¿Se puede usar la objeción de conciencia para negar un aborto? - Razón Pública
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¿Se puede usar la objeción de conciencia para negar un aborto?

Escrito por Natalia Acevedo

Hospital Erasmo Meoz en la ciudad de Cúcuta.

Natalia AcevedoLa objeción de conciencia es un derecho fundamental, pero su uso inadecuado puede implicar la violación de los derechos fundamentales de otras personas. ¿Qué dice la jurisprudencia colombianas sobre este tema difícil?

Natalia Acevedo Guerrero*

El debate

Diez años después de la despenalización parcial del aborto mediante la Sentencia C-355 de 2006, las colombianas siguen enfrentando múltiples barreras para acceder a un aborto legal y seguro. Y el ejercicio inadecuado de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud es una de las barreras más frecuentes.

Esta situación es más complicada en las áreas rurales, donde la oferta de instituciones y médicos que quieran realizar este procedimiento es limitada. Igualmente, las condiciones socioeconómicas de las mujeres, el acceso deficiente a servicios públicos, las condiciones nutricionales y la falta de acceso a información de calidad sobre salud contribuyen a la falta de acceso efectivo a abortos seguros.

La objeción de conciencia es un derecho fundamental basado en la libertad de conciencia y la libertad de religión y de cultos. Este derecho garantiza que las personas pueden actuar de acuerdo con sus convicciones más íntimas. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de conciencia responde al derecho de los profesionales de la salud a negarse a realizar este procedimiento, obedeciendo a convicciones de tipo moral, religioso o filosófico.

Sin embargo la Corte Constitucional ha reiterado que existen ciertos límites y responsabilidades que se desprenden de este derecho. Por ejemplo, los únicos que pueden ejercer este derecho son las personas naturales, de manera que las personas jurídicas, como decir clínicas u hospitales, no pueden hacer uso de él.

Además, es un derecho limitado al personal médico directamente involucrado en el procedimiento de aborto. Es decir, el personal administrativo que está involucrado en labores preparatorias o posteriores al procedimiento no puede negarse a realizar un aborto.

Los profesionales de la salud que deciden ejercer este derecho tienen la obligación de:

  • Remitir a la mujer a otro profesional de la salud que sí esté dispuesto a realizar el procedimiento.
  • Justificar e informar su decisión por escrito.
  • Argumentar las razones religiosas, morales y/o filosóficas que sustentan su decisión.

Por su parte, las aseguradoras y las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen la obligación de tener médicos que no sean objetores y puedan prestar este servicio que hace parte del plan obligatorio de salud (POS).

Pulsos políticos

Manifestación en apoyo al aborto legal en Argentina.
Manifestación en apoyo al aborto legal en Argentina.
Foto: Javier entrerriano

Desde el año 2000 se han presentado alrededor de diez proyectos de ley que buscan regular el derecho a la objeción de conciencia, tanto para el servicio militar como para la prestación de servicios. 

La última de estas iniciativas fue presentada por la senadora liberal Viviane Morales, quien se ha posicionado como una clara representante de las iglesias cristianas en Colombia. El proyecto de ley “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la objeción de conciencia” fue presentado en julio de 2015, y en el curso de su primer debate tomó un rumbo esperado.

Los únicos que pueden ejercer este derecho son las personas naturales.

Recientemente, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó una proposición aditiva formulada por el Centro Democrático donde se incluye la posibilidad de que las personas jurídicas objeten en conciencia la prestación de ciertos servicios. Esta disposición no solo abriría una puerta a negar servicios por parte de instituciones de salud y educación por razones de libertad de conciencia, sino que podría legitimar acciones de discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, discapacidad y raza, entre otras.

Sin embargo la objeción de conciencia institucional sigue siendo expresamente contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

A menos de un mes de finalizar la actual legislatura, las posibilidades de que el proyecto prospere son nulas. Pero esta experiencia deja una serie de lecciones sobre los pulsos políticos alrededor de este asunto.

Una sociedad conservadora

La objeción de conciencia se puede manifestar en modos de pensamiento concretos, filosofías de vida, religiones, posiciones políticas o conceptos de moralidad específicos. Pero también refleja el predominio de posiciones políticas que históricamente han sido contrarias a los derechos reproductivos de las mujeres.

Esta situación también se ha visto en casos cuando las empresas promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) de distintos municipios se han negado de forma colectiva y unánime a realizar abortos legales.

En 2008, la EPS Coomeva, el Hospital Erasmo Meos y otras cuatro clínicas de Cúcuta se negaron a realizarle un aborto a una menor que había sido víctima de violación, invocando la objeción de conciencia de forma colectiva.

En un reciente caso de tutela llevado por la Defensoría del Pueblo, diversas instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio de Leticia objetaron en conciencia y de forma colectiva para no hacerle un aborto a una menor, cuya salud mental se encontraba afectada. Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, el único médico especialista en el departamento de Amazonas declaró su objeción de conciencia para practicar abortos.

Lo anterior muestra la necesidad de debatir hasta qué punto el ejercicio –o mal ejercicio- de la objeción de conciencia puede legitimar la violación de los derechos de las mujeres. Además, es necesario analizar cómo se hacen más graves estas situaciones en municipios donde es menor la oferta de médicos o donde es mayor el estigma asociado con el aborto. En estos contextos las mujeres se ven forzadas a trasladarse de su lugar de residencia, a acudir a abortos inseguros o a resignarse a continuar con un embarazo no deseado.

¿Médicos o jueces?

La Senadora Liberal Viviane Morales.
La Senadora Liberal Viviane Morales.
Foto: Congreso de la República de Colombia

La objeción de conciencia de los profesionales de la salud responde, en muchas ocasiones,  a perjuicios y juicios de valor sobre las decisiones de las mujeres. Estos perjuicios se ven reflejados en las valoraciones que suelen realizar los profesionales de la salud sobre la situación concreta de la mujer que va a interrumpir su embarazo.

En estas situaciones suelen ponerse en entredicho las razones más íntimas de las mujeres y presumir su mala fe. Es común que se evalúen de manera diferente  a la mujer que ha sido víctima de violencia sexual y a aquella otra cuya salud mental está afectada por su embarazo. Estas mismas distinciones se aplican a mujeres que desean interrumpir su embarazo en edades gestacionales avanzadas, a quienes usualmente se les tilda de “irresponsables”.

La objeción de conciencia institucional sigue siendo expresamente contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La figura de la objeción de conciencia no es la única forma como los profesionales de la salud manifiestan sus posiciones religiosas o morales contra de este procedimiento. En muchas ocasiones esos juicios de valor acaban por traducirse en vías de hecho o en  prácticas de violencia obstétrica contra las mujeres que interrumpen su embarazo; los  malos tratos también provienen del personal de enfermería y administrativo, que no puede apelar a la objeción de conciencia frente a un aborto.

Es verdad que hasta los perjuicios pueden estar amparados por una moral concreta, y por lo tanto puedan estar cobijados por la libertad de conciencia. Pero también es cierto que no podemos hablar de un Estado social y democrático si se vulneren los derechos reproductivos de las mujeres.

Una sociedad que busca la paz debe equilibrar el reconocimiento de la libertad de conciencia de sus profesionales médicos con el derecho a la salud y a la autonomía reproductiva de las mujeres.  Pero esta es una tarea que aún no se ha cumplido.

 

*Abogada con opción en Historia de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá.

 

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