Geografía del crimen en la región

Los grupos armados ilegales y el abandono de la fuerza pública precipitaron la crisis de inseguridad que están viviendo la ciudad de Bogotá y sus alrededores:

• Los grupos ilegales se disputan el control de los bordes territoriales de la ciudad para dominar la comercialización y la distribución de drogas, las rutas del narcotráfico que van del suroriente hasta el occidente del país, y el contrabando y los mercados ilegales como el de los celulares hurtados.
• Y por su parte la Defensoría del Pueblo advirtió que la fuerza pública se concentra en capturar e incautar armas y estupefacientes, pero eso no disminuye la delincuencia organizada.

Según la Defensoría, los grupos armados que intentan controlar las economías ilegales en la región Bogotá-Cundinamarca han montado un escenario de cuatro nodos que articula dos corredores de movilidad:

-De un lado está el corredor oriental que va desde la localidad de Usme hasta Usaquén y se conecta con los municipios de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó. Los cerros orientales parecen ser el referente en este corredor.

-De otro lado está el corredor occidental, conformado por las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, y conectado con la sabana de Bogotá desde el municipio de Sibaté hasta los municipios de Chía y Soacha.

Estos corredores se caracterizan por presentar tasas elevadas de sicariato, compra-venta ilegal de predios, préstamos de usura, imposición de tributos ilegales a cambio de ‘seguridad’, producción, distribución y comercialización de estupefacientes. Además hay grupos armados apropiándose ilegalmente de las tierras para venderlas a las personas con menos recursos que viven en los corredores identificados. Estas prácticas son recurrentes en los municipios de Cundinamarca, especialmente en Soacha.

La Defensoría concluyó que hay múltiples factores de vulnerabilidad y baja presencia de las instituciones en las zonas de Bogotá donde predomina la relación urbano-rural (oriente) y donde las fronteras municipales son porosas (occidente). Debido a eso surgen grupos del crimen organizado que se disputan el control de los corredores de movilidad y de las rentas ilegales de la ciudad.

Un complejo entramado

Estos grupos operan mediante la flexibilización y tercerización para controlar zonas específicas y estratégicas de la ciudad; no se trata de una agrupación jerárquica, sino de un complicado entramado en red que facilita la invisibilidad, fragmenta la responsabilidad y disminuye los costos de sostenimiento.

Pero además de los factores económicos, estos grupos ilegales pretenden conseguir más poder mediante el control territorial y social. Conviene mencionar que algunos de estos grupos surgieron después de la desmovilización de las AUC. La historia se repite en las demás zonas sobre las que alertó la Defensoría. Los poderes políticos, económicos y policivos juegan un papel fundamental en este confuso entramado.

Se ha planteado que los casos de homicidio y de control territorial en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa son “actos cuya tendencia en materia de violación a DDHH, tienen como puntos álgidos el desmembramiento e incineración de cuerpos humanos, como forma de división simbólica ante el control territorial de organizaciones post desmovilización del paramilitarismo”.

La militarización

Las coincidencias entre las prácticas paramilitares y las policiales son llamativas: estos dos grupos coinciden en que suelen atacar a los grupos sociales más vulnerables.

Además, los territorios que han presentado la mayor cantidad de casos de violencia policial entre el paro de 2019 y el del 2021 registran la mayor presencia de grupos paramilitares, organizaciones de narcotráfico y grupos de crimen organizado. Se trata de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Mártires, Bosa, Rafael Uribe y Usaquén.

Según Tamayo, el control del crimen en Bogotá y la narrativa del conflicto armado comparten la idea del enemigo interno, una idea que se extendió y abarcó desde las manifestaciones directas de resistencia armada frente al Estado hasta el activismo social o las protestas.

Esa narrativa se ha perpetuado bajo la actual administración, que basó su política de seguridad en el miedo y el populismo punitivo. Por eso decidió militarizar la ciudad, estigmatizar a los extranjeros, depositar la regulación del cuidado de la vida durante la pandemia en la Policía, y ocultar la información sobre las violaciones de derechos humanos durante las protestas.

La militarización fue una decisión ineficaz en ciudades como Cali, donde hubo incluso un aumento significativo de la delincuencia en las semanas siguientes al cese de la “asistencia  militar”. Este enfoque no afectó la criminalidad ni disminuyó ni desmotivó las ilegalidades, pero sí aumentó la violación de los derechos humanos.

Las medidas de esta administración se dirigen al último eslabón de la cadena criminal y se concentran en la contención de delitos, sin considerar los orígenes diversos de la violencia.

Llama la atención que un gobierno erigido sobre la pedagogía y la cultura ciudadana no haya creado mecanismos de transformación cultural para afrontar estos retos y plantear políticas de seguridad que no se basen en la imposición: en vez de aumentar el número de policías, pudo enfocarse en la calidad de estos y en el acatamiento de la justicia.

Puede leer: La seguridad en Bogotá: un problema multiforme

Un nuevo modelo de seguridad

Parece que las únicas formas de vivir en los bordes de Bogotá son el miedo y la violencia criminal o la sujeción ciudadana al control de la policía.

Pero hay una tercera opción: un ordenamiento basado en la construcción colectiva del espacio y el reconocimiento de los sujetos legítimos que coexisten allí. Esta es la oportunidad para transformar el borde urbano en un lugar de encuentro y de construcción de ciudadanía, y pasar del control territorial de la violencia a la “construcción de territorialidades autónomas donde el habitante de un espacio geográfico reconoce la importancia de generar escenarios garantes de paz y del desarrollo sustentable de su barrio, vereda, municipio o departamento”.

Colombia necesita un nuevo enfoque de seguridad basado en la restauración de la confianza en las instituciones, una intervención social sostenible en el tiempo, la participación activa de la ciudadanía, e instituciones abiertas al diálogo. Necesitamos además un cuerpo policial civilista que sea un agente cultural, y comunitario, y ayude en la construcción de paz.

Para crear una cultura ciudadana habría que lograr acuerdos sobre un fondo de confianza y participación de todos; una mutua regulación entre ciudadanos; el cumplimiento de las normas legales, morales y sociales; la probidad pública; y la seguridad por vías constitucionales.

La violencia desaparecerá cuando existan acuerdos entre los ciudadanos y las instituciones, cuando exista una regulación mutua del comportamiento, y un rechazo a la ilegalidad y la violencia. En suma, se necesitan acuerdos públicos y pactos por la vida, no acuerdos mafiosos.

Esta restauración del Estado social de derecho exige instituciones audaces, capaces de formular un diagnóstico profundo sobre las organizaciones criminales de la región a partir de las alertas emitidas por la Defensoría. Dicho diagnóstico exigiría comprender   las múltiples causas del crimen y del conflicto, y por eso no propondría únicamente medidas reactivas para detener la criminalidad.

*Este texto forma parte de la Alianza Poder y Territorio para discutir asuntos territoriales en el contexto de las elecciones de 2022. Se estableció entre la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol); el concejal Diego Cancino, y un grupo de académicos formado por Carmenza Saldías, Andrés Hernández, Mario Noriega, Alex Araque, José Salazar y Angélica Camargo.