Explicación necesaria sobre qué son y cómo operan las “ollas” criminales. La orden presidencial de erradicarlas suena a propaganda. Intentos anteriores, como el de reemplazar El Cartucho por un parque, acabaron en fracasos.
Orden terminante Desde las calles del Bronx en Bogotá — una de las denominadas “ollas” o sectores subnormales habitados especialmente por drogadictos y traficantes, por fuera del control de las autoridades — el presidente Santos dio hace unos días la orden terminante al director de la Policía Nacional y al ministro de Defensa para que en un lapso de 60 días se erradiquen 24 “ollas” detectadas en 20 ciudades del país. Sin duda, desmantelar estas zonas propicias para el crimen es un paso necesario para la seguridad ciudadana. Este objetivo, sin embargo, exige una estrategia que vaya más allá de dar golpes mediáticos y del uso de la fuerza. El efecto “no esperado” — aunque bien conocido — de este plan podría consistir en un “efecto globo”: la dispersión del crimen a nuevos territorios y la reacomodación de las facciones criminales, sin efectos duraderos de reducción en las actividades delictivas. El gobierno central y las alcaldías tienen una gran oportunidad para poner en marcha medidas que superen los enfoques represivos para contener el mercado de las drogas ilegales. Pero por el momento -y con algunas excepciones- la improvisación prima en la manera como se concibe la seguridad ciudadana…en la olla. Vacíos de la estrategia Según declaraciones del Alto Consejero para la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, la intervención en las ciudades seleccionadas se hará en tres fases:
El punto clave de esta estrategia no radica en la toma de las ollas. La Policía Nacional está en capacidad de ocupar territorialmente estos puntos calientes y de cumplir la orden de hacerlo en los próximos 60 días. La cuestión es si esto llevará a resolver el problema de fondo: la existencia de economías ilegales que estimulan la violencia y el crimen en las ciudades. Adicionalmente, este tipo de intervención puede tener efectos colaterales es decir, generar nuevo problemas y llevar la amenaza a otros territorios. Dos de las tres fases de la estrategia dependerán de los gobiernos locales, incluida la presencia policial sostenida. Lo anterior requiere de coordinación y recursos:
La estrategia se extiende a 20 ciudades, donde las respuestas deberían ser bien distintas, pues son distintos las situaciones, los recursos y las capacidades institucionales. De hecho – como informa El Tiempo– el alcalde encargado de Pereira, Juan Carlos Valencia, ha expresado preocupaciones sobre los costos de esta estrategia para la ciudad. Lo mismo hizo el secretario de gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, quien explicó que recuperar a un drogadicto vale un millón de pesos y requiere de un equipo compuesto por psicólogos, médicos, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros; “Parte de los recursos también deben venir del Gobierno Nacional”, afirmó el funcionario. ¿Dispondrá el gobierno de recursos especiales para estas tareas? Esperemos que sí.
¿Qué es una olla?
Por otro lado, no hay que perder de vista que las “ollas” son apenas un nodo físico dentro de una red, un eslabón de la cadena de economías ilegales que están detrás, y cuyos beneficios son percibidos por organizaciones criminales mayores. Esta dinámica ya fue analizada por Ariel Ávila en “Criminalidad Urbana y Narcomenudeo”, donde describe a este segundo como un fenómeno con múltiples eslabones y agentes participantes, cuya parte más visible son los consumidores y el pequeño expendedor. El especialista en narcotráfico Daniel Rico afirma que “…las ollas de consumo son mucho más que una concurrencia caótica de adictos desposeídos. Tienen una lógica jerárquica de poderes, capacidades y reglas". La cuestión entonces va más allá de enfocar las acciones contra los adictos que habitan estas zonas e ir por lo peces gordos. De otra manera, la estrategia acabará apenas en la reorganización del negocio. Este es una labor que la Policía viene adelantando bastante bien, pero que demanda tiempo y debe ser reforzado con una estrategia de prevención que impida la reproducción constante de estas organizaciones.
