El debate acerca de la delegación colombiana a la Feria del Libro de Madrid habla mal de este gobierno, pero también de quienes creen que ser visible es ser buen escritor. Por qué el Estado debe promover la literatura y al mismo tiempo debe respetar su autonomía.
Pedro Adrián Zuluaga*
Las certezas y las dudas
Después de una semana de discusión sobre la delegación de escritores que representaría a Colombia en la Feria del Libro de Madrid, el saldo es de unas cuantas certezas y un pabellón de dudas acerca de los criterios que está aplicando este gobierno en materia de “diplomacia cultural” y —no menos importante— sobre el sentido social que se le atribuye a la figura de un escritor o al oficio de la escritura.
En cuanto a certezas, la más contundente quedó resumida en un trino de la periodista y abogada Valeria Santos: “El gobierno de Iván Duque logró lo imposible: convertir una invitación de honor en una vergüenza mundial”. Quizá lo de vergüenza mundial es una hipérbole, pero en un país donde las noticias culturales rara vez trascienden el círculo de especialistas, lo dicho a la prensa española por el embajador colombiano en Madrid, Luis Guillermo Plata, acerca de que con la delegación de escritores se estaba buscando “tener cosas muy neutras, donde prime el lado literario de la obra”, se volvió un tema de debate público.
Algunas de las dudas que siguen vivas son muy específicas. La primera y más ostensible es quiénes escogieron la lista de invitados y con cuáles criterios la conformaron. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la selección de más de mil libros (de un número cercano de autores) que se exhibirán en la Librería Colombia de Madrid fue el resultado de una convocatoria pública de la Cancillería y la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, y que se tuvieron en cuenta criterios como la diversidad regional y generacional, la participación igualitaria de hombres y mujeres, y la representación de diversos géneros literarios.
Los notables
Esa aparente transparencia y buenas intenciones quedaron eclipsadas con la revelación de los nombres principales que irían como invitados y la ausencia de firmas como las de Héctor Abad, Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina o Fernando Vallejo, que periodistas, medios y líderes de opinión repitieron muy seguros de que esas voces sí hubiesen garantizado una representación plural o diversa o que con ellas quedaría salvaguardado el talante crítico de la mejor literatura.
Así pues, el debate posterior a las palabras del embajador Plata (quien después ofreció disculpas e intentó aclarar la torpeza de aplicar el adjetivo “ neutral” al oficio de escribir), mostró que, en general, el mapa de la “literatura nacional” que se concibe en los grandes medios es lamentablemente centralista, homogéneo y farandulero, y muy dado a poner por encima la visibilidad pública, que puede explicarse por muchas razones ajenas al mérito literario, por ejemplo la práctica de esa forma de notoriedad que es el columnismo de prensa.
Por qué pelean los escritores
Claro, la ausencia de los nombres arriba mencionados disparó la sospecha de que se trataba de una retaliación por posiciones críticas frente al actual gobierno que aquellos no invitados habían expresado en alguna de las amplias tribunas de las que disponen. A esto se sumó la exclusión de escritores más jóvenes con carreras literarias en ascenso, como Carolina Sanín, Giuseppe Caputo o Juan Cárdenas, quienes en las elecciones de 2018 manifestaron abiertamente su apoyo a Petro, y la inclusión, por el contrario, de escritores como Melba Escobar, quien apoyó el voto en blanco (¿la neutralidad anhelada en el “lapsus” de Plata?), o Juan Luis Mejía.
La crispación a la que se llegó en esa semana de debates no habría tenido ese tono si no existiesen varios antecedentes que, en tiempos muy recientes, alertaron sobre la poca tolerancia a la crítica o al debate intelectual en el alto gobierno colombiano. Fueron mencionados los casos de la negación de un apoyo para el viaje del cineasta Rubén Mendoza a un festival de cine colombiano en Buenos Aires (FICCBA), justo después de su polémico discurso contra el gobierno Duque en la inauguración del Festival de Cine de Cartagena en 2019; el giro radical en las políticas y la administración del Centro de Memoria Histórica, o la sospecha de que el cierre de la revista Arcadia, en marzo de 2020, se debió a la injerencia de una alfil uribista como Sandra Suárez, gerente de Publicaciones Semana.
