A pesar de las declaraciones de Trump, la Casa Blanca dice que hubo menos hectáreas cultivadas en Colombia. ¿Están funcionando las medidas antinarcóticos de Duque?

Angélica Durán Martínez*

Compensando las imprudencias de Trump

El pasado 26 de junio la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés) publicó las estimaciones sobre el cultivo de coca en Colombia en el 2018.

Según la entidad, hay mil hectáreas menos que en el año anterior, y esta reducción se debe a las medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque.

El tono de este comunicado contrasta con las declaraciones que había dado en abril el presidente Donald Trump criticando al gobierno colombiano por no hacer mucho en materia de control de narcóticos. De hecho, este comunicado de la ONDCP parece más un esfuerzo por atenuar los efectos causados por las declaraciones del presidente. Para Estados Unidos era necesario manifestar su continuo apoyo a uno de los aliados más sólidos de Trump en la región.

¿Son confiables las cifras?

Como Sergio Uribe explicó recientemente en Razón Pública, a pesar de los avances en las estimaciones de cultivos de coca y de producción de cocaína en las últimas dos décadas, las cifras siguen siendo problemáticas.

Foto: Prensa Senado ¿En qué cifras podemos confiar?

Por ahora, las únicas fuentes de información sobre hectáreas cultivadas en países andinos son la ONDCP —es decir la Casa Blanca— y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).

Si bien las cifras del gobierno estadounidense tienen ciertas ventajas técnicas, son menos transparentes y más politizadas. Esto es evidente en la evaluación hacen los estadounidenses sobre los logros en materia de cultivo de hoja de coca en Bolivia, Colombia y Perú.

Según la entidad, hay mil hectáreas menos que en el año anterior

Por ejemplo, un comunicado de noviembre del 2018 de la ONDCP mostraba un aumento de 5.800 hectáreas de coca y 81 toneladas métricas de producción potencial de cocaína en Perú, mientras que en Bolivia registraba un descenso de 6.500 hectáreas cultivadas y 26 toneladas métricas. Sin embargo, el director de la entidad Jim Carroll, manifestó que “Perú sigue siendo un gran aliado y compartimos la responsabilidad para enfrentar el problema. En Bolivia nos gustaría ver esfuerzos reales contra el cultivo y la producción”.

De hecho, las cifras de la UNODC y de la ONDCP sobre cultivo de coca en Bolivia difieren entre sí mucho más que las de Colombia. En nuestro país, a pesar de presentar cifras diferentes, las tendencias reportadas de cultivo por las dos instituciones son similares. En Bolivia, en años claves donde la UNODC mostraba un claro descenso de los cultivos en Bolivia, la ONDCP registraba un aumento, como se ve en el cuadro de abajo.

Lea en Razón Pública: Coca, violencia y sustitución de cultivos.

Cultivos de coca en Bolivia, Colombia y Perú según ONDCP y UNODC

Fuentes: Elaboración propia con información de UNODC y ONDCP

Parte de la reducción de cultivos en Bolivia —hasta el 2016—, registrado en algunos años por la misma ONDCP, es el resultado de la política “Coca Sí, Cocaína No” adoptada por el gobierno de Evo Morales. Esta política permite a cada familia cocalera el cultivo de hasta 0,16 hectáreas para usos legales. La comunidad se encarga de monitorear y denunciar cultivos no dedicados a usos legales o que excedan los límites. Pero ni el programa, ni el gobierno de Morales son cercanos a la Casa Blanca.

Esto quiere decir que, más allá de si las cifras son correctas o no, la Casa Blanca emite en sus comunicados interpretaciones politizadas según su cercanía con los gobiernos de cada país y su respectiva política antidrogas, lo que nos lleva de vuelta al caso colombiano.

Puede leer: ¿Cómo disminuir en serio los cultivos de coca?

¿Hay una reducción en los cultivos de coca?

El contraste con Bolivia es importante para entender el tono celebratorio de la Casa Blanca frente a una reducción de apenas mil hectáreas de coca en Colombia. Si bien cualquier reducción es importante, la interpretación busca legitimar la idea de que sólo con fumigación y mano dura se pueden controlar los cultivos y la producción de cocaína.

En todo caso, es importante preguntarse si los cultivos realmente disminuyeron en el 2018, y si es así, a qué se debe. Es muy probable que la UNODC confirme que el 2018 registró un descenso. Pero también es posible que ese descenso ese deba a más a inercias del mercado que a las nuevas medidas de política.

En el 2017, tanto UNODC como ONDCP registraron una desaceleración del aumento en el cultivo, —como se puede ver en el siguiente cuadro—; el descenso del 2018 puede reflejar la continuación de una tendencia iniciada en el 2017.

Porcentaje anual de aumento de cultivos de coca, según UNODC y ONDCP

¿Éxitos de política?