El ejemplo de El Cartucho
En 1998, bajo la administración de Enrique Peñalosa, se decidió que la madre de las ollas en Bogotá, conocida como “El Cartucho”, debía ser objeto de una profunda intervención policial, urbana y social. Con este objetivo, el burgomaestre decidió mandar demoler el sector y construir encima del enorme predio resultante el parque “Tercer Milenio”, para reemplazar lo que era una de las zonas más peligrosas de la ciudad, ubicada a pocas cuadras de la alcaldía y del palacio presidencial. La intervención de “El Cartucho” tuvo dos planos:
Ingrid Morris, en “En un lugar llamado El Cartucho”, cuenta cómo los carteles de la droga comenzaron a pelearse las escrituras del Cartucho, para acceder a los subsidios de arriendo que entregaba el Distrito a los indigentes. La autora cuenta en su libro que — incluyendo el valor del Parque Tercer Milenio — se gastaron 29 millones de dólares en dicha empresa. Las extinciones de dominio fueron muy problemáticas y acabaron beneficiando a quienes supieron reacomodarse a la nueva situación. El desmantelamiento de “El Cartucho” causó la aparición de nuevas ollas — los denominados “Cartuchitos” — donde el microtráfico de estupefacientes siguió extendiendo sus tentáculos por toda la ciudad. Al mismo tiempo se dio el desplazamiento masivo de los habitantes de “El Cartucho” hacia zonas residenciales cercanas, lo que produjo la reacción de ciudadanos que vieron amenazada su seguridad. Basta recordar las protestas contra el alcalde Luis Eduardo Garzón, quien inauguró el parque Tercer Milenio. Una de las zonas que surgieron de El Cartucho fue justamente el Bronx, desde donde comenzó a manejarse una parte importante del mercado de drogas ilegales de Bogotá: entre ellas, el bazuco que mueve alrededor de 70 millones de dólares al día. El tráfico de drogas comenzó a dispersarse por la ciudad. En fin, el desmantelamiento de la madre de todas las “ollas” — “El Cartucho” — fue una solución no sostenible, que además tuvo consecuencias no deseadas como la dispersión y el reacomodo del tráfico de drogas en la ciudad.
Historia que se repite
En 2009, durante el gobierno Uribe, se anunció también el desmantelamiento de las denominadas “ollas”. En ese momento, el presidente afirmó que unos 2.000 expendios, plazas u ollas de drogas alucinógenas estaban plenamente identificados por las autoridades para iniciar un proceso de extinción de dominio. ¿Qué pasó con este plan? No lo sabemos, pero por el desafío que enfrenta el gobierno actual, parece que la meta no se cumplió. Lo que ocurre generalmente es que la Policía lleva a cabo la operación, allana uno o más predios y realiza algunos decomisos. Luego, los expendedores de drogas y los adictos regresan para ocupar el mismo lugar o zonas aledañas.
Expropiar no es tan fácil
Una manera de combatir esta práctica es mediante la extinción de dominio de las propiedades donde ocurre el microtráfico. Pero los tiempos del trámite judicial para acabar con las ollas no corresponden con la urgencia de la intervención. Es importante entender cómo funciona el trámite judicial para tener una idea más precisa de los tiempos. Hay dos etapas:
Solo como caso ilustrativo, la extinción de dominio de las caletas de “Chupeta” encontradas en enero de 2007, que tenían la prioridad del Presidente, se decretó en noviembre de 2009. En cuanto a los bienes donde se han instalado las denominadas “ollas” — varios de los cuales han sido objeto de invasión y de ocupación ilegal — no hay certeza de cuánto tiempo pueda tomar el trámite.
¿Qué hay del enfoque alternativo?
Es difícil saber cómo la estrategia de intervención de las ollas se compagina con el discurso de la búsqueda de mejores alternativas para enfrentar el problema de las drogas – distintas de la criminalización de todas las etapas de la cadena, incluido el consumo. Se sabe poco sobre la intervención para atender a los adictos que ocupan las denominadas “ollas”. ¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿Dónde están los programas del Ministerio de Salud o de las Secretarías locales que tienen bajo su responsabilidad este problema? ¿Cuál será el modelo de intervención? ¿Dónde están los centros de atención para los adictos? Las intervenciones basadas en el uso de la fuerza policial solo afectan una parte de la cadena de valor – en este caso, un eslabón de la oferta- y han demostrado ser insuficientes. Mientras persista la demanda de drogas y de toda clase de bienes ilícitos, las denominadas “ollas” seguirán existiendo: los expendedores se trasladarán a nuevos lugares o mejorarán sus servicios, recurriendo por ejemplo con más frecuencia a las entregas a domicilio de pedidos recibidos por llamadas al celular. Al fin y al cabo, como afirma Yolanda Gómez en su artículo “Bronx un símbolo de abandono y desidia”, las ollas reflejan “…la desidia y el abandono del Estado, la indiferencia y la negligencia de los ciudadanos y el cinismo y la desvergüenza de los delincuentes”. 60 días parecen poco tiempo para resolver estas preguntas y encontrar respuestas a estos desafíos, pero suficientes para hacer una reflexión sería sobre cuál es el modelo de seguridad ciudadana que este gobierno promueve, cómo se evalúa y cómo se articula con las administraciones locales.
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Juan Carlos Garzón *
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