Así que es una liviandad suponer que la indignación de muchos escritores y escritoras se debió a no haber sido invitados a un viaje por Europa. Las voces se alzaron contra la idea nefasta de “estás conmigo o estás contra mí”, propia de los códigos de honor de las mafias, pero no de un Estado moderno que tendría que entender la pertinencia de subsidiar a los artistas —que es distinto de mantenerlos, a la usanza de los viejos regímenes donde los artistas servían al poder político, económico o a la Iglesia— y, al mismo tiempo, respetar la autonomía del arte como un campo que hay que proteger de intereses contrarios a su compromiso con valores como la verdad, la belleza o la justicia, que en últimas también son aspiraciones políticas aunque no necesariamente electorales o partidistas. O incluso la libertad del arte (que no de los artistas) para subvertir o ir más allá de los códigos morales establecidos o heredados. El arte es político siempre porque la imaginación, que es su terreno, es lo transformador por excelencia, además de una promesa de libertad y emancipación.
Por otro lado, y como señaló la escritora Yolanda Reyes en una conversación con María Jimena Duzán, los escritores colombianos son muy conscientes de la importancia del mercado editorial español. Esto fue así para fenómenos culturales como el boom literario latinoamericano, y sigue siendo un factor decisivo para consolidar prestigios literarios, al menos en la lengua en la que escribimos. Ser leído y conocido en España es crucial para cualquiera que quiera que su nombre trascienda los límites de las fronteras nacionales.
En defensa de lo público
Termino con la que quizá sea la discusión esencial que debe ser resaltada de este episodio: la defensa de lo público como el espacio que nos concierne a todos.
Los Estados democráticos deberían representar y ser garantes de los intereses de todos, y no se puede aceptar que los gobiernos ejerciten su poder con sectarismo. El sectarismo político ha sido la fuente de muchas de las violencias que ha sufrido Colombia. Quizá, para entender la conflictiva historia del país no haya que analizar apenas el problema de la propiedad de la tierra. La captura del Estado por intereses privados ha decidido cuáles colombianos tienen acceso a su protección o quienes son excluidos de ella. Ser cobijados por el Estado, en igualdad de condiciones, no debería depender del grado de simpatía hacia el gobierno de turno o de la adhesión a un partido o movimiento político. Ha corrido demasiada sangre por un poder ejercido con sectarismo como para no darnos cuenta de que estos gestos de la diplomacia cultural evocan el trasfondo y hacen emerger el recuerdo de heridas históricas muy profundas. No es una torpeza de un embajador y una cancillería. Es violencia simbólica, que siempre camina del lado de la violencia fáctica, en el caso de que todavía tenga sentido esa separación.
El debate también debería servir para redibujar el mapa de las literaturas que se escriben en Colombia.
Insisto, la intolerancia del gobierno con voces críticas es muy grave y merece un rechazo radical. Pero el debate público sobre la literatura colombiana, centrado en la notoriedad de unos pocos nombres, es preocupante. También es una forma de violencia y de exclusión, y con terribles raíces y huellas históricas, que la cultura colombiana se siga pensando desde unos pocos centros de poder y que se reduzca a una élite de notables. Si ese era el problema que el gobierno Duque quería remediar con su lista de invitados a la Feria de Madrid, hay que decir que el tirro le salió por la culata, al dejar la vocería en un funcionario tan ignorante como Plata.
Ojalá sea una lección acerca de que las palabras sí importan, y que el lenguaje merece cuidado –ser curado– porque con él nos entendemos, es lo público por excelencia y su degradación nos afecta colectivamente. Como dijo Yolanda Reyes en su columna de El Tiempo: “[…] trabajar con la lengua para dejar la huella de una conciencia humana y conversar con otras conciencias, presentes de muchas formas en los símbolos y en los objetos de la cultura escrita, que circulan en un tiempo y en un lugar […] es un hecho político”. Y no es neutral o cosmético, es esencial.