La informalidad laboral y las precarias condiciones de vivienda empeoran los efectos de la COVID-19. ¿Cómo está respondiendo el gobierno?
Juan Miguel Gallego*
Las epidemias anteriores en Colombia
Las pandemias son poco comunes y ninguno de nosotros se había enfrentado a una situación como la de hoy, pero tenemos algunos recuerdos de la epidemia del Zika y de los brotes de dengue y fiebre amarilla en Colombia.
Tan solo para el Zika el PNUD estimó costos directos e indirectos por dieciocho mil millones de dólares para América Latina y el Caribe. Colombia fue uno de los países más afectados en cuanto al número de casos, localizados principalmente en poblaciones pobres.
La COVID-19 ha ocasionado un gran número de muertes en el mundo, y especialmente en los países desarrollados. Su llegada a los países emergentes y pobres se espera con angustia e incertidumbre exacerbadas.
Uno de los problemas que enfrenta Colombia en la pandemia actual son los altos índices de informalidad y desigualdad. Por eso los retos económicos y sociales son enormes.
Informalidad y pandemia
En un sentido amplio, la informalidad afecta tanto a trabajadores como a empresas, y tanto a las ciudades como a las áreas rurales.
Estas actividades registran baja productividad económica y -lo más importante- hacen difícil que sean visibles las personas, los hogares y las empresas más vulnerables en momentos donde se necesita la ayuda del Estado.
La conjunción entre la informalidad y la pandemia da paso a una situación inédita, frente a la cual solo se siente incertidumbre. No se tiene seguridad sobre las herramientas de salud pública adecuadas para luchar contra el virus, ni sobre las herramientas económicas y sociales para mitigar sus efectos.
Lo único cierto es que se necesitan acciones rápidas y de seguimiento continuo para verificar si las decisiones que se toman son efectivas; además de una comunicación transparente, de rectificación por parte del Estado, de paciencia y de entendimiento por parte de la sociedad.
El gobierno nacional y los gobiernos locales han adoptado las estrategias sanitarias conocidas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para luchar contra esta pandemia: el aislamiento social; la expansión de la capacidad del sistema de salud; y la identificación de estrategias para adoptar aplicaciones inteligentes de pruebas rápidas y de laboratorio.
En términos económicos y sociales el aislamiento preventivo es la medida que mayor impacto produce sobre el país, golpeando fuertemente a las poblaciones en condiciones de informalidad, vulnerabilidad y pobreza.
Entre los efectos inmediatos está la incapacidad de dichas poblaciones para producir su sustento diario, además de aislarlas en espacios con altos riesgos de contagio y de complicaciones relacionadas con enfermedades respiratorias. Las viviendas ubicadas en asentamientos informales o tugurios no cuentan con las condiciones adecuadas.
Foto: DANE
Muchas personas viven en Viviendas que no cubren los mínimos de acceso a servicios públicos.
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La informalidad laboral
El efecto inmediato del aislamiento social fue eliminar la capacidad de sustento de muchos trabajadores informales. Según el DANE el 58% de los trabajadores son considerados informales. Esta cifra se basa en su vinculación a la seguridad social y el tamaño de la empresa donde trabajan.
Los efectos y las presiones económicas que enfrentan dichos trabajadores varian de acuerdo con su capacidad para sobrellevar las consecuencias durante la etapa de confinamiento o cuarentena.
Por un lado, debemos identificar la capacidad del trabajador para seguir produciendo ingresos durante el aislamiento; y por el otro, entender el estatus laboral de otros miembros del hogar que podrían evitar la pérdida de ingresos familiares.
Lo anterior permitiría apreciar el grado de vulnerabilidad de las personas durante la crisis, su capacidad de recuperación después del aislamiento y el tipo de medidas adecuadas para mitigar los efectos durante este periodo.
De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (LABOUR), un trabajador es vulnerable si no puede realizar teletrabajo o si no pertenece a los sectores que siguen funcionando durante la cuarentena, es decir al sector agropecuario, el de la producción y transporte de alimentos, el de servicios de salud y el de los relacionados con la protección y la seguridad.
