Este asunto es por supuesto crucial para Colombia, y lo que nos deja el 2017 es muy alentador. Pero quedan todavía lunares como la mala imagen de la Policía, y una serie pendiente de cambios institucionales que permitan consolidar estas mejoras.
Juan Carlos Ruiz*
Lo que se acerca
El 2018 es un año de transición:
- Se cumplen treinta años de la elección popular de los alcaldes, con la cual ganó un doliente la seguridad ciudadana. Mientras las grandes ciudades muestran avances, los municipios medianos y pequeños siguen retrasados. El camino que queda es todavía muy largo.
- Se posesionará el primer presidente en tiempos de paz, quien deberá por tanto reorganizar la seguridad y redistribuir roles y competencias entre los actores. Esta tarea no podrá seguir reducida a las cuestiones de gran bandidaje o conflicto.
- Colombia alcanzará los 50 millones de habitantes, de los cuales el 75 por ciento viven en centros urbanos, de modo que la seguridad en las ciudades será aún más prioritaria.
Colombia registró en 2017 una tasa de 22,6 homicidios por 100,000 habitantes, la más baja desde 1970.
2018 es un año electoral y probablemente no se hará nada relevante en seguridad y defensa. Pero el paso a la paz implica cambios profundos, y el nuevo gobierno debe abordar la indispensable reforma del sector.
Balance del 2017
 Miembros de la Policía Nacional. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
El año 2017 fue positivo en términos de seguridad ciudadana. Aunque aún no hay cifras oficiales, he calculado algunos datos que permiten concluir que continuó la disminución en los homicidios.
En 2017 Colombia registró una tasa de 22,6 homicidios por 100,000 habitantes, la más baja desde 1970. Si la tendencia se mantiene, la tasa para 2018 llegará a ser la más baja de los últimos 70 años.
El caso de Bogotá es quizás el más alentador: 13,9 homicidios por 100,000 habitantes en 2017. De mantenerse la tendencia, podría concretarse el propósito de Peñalosa de bajar la tasa a 12. Durante la administración Petro esta tasa se mantuvo estancada en 17, después de haberla hecho descender por debajo de 20 durante su primer año de gobierno.
Las cifras de los dos años de alcaldía de Peñalosa son entonces un logro indiscutible. Como he explicado en otras ediciones de Razón Pública, es difícil determinar las causas de estos comportamientos criminales. Sin embargo las medidas adoptadas por la nueva Secretaría de Seguridad parecen haber ayudado a esta disminución.
Cali finalizó el 2017 con 50,3 homicidios por 100,000 habitantes, la tasa más baja desde 1990. Los homicidios han disminuido de manera constante desde 2013. Sin embargo, Cali sigue siendo la ciudad más violenta de Colombia y aparecerá en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quizás ya no en el puesto 21 de 2016 sino alrededor del 27.
El resultado es esperanzador pero la violencia subsiste. En este listado por publicarse aparecerán nuevamente Palmira y Armenia aunque con una mejoría evidente. Este listado cada vez contiene menos ciudades colombianas: Medellín, Barranquilla y Pereira ya no están entre las 50 ciudades más violentas del mundo. La tendencia muestra una mejoría considerable de Colombia comparado con Brasil (con 19 ciudades), México (con 8) y Venezuela (con 7).
La violencia homicida de Medellín aumentó por segundo año consecutivo, lo que coincide con el gobierno de Federico Gutiérrez. Sin embargo las tasas son muy inferiores a las del decenio de 1990.
No hay claridad sobre cómo han evolucionado los delitos distintos del homicidio. Unos aumentan y otros disminuyen en la misma ciudad durante cierto año pero al año siguiente se invierten las tendencias. No hay ciudades milagro que sean consistentes en la disminución de algún delito.
Las encuestas de victimización y percepción de seguridad, que podrían compensar el subregistro de delitos y las fallas en la compilación de datos estadísticos, no parecen mostrar tendencias claras. Estas encuestas también muestran variaciones entre ciudades y en una misma ciudad en diferentes años.
Mientras unos delitos aumentan en alguna ciudad otros disminuyen.
En Bogotá en 2017 un 40 por ciento de los encuestados señaló haber sido víctima de algún delito. Desde 2008 la encuesta de victimización que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá muestra variaciones, el promedio es de 37 por ciento. En cuanto a la percepción de seguridad, en 2017 el 47 por ciento de los bogotanos se sentían inseguros, el promedio desde 2008 es de 37 por ciento, un comportamiento sin tendencia clara.
La imagen de la policía se ha deteriorado desde 2016, tendencia que se mantuvo en 2017. Por primera vez desde los 2000 la imagen desfavorable fue consistentemente mayor que la favorable. Esto coincide exactamente con los escándalos de la comunidad del anillo desde el 2014 y el retiro del General Rodolfo Palomino en 2016.
