Estado y cómo enfrentar las violencias. Mientras algunos privilegian el fortalecimiento coercitivo y el control territorial, otros insisten en la prevención social, la institucionalidad o la protección integral de las personas.
Las elecciones presidenciales de 2026 muestran precisamente esa disputa. El deterioro de varios indicadores de violencia, las dificultades de implementación de la Paz Total y la expansión de organizaciones criminales han llevado nuevamente este tema al centro del debate público. Los candidatos saben que buena parte del electorado está buscando respuestas frente a la inseguridad y, por ello, han construido propuestas diferenciadas sobre cómo recuperar el control, garantizar derechos o construir condiciones de paz.
En este contexto, el presente artículo compara las propuestas de cinco candidatos presidenciales —Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo— para analizar cómo entienden la seguridad y qué tipo de respuesta proponen frente a las violencias que enfrenta el país. La selección de estos candidatos responde a que, en el momento de escribir este texto, son quienes aparecen de manera más consistente en las encuestas nacionales por encima del margen de error y concentran buena parte de la disputa electoral hacia 2026.
Tres maneras de entender la seguridad
La seguridad no significa lo mismo para todos los candidatos. En la literatura académica suelen distinguirse tres enfoques principales: una visión tradicional o estatocéntrica, centrada en el control territorial y el uso legítimo de la fuerza; una visión ampliada o multidimensional, que incorpora factores institucionales, económicos y sociales, y una visión de seguridad humana, enfocada en la protección integral de las personas.
La seguridad tradicional entiende que la principal amenaza proviene de grupos armados, narcotráfico, crimen organizado y pérdida de autoridad estatal. Por eso privilegia el fortalecimiento militar y policial, el control territorial y la capacidad coercitiva del Estado.
La seguridad ampliada reconoce la importancia de la fuerza pública, pero considera insuficiente una respuesta exclusivamente militar. En este enfoque, la inseguridad también está asociada a debilidad institucional, economías ilegales, exclusión social y falta de oportunidades. Por ello incorpora prevención, justicia, capacidades estatales y confianza ciudadana.
La seguridad humana plantea una visión aún más amplia. Sostiene que la inseguridad no proviene solo de amenazas armadas o criminales, sino también de la pobreza, la desigualdad, el hambre, la exclusión y la ausencia de derechos. En consecuencia, la protección de la vida digna y el bienestar social hacen parte central de la política de seguridad.
Estas diferencias ayudan a entender mejor las propuestas presidenciales. Aunque ningún candidato encaja completamente en un solo enfoque, sí es posible identificar distintos énfasis: unos privilegian la autoridad y el control, otros combinan seguridad e institucionalidad y otros entienden la paz, la inclusión y los derechos como parte de la seguridad misma.
La seguridad tradicional o estatocéntrica
El primer grupo está representado principalmente por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Ambos parten de la idea de que Colombia atraviesa una crisis de autoridad y control territorial que exige fortalecer la capacidad coercitiva del Estado.
De la Espriella propone una estrategia de “mano dura” inspirada parcialmente en experiencias recientes como la de Nayib Bukele en El Salvador. Su discurso da prioridad a recuperar rápidamente el control territorial, ampliar las capacidades operativas de la fuerza pública, endurecer la política criminal y enfrentar con mayor contundencia a grupos armados y estructuras del narcotráfico.
Paloma Valencia comparte varios de estos elementos, aunque con un lenguaje más institucional y programático. Su propuesta de las “4R de la seguridad” combina fortalecimiento militar, inteligencia, cooperación internacional y combate a las economías ilegales. Aunque incorpora referencias a institucionalidad y desarrollo, el eje central sigue siendo la recuperación de la autoridad estatal.
En ambos casos, la principal amenaza es el debilitamiento del control estatal frente a organizaciones criminales y grupos armados. La diferencia está principalmente en el tono: mientras De la Espriella privilegia un discurso más confrontacional y punitivo, Valencia combina esa visión con elementos de institucionalidad y articulación internacional.
La seguridad ampliada o multidimensional
En un segundo nivel se ubican Claudia López y Sergio Fajardo. Ambos representan una visión de seguridad que reconoce la importancia de la fuerza pública y el control del crimen, pero considera insuficiente una respuesta exclusivamente militar o punitiva.
Claudia López propone una estrategia centrada en seguridad urbana, inteligencia policial, fortalecimiento de la justicia y lucha contra economías ilegales. Su experiencia como alcaldesa de Bogotá influye claramente en esta visión, que combina control policial con prevención social, recuperación institucional y fortalecimiento de capacidades locales.
Sergio Fajardo comparte varios de estos elementos, aunque con mayor énfasis en educación e inclusión social. Su discurso sostiene que la inseguridad está ligada a desigualdad, exclusión y falta de oportunidades. Por ello insiste en combinar seguridad, inversión social y presencia territorial del Estado.
En ambos casos, la seguridad depende no solo de policías y militares, sino también de instituciones eficaces, justicia funcional y prevención social. La diferencia frente a los enfoques más tradicionales es que el control del delito aparece articulado con políticas públicas orientadas a reducir las condiciones que alimentan las violencias.
