Los cambios que sí se sienten

Hay puntos específicos sobre los cuales el gobierno ha sido coherente o relativamente coherente en materia de seguridad y defensa. Estos son los principales:

• El lema “Colombia, potencia mundial de la vida” se ha traducido en preferir las acciones persuasivas al uso de la fuerza. Por eso ha aumentado la presencia de las instituciones persuasivas y la fuerza se ha usado como recurso de última instancia.
• En el ámbito discursivo, la defensa de los derechos humanos ha tenido prioridad sobre las acciones militares y policivas. No se ha presentado un caso ampliamente mediático o de alto impacto de extralimitación por parte de la Fuerza Pública.
• Se prevé reducir el presupuesto destinado a seguridad y defensa, recortar gastos innecesarios, mejorar la contratación, evitar la violación de derechos y luchar contra la corrupción; en efecto Transparencia por Colombia ha señalado a este sector como el más afectado por actos de corrupción entre 2016 y 2020. De ahí la importancia de Iván Velásquez en la cartera.
• Los lineamientos de seguridad son concordantes con los de “paz total”, pero en efecto los primeros están subordinados a los segundos; se prefiere conseguir la paz por la vía negociada antes que a través de las acciones armadas.
• Hay un intento de reducir la autonomía de las Fuerzas Militares y la Policía en la definición del marco estratégico de sus acciones; la figura del presidente (por encima del ministro de defensa) cobra relevancia en esta orientación, y aumenta la verticalidad en la jerarquía de las instituciones que componen la Fuerza Pública.
• Hay un cambio en la importancia atribuida a determinadas amenazas. Temas como Venezuela, la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra organizaciones como las disidencias de las FARC han perdido prelación para el ejecutivo. Por otra parte, la minería ilegal, el contrabando y la confrontación de otros grupos armados, como el Clan del Golfo, tienen mayor relevancia en la agenda. Sin embargo, el gobierno no tiene todavía un orden de prioridades definido, sino que se adapta dependiendo de las circunstancias.
• La que se ha llamado “diplomacia de la seguridad” o “exportación del sector seguridad colombiano” no tiene ya el apoyo del gobierno nacional. Esto ha sido reiterado por el presidente Petro desde el comienzo de su campaña electoral. Lo anterior no significa que desaparezcan las acciones de la Fuerza Pública en el extranjero, sino que pueden reducirse o no van a ser completamente respaldadas por el ejecutivo: tendrán que ser más limitadas o por lo menos más discretas.
• En términos de defensa nacional, los gobiernos anteriores destacaban la posible amenaza que podría provenir de Venezuela. Para la actual administración, no existe riesgo de este estilo por parte de ningún; por el contrario, se han subrayado las amenazas derivadas de la delincuencia transnacional.
• La seguridad y la defensa no son ahora temas prioritarios en las relaciones exteriores. Las acciones conjuntas con otros países son todavía de alcance limitado. Agendas internacionales como la paz o el medio ambiente pasaron a ser la bandera del gobierno y dejaron en segundo plano este tema que había sido prioritario para los gobiernos anteriores.

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Los desafíos

El gobierno tiene un serio reto respecto de la percepción de inseguridad. Según la encuesta del DANE, la percepción de inseguridad  fue del 52,9 % en 2022, casi 9 puntos porcentuales por encima de la cifra del 2021. Estos datos coinciden con los de la encuesta Polimétrica realizada por Cifras y Conceptos en alianza con la Fundación Ideas para la Paz.

En esta última encuesta, el 26% de los participantes considera que la seguridad mejorará con las negociaciones entre el gobierno y grupos criminales. Asimismo, en marzo de este año, el Opinómetro de Datexco Company para W Radio encontró que el 61% de los participantes no está de acuerdo con la política de seguridad (este hallazgo se basa en las respuestas de 700 personas). Resultados similares se presentan en la encuesta Guarumo de noviembre de 2022, donde el 70,6 % tiene una imagen desfavorable sobre el avance del gobierno en temas de seguridad.

