¿Qué pasó en materia de seguridad ciudadana el año pasado? ¿Qué podemos esperar este año nuevo? Un balance del año que acabó y algunas predicciones para el que comienza.
Juan Carlos Ruiz*
Interrogando la seguridad en Colombia
Por increíble que parezca, en Colombia no se ha realizado una reforma estructural del sector de seguridad y defensa. La palabra “reforma” no es del agrado de los miembros de la fuerza pública porque, para ellos, podría conllevar a introducir cambios radicales y perjudiciales para sus instituciones. Por otra parte, el gobierno colombiano no ha promovido una reforma del sector por temor a que la opinión pública interprete que las transformaciones son fruto de las conversaciones de la Habana.
Sin embargo, el sector de seguridad y defensa debe ser evaluado con cuidado, pues numerosos problemas de seguridad aquejan a nuestro país. Además, el rumbo que tomará este sector en 2019 y, en un horizonte más amplio, en las próximas décadas es incierto.
Mientras que en 2017 la tasa de homicidios fue de 22,4 por 100.000 habitantes en 2018 fue de 24,8.
Algunos de los múltiples interrogantes que existen en torno a él son: ¿Cómo se enfrentará el tema pensional de la fuerza pública? ¿Debería existir una estructura más eficiente que el Ministerio de Defensa? ¿Debería crearse un ministerio de la seguridad ciudadana? ¿Hay posibilidad de aumentar los sueldos de la fuerza pública? ¿Cuánto demandaría del presupuesto nacional? ¿Cuál es el criterio de distribución del pie de fuerza policial según regiones y actividades? ¿Deberían entrenarse soldados para que ejerzan labores de policía en el sector rural? ¿Qué estrategia debe idearse para copar territorios en el campo y las ciudades? ¿Cómo se puede incluir más rápidamente y masivamente a la mujer en la fuerza pública? ¿Existe una política pública nacional de seguridad ciudadana que efectivamente guíe a los mandatarios locales?
Si queremos enfrentar de forma eficaz los múltiples problemas de seguridad que aquejan a nuestro país es necesario contestar estos interrogantes.
El balance de seguridad de 2018
 Nueva cúpula de la Policía. Foto: Policía Nacional |
Los resultados de las estadísticas de criminalidad de 2018 muestran que, tras la entrada en vigor de los acuerdos de paz con las FARC, el país experimentó una mejoría significativa en materia de seguridad, sin embargo, esa mejoría comienza a deteriorarse, pues aunque en algunas ciudades se mantiene la tendencia a la baja de homicidios, estos aumentaron para el país en conjunto. Dicho de otro modo, tras un breve descenso en la tasa de homicidios hay un retroceso en la seguridad ciudadana.
Las cifras muestran ese retroceso con claridad: mientras que en 2017 la tasa de homicidios fue de 22,4 por 100.000 habitantes —la más baja desde 1970— se calcula que en 2018 fue de 24,8. De acuerdo con Medicina legal, en 2016 se presentaron 11,532 homicidios (12,164 según las estadísticas de la Policía Nacional), en 2017 11,373 (12,147 según la Policía Nacional) y en 2018 alrededor de 12,400.
No obstante, como mencioné anteriormente, el panorama sigue siendo alentador en algunas ciudades. Bogotá, por ejemplo, logró la tasa de homicidios más baja de los últimos cincuenta años: de 13,9 homicidios por 100.000 habitantes en 2017 pasó a 12,7 en 2018. De forma análoga, Cali obtuvo la tasa más baja de homicidios de los últimos 25 años con 47,3. Además, es posible que una vez publicadas las estadísticas oficiales de 2018, otras ciudades que tradicionalmente han presentado índices elevados de homicidios (como Palmira, Pereira y Cúcuta) muestren una disminución considerable.
En contraste, Medellín presentó una tendencia al alza, pues su tasa de homicidios pasó de 23,6 en 2017 a 24,7 en 2018. Esto pone en evidencia que, hasta ahora, la administración de Federico Gutiérrez no ha logrado mantener la disminución que sus predecesores alcanzaron.
El hecho de que varias ciudades presentaran una baja en la tasa de homicidios, pero ella aumentara para el país en conjunto, permite sugerir que la violencia ha mutado y se está presentando con más frecuencia e intensidad en el sector rural. Esto se debe, en gran parte, a una debilidad estructural del estado: la incapacidad de copar territorios de frontera por parte de la fuerza pública.
Puede leer: Armas de fuego: un problema sin control.
La importancia de las cifras
Es necesario revisar esas estadísticas a la luz de los discutidos resultados del censo de 2018 que aún no se conocen completamente. Sobre la base de los resultados del censo de 2005, el DANE proyectó que en 2018 Colombia tendría cincuenta millones de personas, pero a juzgar por el último censo parece que sólo llegó a los 46 millones. Algo similar ocurrió con el censo de 1993, el cual proyectó que Colombia tendría 46 millones para 2005, pero el censo de ese año solo registró 42,8 millones de habitantes.