Con esta clasificación, el 64% de los trabajadores informales enfrentan altos niveles de vulnerabilidad durante la crisis y deben ser objeto inmediato de la política social.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el 2019, el 33% de los hogares son totalmente formales, el 48% son informales y el 19% son hogares mixtos, es decir, donde al menos un miembro tiene un empleo formal.
Según LABOUR los hogares mixtos y completamente formales son similares en su ingreso promedio y el acceso al sistema de salud, dos instrumentos que ayudan a sobrellevar mejor las duras condiciones que impone la crisis sanitaria.
Para estos hogares mixtos las acciones inmediatas deben provenir de políticas para la protección del empleo, quizás en las líneas mencionadas por el gobierno nacional y las planteadas por Jorge Humberto Botero y Eduardo Lora en la última semana.
Los asentamientos informales
El confinamiento de las poblaciones más vulnerables se efectúa en condiciones precarias. Según UNHABITAT cerca de mil millones de personas en el mundo pasarán el confinamiento en tugurios sin acceso a condiciones de sanidad adecuadas.
En Colombia esta cifra está estimada en 5,2% y en Bogotá en 3,5%. Aunque son porcentajes bajos, en 2016 se estimaron 230.495 personas solo en Bogotá según la encuesta ECAF. Esta cifra puede ser mayor si consideramos las migraciones recientes que ha experimentado la ciudad.
En estos asentamientos informales las condiciones de confinamiento no serían adecuadas por su alto nivel de congestión, sus altos índices de pobreza e informalidad laboral y su escaso acceso a condiciones sanitarias.
En Bogotá el tamaño promedio de un hogar en condiciones habitacionales informales es de 4,2 personas, el 75% de esos hogares son totalmente informales y el 31% no cuenta con acueducto y 38% no tiene recolección de basuras.
Foto: Alcaldía de Bogotá
En casi el 70% de los hogares existe al menos un miembro empleado informalmente, son los que tienen más riesgo de perder los ingresos.
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Las medidas del gobierno
Hasta ahora las acciones del gobierno van en la dirección correcta. Las ayudas para las poblaciones descritas más arriba deben llegar rápidamente desde el gobierno central, así como desde los gobiernos locales.
A pesar de los tropiezos iniciales, en esta primera etapa de mitigación el gobierno nacional dirigió las ayudas de programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Adultos Mayores de tal modo que pudieran seguir recibiendo un sustento básico.
Para las poblaciones no beneficiarias, el gobierno nacional creó el programa de Ingreso Solidario, que ha utilizado métodos de identificación basados en el Sisbén y en los registros administrativos, con un esfuerzo importante y altos retos para avanzar en la focalización correcta.
Para el caso de Bogotá, la ayuda ha estado bien coordinada entre el gobierno central y el programa Bogotá Solidaria en Casa, el cual apunta a aliviar las condiciones precarias de estos hogares.
Pero en este contexto de incertidumbre sobre la duración del confinamiento quizás se necesite de un segundo paquete de apoyos. Además de las ayudas monetarias, este nuevo paquete debe incluir la reducción o anulación del pago de servicios públicos domiciliarios y del arriendo. Estos dos rubros pueden representar cerca del 50% del gasto de los hogares más pobres.
Respecto de los hogares menos vulnerables las medidas deben proteger al empleado, en particular, a aquellos ubicados en micronegocios y pequeñas empresas de sectores altamente afectados por la cuarentena.
Esta pandemia nos encontró con un mercado altamente informal, un crecimiento urbano acelerado y periferias urbanas marginalizadas e inadecuadas, lo cual ha demandado ajustes rápidos en los instrumentos de política social y de empleo para poder contener la crisis social y económica.
Asimismo, plantea una oportunidad para avanzar hacia un sistema de identificación de beneficiarios de política social, como la declaración universal de renta, y una reactivación económica que promueva el apoyo a las empresas en los sectores que aceleren la creación de empleos formales.
*PhD en economía y profesor de la Universidad del Rosario, en la Facultad de Economía.