La seguridad humana
Finalmente, Iván Cepeda representa el enfoque más cercano a la seguridad humana. Su propuesta parte de la idea de que la seguridad no puede reducirse al uso de la fuerza, sino que depende de garantizar derechos, reducir desigualdades y transformar las condiciones territoriales que alimentan las violencias.
Cepeda sostiene que los principales factores de inseguridad en Colombia están asociados a pobreza, exclusión rural, economías ilícitas y débil presencia estatal en los territorios. Por ello propone fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz, ampliar la inversión social en regiones afectadas por el conflicto y mantener procesos de negociación con grupos armados.
Su visión incorpora además dimensiones ambientales, alimentarias y comunitarias de la seguridad. El acceso al agua, la transición energética, la protección ambiental y la reducción de desigualdades regionales aparecen como condiciones necesarias para construir una paz sostenible.
A diferencia de los enfoques más tradicionales, aquí el centro no es únicamente el control territorial o la capacidad coercitiva del Estado, sino la protección integral de las personas y la construcción de condiciones de vida dignas.
Aunque los candidatos combinan elementos de distintos enfoques, sí es posible identificar énfasis diferenciados en la manera como entienden las amenazas, las prioridades del Estado y las respuestas frente a la inseguridad. El Cuadro 1 resume estas diferencias.
Cuadro 1. Cinco candidatos y tres maneras de entender la seguridad
| Candidato | Enfoque dominante | ¿Cuál es la principal amenaza? | ¿Qué prioriza? | Instrumentos principales |
| Abelardo de la Espriella | Seguridad tradicional o estatocéntrica | Grupos armados, crimen organizado y pérdida de autoridad estatal | Recuperar el control territorial y fortalecer el principio de autoridad | Fuerza pública, endurecimiento penal, cárceles, operaciones militares y policiales |
| Paloma Valencia | Seguridad tradicional o estatocéntrica con componentes institucionales | Narcotráfico, economías ilegales y debilitamiento del Estado | Recuperar autoridad, combatir economías ilegales y fortalecer la seguridad estatal | Inteligencia, cooperación internacional, fortalecimiento militar y respaldo jurídico a la fuerzapPública |
| Claudia López | Seguridad ampliada o multidimensional | Criminalidad urbana, economías ilegales y debilidad institucional | Seguridad urbana, justicia, prevención y convivencia | Inteligencia policial, fortalecimiento institucional, prevención social y capacidades locales |
| Sergio Fajardo | Seguridad ampliada o multidimensional | Violencia asociada a desigualdad, exclusión y ausencia estatal | Educación, institucionalidad y prevención social | Inversión social, fortalecimiento territorial del Estado y construcción de ciudadanía |
| Iván Cepeda | Seguridad humana | Desigualdad, exclusión territorial, pobreza y persistencia del conflicto armado | Paz, derechos sociales, implementación del Acuerdo y bienestar territorial | Negociación, inversión social, presencia integral del Estado y políticas de inclusión |
Fuente: Elaboración propia con base en programas, entrevistas y declaraciones públicas de campaña (2025-2026).

El próximo gobierno y la disputa por la seguridad
Más allá de las diferencias ideológicas entre candidatos, la campaña presidencial de 2026 muestra una discusión más profunda sobre qué significa realmente brindar seguridad en Colombia.
Para algunos, la prioridad es recuperar autoridad estatal y control territorial frente a grupos armados y economías ilegales. Desde esta perspectiva, la principal amenaza es el debilitamiento de la capacidad coercitiva del Estado y, por tanto, la respuesta debe centrarse en fortalecer la fuerza pública y endurecer la política criminal.
Otros candidatos consideran insuficiente una visión exclusivamente militar o policial. Aunque reconocen la necesidad de enfrentar el crimen organizado, entienden que la seguridad también depende de instituciones eficaces, prevención social, justicia funcional y confianza ciudadana.
Finalmente, una tercera visión sostiene que la inseguridad también está asociada a pobreza, desigualdad, abandono territorial, inseguridad alimentaria y ausencia de derechos. Desde esta perspectiva, la paz, la inclusión y el bienestar hacen parte de la seguridad misma.
El próximo presidente tendrá que gobernar en medio de todas estas presiones simultáneamente. Colombia enfrenta hoy homicidios y expansión de grupos armados, pero también economías ilegales, desigualdades regionales, crisis ambientales y desconfianza institucional. El desafío no será únicamente reducir indicadores de violencia, sino construir capacidades estatales y condiciones sociales que permitan enfrentar de manera sostenible las distintas formas de inseguridad.
Las elecciones de 2026 no solo definirán quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. También ayudarán a definir cuál será la idea dominante de seguridad en Colombia: una centrada principalmente en la autoridad y el control, otra enfocada en la prevención y la institucionalidad, o una que entienda la seguridad como parte de una agenda más amplia de paz, derechos y bienestar humano.
Acerca del autor

German Dario Valencia
*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Integrante de ISEGORÍA, plataforma digital de seguimiento al proceso de paz con el ELN. Contacto: german.valencia@udea.edu.co
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