Según la ONDCP, la reducción de mil hectáreas y la nivelación del cultivo son el resultado de la política exitosa de Duque en:

• Atacar laboratorios de cocaína y traficantes,
• Cuadruplicar el número de equipos de erradicación, eliminando 56 por ciento más de coca que el gobierno anterior.

Pero no es claro que el gobierno colombiano actual haya mejorado la acción antidrogas en temas como las incautaciones de insumos y de cocaína. Por ejemplo, en el 2017 se incautaron 434.729,75 kilogramos de clorhidrato de cocaína, en 2018 fueron 414.505,32 y en lo recorrido del 2019 se han incautado 158.444,88.

La destrucción de laboratorios sí ha aumentado, aunque levemente. Y hay más erradicación forzada, pero este aumento ya se había iniciado en los últimos seis meses del gobierno Santos, como se ve abajo.

Fuente: Elaboración propia con cifras de UNODC y Ministerio de Defensa

Para poder entender qué ha pasado con los cultivos en Colombia en el último año tenemos que esperar a que UNODC publique las cifras provenientes del SIMCI que documentan las variaciones municipales, pues la ONDCP no hace públicas tales cifras regionales o su metodología.

Para afirmar que la erradicación está teniendo éxito, habría que comprobar que no hay desplazamiento de cultivos. Por ejemplo, en el 2016 una reducción de 16 por ciento de cultivos a través de erradicación forzada en Tumaco coincidió con el aumento en los municipios vecinos de El Charco, Barbacoas y Olaya Herrera.

Puede leer: Evolución de los cultivos de coca en Colombia.

Además, otros factores pueden explicar el descenso:

• Los precios de la hoja de coca y de la pasta de cocaína aumentaron en el 2014 y 2015, pero bajaron entre el 2016 y 2017. El mercado puede estar saturado de hoja de coca, y la baja de los precios puede haber estabilizado el mercado. Con tanta coca disponible, no tiene mucho sentido cultivar más.
• Es posible que algo se haya logrado —a trancas— con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, dentro del Programa se han sustituido voluntariamente 34,767 hectáreas, con una tasa de resiembra de apenas 0,6 por ciento.

A pesar de los avances en las estimaciones de cultivos de coca y de producción de cocaína las cifras siguen siendo problemáticas.

Sería ingenuo pensar que el programa ha tenido gran impacto considerando los desafíos financieros, de seguridad, logísticos, y sobre todo políticos que ha enfrentado. Pero cuando se ha logrado desarrollar el PNIS de manera coherente, esto puede explicar reducciones puntuales. Este es el caso de Briceño, donde de acuerdo con la fundación PARES, el programa piloto del PNIS llevó a una reducción de 736 a 414 hectáreas cultivadas.

Foto: Policía Nacional de Colombia La erradicación y la fumigación mantendrán los cultivos disminuyendo, pero a costa de necesitar erradicar y fumigar incesantemente.

Así que no hay razón para triunfalismos. Con la erradicación forzada en aumento y con la posibilidad de que se reinicien las fumigaciones con glifosato a la vuelta de la esquina, es posible que las cifras sigan bajando. El gobierno de Estados Unidos y el colombiano estarán contentos, pero el problema seguirá ahí porque:

• No hay evidencia de mejoras en la seguridad de las zonas claves de producción, ni de las condiciones socioeconómicas de los campesinos cocaleros o de las regiones afectadas.
• Como ya he manifestado en un artículo anterior de Razón Pública, si las reducciones de cultivos siguen como resultado de la fumigación o la erradicación, sólo se podrían sostener a punta de seguir fumigando y erradicando. Esto es una alternativa muy costosa para el Estado y sobre todo para las poblaciones.

El objetivo central debe ser la seguridad de los territorios y de sus poblaciones, más que reducir hectáreas de coca.

Obviamente el Estado tiene que adoptar medidas de corto y mediano plazo en relación con la coca. Entonces, además de rescatar y comprometerse con el PNIS, hay que arriesgarse a pensar cosas nuevas.

En una columna reciente, Arlene Tickner propone que el Estado compre los cultivos de coca como una posible solución; otros analistas de Indepaz y expertos como Juan Carlos Garzón y Julián Wilches ya habían mencionado la idea, pero el debate no se ha ampliado. Comprar la coca podría ser más barato que fumigar y erradicar. Pero no es fácil, y puede generar incentivos perversos.

Dado que hay cultivos en Bolivia y Perú, demanda internacional, muchos actores armados involucrados, y grandes ganancias del negocio de la cocaína, habría muchos detalles y desafíos que pensar. Y es claro que los gobiernos actuales de Colombia y Estados Unidos no parecen candidatos para avanzar con esta propuesta. Pero es vital buscar nuevas alternativas y discutirlas.

*Doctora de Ciencia Política de Brown University, y profesora de Ciencia Política en la Universidad de Massachusetts-Lowell.