Las imprecisiones de esas proyecciones quieren decir que las ciudades colombianas fueron más violentas de lo que se calculó inicialmente y que datos como las tasas de criminalidad o el número de policías por habitantes fueron inexactos.
Como lo señala un estudio reciente de la Fundación Ideas por la Paz (FIP), es necesario revisar la consistencia de las cifras de homicidios contrastándolas con las de los censos, pues solo así será posible diseñar una política efectiva contra los homicidios en nuestro país.
Únicamente cuando conozcamos los resultados finales del censo de 2018, sabremos si Colombia ha sido más violenta de lo que suponíamos en los últimos años. Aunque la inconsistencia de las cifras impide trazar tendencias definitivas, es posible afirmar, de forma especulativa, que el secuestro sigue su tendencia a la baja desde 2012. Mientras que en 2017 se denunciaron 195 casos, en 2018 se registraron alrededor de 160, siendo ésta la cifra más baja de los últimos 25 años.
La violencia ha mutado y se está presentando con más frecuencia e intensidad en el sector rural.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el robo de vehículos y motos también disminuyó y está en el promedio de la última década. En contraste, el hurto común a residencias, comercios y civiles se disparó: se calcula que entre 2017 y 2018 aumentó un 7 por ciento y en la última década creció 215 por ciento. Más específicamente, el hurto a residencias se duplicó en los últimos diez años y el hurto al comerció creció en un 215 por ciento.
En 2018, varias encuestas señalaron que los sentimientos de inseguridad y de victimización se mantuvieron en el promedio de los últimos diez años. De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2018, el 57 por ciento de los antioqueños se sienten inseguros. Así mismo, una encuesta realizada por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali aseguró que el 67 por ciento de sus habitantes se sienten inseguros o muy inseguros. Finalmente, según la encuesta de percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio, el 35 por ciento de los bogotanos se sienten inseguros y el 53 por ciento cree que la seguridad de la ciudad se ha deteriorado en los últimos diez años.
Por otra parte, de acuerdo con la encuesta Gallup, la imagen de la policía decayó en 2018, pues mientras que el 47 por ciento de la población tiene una imagen positiva de ella, el 51 por ciento tiene una imagen negativa. Desde 1998 hasta 2014, el promedio de la imagen positiva de la policía fue de 67 por ciento lo que muestra un deterioro evidente desde la segunda administración Juan Manuel Santos.
Le recomendamos: ¿Qué está pasando con la seguridad ciudadana?
La seguridad ciudadana en 2019
 Policía Nacional. Foto: Alcaldía de Cali |
Como anoté en el balance de seguridad de 2017 también publicado en Razón Pública, el cambio de gobierno durante 2018 traería como consecuencia cierta inmovilidad en las estrategias e iniciativas en seguridad ciudadana. Como era de esperarse, no se avizora ninguna reforma sustancial en la estructura del Ministerio de Defensa y tampoco se espera la implementación de una política pública nacional de seguridad ciudadana.
La administración de Iván Duque tiene la oportunidad de promover cambios en la seguridad que trasciendan la receta tradicional aplicada desde 1991. Infortunadamente, como sus antecesores, Duque se ha limitado a entender la seguridad como la lucha contra el bandidaje y las mafias del crimen organizado, descuidando así a los ciudadanos del común.
Esto se debe a que erróneamente en Colombia la inseguridad que experimenta el ciudadano de a pie es considerada una responsabilidad exclusiva de los alcaldes, quienes muchas veces no cuentan con las herramientas ni los planes necesarios para abordar esta problemática de forma efectiva y adecuada.
Seguramente, la elección de alcaldes pondrá a la seguridad en el centro del debate y traerá propuestas diversas por parte de los candidatos, pero también condenará a los planes locales a esperar hasta el 2020 para la ejecución de las nuevas medidas.
Por otra parte, lo más probable es que la policía continúe controlando la agenda de seguridad en ciudades intermedias y municipios pequeños, pues así lo ha venido haciendo desde 1988.
Lamentablemente, en muchas regiones sus propuestas son las únicas que se llevan a cabo, pues el gobierno nacional ha abandonado este aspecto completamente.
Finalmente, es importante reconocer que el cuerpo policial que arrancará labores este nuevo año es quizás uno de los mejores formados y más competentes en la historia de la institución, por lo que se espera que el gobierno, los alcaldes y gobernadores reciban un mejor acompañamiento en el tema de la seguridad ciudadana.
Dentro de este cuerpo policial llama la atención la presencia de dos mujeres en el generalato. Este hecho debe ser leído como un avance en la lucha por la equidad de género, sin embargo, el camino en ese aspecto aún es largo, especialmente dentro de una institución de tradición patriarcal como la policía.
* Profesor titular de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