Estas encuestas no necesariamente corresponden a la realidad. Depende de los instrumentos que se apliquen, del tamaño y el diseño de la muestra, pero mensajes como el de Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes cundo dijo que “Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque”, confirman que la situación se está deteriorando en vez de mejorar.

Igualmente, el exministro Alejandro Gaviria afirmó en una entrevista a Caracol Radio: “Colombia está cambiando, presidente; más rápido de lo que nosotros nos hemos dado cuenta en el gobierno. La gente está demandando más estabilidad y seguridad, se necesita ser más asertivo con los temas de seguridad”.

Los logros

El Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional señala que entre enero-marzo del 2022 y el 2023 se dio una reducción del 5,7% en los homicidios. En el primer año se registraron 3.279 y en el segundo 3.090. Esto es significativo, pero habrá que esperar la evolución de las cifras en el mediano plazo.

Según las cifras de INDEPAZ, también se redujeron los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el primer trimestre del año, pasando de 51 en 2022 a 35 en 2023. En el caso de los firmantes de paz se presentaron 11 casos en 2022 y 5 casos en 2023.

Pero el asesinato selectivo sigue siendo preocupante, especialmente después del pronunciamiento de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (EUCR) en boca de su directora, Mariana Páez, sobre una crisis humanitaria que ha afectado a regiones específicas como Norte de Santander, Cauca y Nariño.

Las reducciones presentadas pueden deberse a los ceses bilaterales que se llevaron a cabo con algunas organizaciones. Según El Tiempo, varios grupos incumplieron sus compromisos de manera descarada y aunque las cifras todavía son parciales.

Los pendientes

Para este año sería además necesario avanzar en las tareas siguientes:

• Formulación y ejecución de la Política de Convivencia Humana del Ministerio del Interior, así como de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Humana del Ministerio de Defensa Nacional.
• La Política de Convivencia del Ministerio del Interior es clave en tanto implica un nuevo modelo de concertación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y una nueva comprensión del delito, cuyos alcances aún están por precisarse (y así lo reconoce el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno presentó al Congreso).
• La elección de los nuevos gobernantes en el próximo octubre hará aún más necesario concertar el empalme referente a la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
• La reforma de la Policía será tema de debate y en función de las percepciones ciudadanas; de sus tareas y funciones en contextos de movilización social; de cómo cambiar la lógica del “enemigo interno”; de cómo brindar el servicio al ciudadano; de estrategias de seguridad ciudadana; de manejo de la convivencia, y de las particularidades tras el acuerdo de paz con las FARC.
• Colombia logró transitar hacia un control más efectivo de los civiles sobre las fuerzas armadas desde 1991, con el nombramiento de civiles en la cartera de Defensa y la figura del presidente como comandante supremo de la Fuerza Pública.

Sin embargo, en las actuales circunstancias, será aún más necesario un liderazgo estratégico en el sector de defensa. Desde el presidente, pasando por el ministro de defensa y los comandantes, debe existir cercana coordinación y directrices claras sobre el rumbo que deba tomar el sector. Al revisar la historia de las relaciones cívico-militares y de las tensiones en el discurso de la paz, es clara la necesidad de escuchar las preocupaciones de los uniformados, sobre todo, para futuras negociaciones y procesos de reforma interna.

• El gobierno debe unificar su léxico y lograr una comunicación más clara y exitosa en los temas difíciles de la paz, la seguridad ciudadana y la convivencia. Discrepancias como las que se presentaron en el caso de Los Pozos (43 días de protestas) hacen muchísimo daño.

Conclusión

El gobierno tiene la oportunidad de consolidar sus apuestas de seguridad y defensa en torno a la política de Paz Total y la política de Seguridad Humana. Pero hasta ahora no ha usado un tiempo valioso para definir agendas, políticas, procedimientos y lineamientos estratégicos.

La seguridad y la defensa en Colombia se encuentran en un proceso de cambio innegable, pero el gobierno ha dejado ver muy poco sobre la ruta que tomará. Por eso la ciudadanía tendrá que persistir en el análisis y apoyo crítico permanente a las acciones del actual gobierno para asegurarnos la paz y la seguridad.

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