Durante el segundo periodo de Santos se deterioró la imagen de la Policía Nacional. Bajo las dos administraciones Uribe la imagen favorable de la policía se mantuvo en 70 por ciento. Entre 2000 y 2014 la imagen favorable fue de 68 por ciento. Santos no logró manejar los escándalos y revertir el deterioro. La imagen positiva de la policía se había ganado con grandes sacrificios desde los noventa.
La principal respuesta a estos escándalos fue anunciar una nueva reforma de la Policía. Pero la divulgación de las propuestas de la Comisión Consultiva de Alto Nivel designada para ello y de su adopción por parte del Director de la Policía pasaron casi desapercibidos, aunque las propuestas de por sí son viables y señalan una ruta hasta el 2030.
El bajo perfil de la reforma y la libertad de la Policía para llevarla a cabo sugieren que esta no logrará tomar impulso y mantendremos la idea de que la institución es capaz de auto-transformarse. Los cambios constantes en la dirección y las diferencias entre los generales no ayudarán a darle continuidad y hondura a las reformas.
Lo que se deberá comenzar en 2018
 Robo de celulares Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Son varias las tareas y reformas en seguridad ciudadana para los próximos años.
Acciones institucionales
Operación conjunta para el campo. Debe crearse una fuerza de policía y ejército para combatir bandas criminales. Aunque el uso de las Fuerzas Militares no es adecuado para lidiar con el fenómeno de la inseguridad urbana, las condiciones especiales de bandas con características paramilitares hacen necesaria la participación de todas las fuerzas.
Nuevo ministerio de la seguridad pública y una política nacional de seguridad ciudadana. Este ministerio (i) adoptará la política nacional de seguridad ciudadana, (ii) planeará, ejecutará y evaluará la política nacional en la materia y (iii) ayudará a plantear políticas locales para ciudades intermedias y municipios pequeños que carecen de estrategias adaptadas a sus territorios y no cuentan con los recursos para medir el crimen.
La policía deberá pertenecer a este ministerio que coordinará sus labores con otras instituciones; el Director o Directora de la Policía estará bajo las órdenes del ministro.
El ministerio tendrá la labor de inspección externa -coordinada con otros entes de control- de la policía tramitando las quejas de los ciudadanos y organizando las veedurías para investigar y sancionar a los policías acusados de corrupción.
No deben crearse policías locales ya que su calidad y formación son precarios, y los municipios no cuentan con el presupuesto para sufragar los gastos
Nuevas relaciones con la comunidad. Deben tejerse puentes de comunicación y colaboración con ciudadanos y comunidades. Deberá crearse un órgano de control con participación de la sociedad. Estas veedurías ciudadanas servirán como control de las actividades de la policía.
No deben crearse policías locales ya que su calidad y formación son precarios, y los municipios no cuentan con el presupuesto para sufragar los gastos. La relación tradicional de mandatarios locales con grupos ilegales hace que estos cuerpos se conviertan en guardias al servicio de bandas criminales.
Nueva fiscalización y control de la policía. Resulta imperioso crear una oficina inter-agencial de seguimiento, investigación y sanción a la corrupción de miembros de la policía. Esta institución tendrá presupuesto, capacidad de inteligencia e investigación, y atribución de policía judicial.
Urge crear veedurías ciudadanas organizadas y con presupuesto que recaben las quejas de los ciudadanos y las trasladen a esta agencia. Estas veedurías tendrían presencia territorial y la potestad de interpelar directamente al comandante de la región para obtener explicaciones sobre los abusos policiales. Para las denuncias de gravedad estas veedurías se trasladarían a la nueva agencia de investigación.
Acciones organizacionales
Una policía más inclusiva. Debe haber una política de género para que las mujeres representen al menos un 30 por ciento de la fuerza policial, ya que en este momento son el 8,7 por ciento del total y una década atrás eran el 5 por ciento. Al ritmo actual solo en 2070 se alcanzaría un 30 por ciento. Y el proceso por supuesto debe extenderse a los puestos de mando.
Los civiles deberán ser alrededor del 30 al 40 por ciento del cuerpo -en este momento son el 2 por ciento-, ya que su presencia como administradores e investigadores resulta fundamental. Por cada civil que trabaja en la policía hay 36,8 uniformados, mientras que esta proporción en algunas otras policías del mundo es de 1 a 2.
Revisión y nueva gerencia del recurso humano. El pie de fuerza deberá ser balanceado. Las ciudades deben contar con un número de efectivos proporcional a su población y consecuente con el comportamiento criminal del territorio. Una consultoría privada en la materia es urgente. Una visión externa sobre la gestión de la policía en cuanto a eficiencia del gasto y aprovechamiento del recurso humano deben adelantarse de manera inmediata.
Deben abordarse el tema pensional y el de la nivelación salarial. El poder adquisitivo de los miembros de la Policía ha disminuido de manera notable. Una reducción del pie de fuerza del ejército permitiría solventar los gastos de una fuerza policial mejor remunerada. Debe haber una evaluación presupuestal y actuarial.
*Profesor titular de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
