Paro nacional

Colombia vive una situación sin antecedentes. El paro moviliza una enorme cantidad de ciudadanos de origen heterogéneo, particularmente jóvenes. Ninguna agrupación política u organización social o sindical puede adjudicarse la iniciativa de manera exclusiva.

La movilización ha estado acompañada de violencia y actos vandálicos, protagonizados por personas de procedencia diversa: disidencias de las FARC, grupos del ELN, pandillas juveniles, elementos del narcotráfico, ciudadanos del común, jóvenes e inclusive infiltrados.

Esta situación se presenta desde hace un mes en todo el país y la fuerza pública ha reaccionado de manera brutal, suscitando el rechazo dentro y fuera de Colombia.

Según la interpretación más difundida se vive una “explosión social”. En 2020 el 42,5 % de los colombianos, equivalente a 21,2 millones, estaba debajo de la línea de pobreza, 3,8 % más que en 2019, cuando pobreza en América Latina llegaba a 33,7 %.

Un gran número de ciudadanos sobrevive con menos de 331.168 pesos mensuales (equivalentes a 87 dólares). El desempleo gira alrededor del 17 % y la desigualdad es de las más altas del mundo, con un coeficiente Gini de 0,53. Esta es una “deuda social” que el país arrastra desde hace décadas y que apenas ahora se desencadena.

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Poder y legitimidad

El auge de los grupos armados durante la década de los 90, el fracaso de las negociaciones del Caguan y la política de la seguridad democrática de Álvaro Uribe —orientada a aplastar militarmente la guerrilla de las FARC— son el origen de la situación actual.

En 2002 debía recuperarse el dominio territorial del Estado. Pero con la llegada de Uribe al poder, la ilegalidad se instaló en el corazón del Estado bajo la actitud complaciente y la opinión de que “todo vale”. Los grupos ilegales se combatían con medios ilegales, una situación que tenía antecedentes en Colombia (torturas, desapariciones, paramilitares, etc.).

En 2010 Santos ocupó la presidencia, pero se alejó de su mentor y entabló unas negociaciones con las FARC. Esto resultó en la firma del Acuerdo de Paz. En vez de una amnistía a los alzados en armas se acordó una “justicia transicional” para los excombatientes, militares y civiles que incurrieron en conductas delictivas y crímenes atroces o de lesa humanidad por razón del conflicto.

En 2016, con el triunfo del No en el plebiscito, se renegociaron los términos del Acuerdo, con excepción de la participación de los excombatientes de las FARC en el Congreso y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El rechazo de esta prerrogativa fue el caballito de batalla del Centro Democrático bajo la idea del “no a la impunidad”. Pero el verdadero problema era abogar por una “impunidad selectiva”, que recayera exclusivamente en las FARC y excluyera a los demás. Desde esta época el Estado viene perdiendo legitimidad.

Pero el viacrucis comenzó con las elecciones presidenciales de 2018. Tres aspectos definen la política del nuevo gobierno: el compromiso de contravenir aspectos esenciales del Acuerdo de Paz; la no judicialización de quienes combatieron con medios ilegales a los grupos armados; y la promoción del miedo y las mentiras entre los ciudadanos para dar legitimidad a la política de seguridad ciudadana.

El presidente y su equipo se apegaron tercamente a los parámetros del manejo uribista del Estado, que fueron “útiles” en su momento, pero que ya no eran pertinentes y se negaron a reconocer los procesos sociales que acontecían. El resultado fue un gobierno desconectado de la sociedad civil y un Estado sin legitimidad.

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El gobierno y la crisis social

El primer tropiezo de Duque fue no comprender que su legitimidad real era precaria, ya que su triunfo en las elecciones fue el resultado de la polarización (se votaba por Duque contra Petro o viceversa). Además, el apoyo proporcionado por su mentor era frágil; Uribe no tenía el mismo prestigio de antes y enfrentaba varios procesos judiciales.

Por si fuera poco, el nuevo gobierno no contaba con una meta para dirigir su gestión. Claudia López le puso en bandeja de plata los resultados de la consulta popular anticorrupción de 2018, pero el presidente no supo identificarse con la causa y dejó a la deriva las iniciativas en el Congreso.

El segundo error del presidente fue no advertir el cambio del panorama político ocasionado por el desmonte de las FARC. Duque pensó que el ataque terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019 renovaba la política de seguridad democrática.

Por eso el presidente presentó objeciones a 6 de los 159 artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP, eje del Acuerdo de Paz. Las objeciones no eran contra la Ley, sino contra la sentencia de la Corte que avaló por anticipado la nueva legislación, pero en una democracia la palabra de la Corte es la última instancia de cualquier querella jurídica. El gobierno perdió seis meses más intentando brindarle una nueva legitimidad a su gestión.

El tercer punto de desencuentro entre el gobierno y el país fue pasar por alto que gracias al Acuerdo de La Habana la agenda social pasaba a un primer plano. Con la emulación de lo ocurrido en otros países de América Latina en 2019, el 21 noviembre se produjo una movilización sin antecedentes en la vida política de Colombia.

Los períodos de violencia aplastan las reivindicaciones sociales de cualquier tipo, como ocurrió durante la época de La Violencia. Pero las demandas de los ciudadanos retornan cuando acaba el conflicto mediante los paros cívicos, las huelgas y las movilizaciones sociales, como ocurrió a comienzos del Frente Nacional.

Durante el periodo de la seguridad democrática las reivindicaciones sociales pasaron a un segundo plano. Pero la situación cambió y el gobierno no se percató. La estigmatización de las movilizaciones sociales es una prueba fehaciente de su ceguera.

El cuarto punto de desencuentro consistió en ignorar que había acabado la época de las fake news, de las mentiras y del temor como herramienta para movilizar a los ciudadanos.

Como decía un marchante, la gente no teme al riesgo y ya no demanda como prioridad la seguridad, porque prefiere “morir de COVID-19 a morir de hambre”.

Además, durante las elecciones regionales del 2019 se perfiló una opción de centro y aparecieron diversos signos de renovación política: el voto de opinión, los nuevos candidatos, la participación de jóvenes y mujeres y el voto en blanco.

El quinto error consistió en desconocer que la pandemia ponía en duda los postulados básicos del neoliberalismo. El péndulo oscila nuevamente de lado del Estado: su intervención parece indispensable para superar las tragedias y evitar una hecatombe mayor. El mercado no puede hacerse cargo de esto.

Pero el gobierno insistía en una reforma tributaria que ofrecía a los ricos “regalos tributarios” y obtenía los recursos con impuestos indirectos y de renta para la población de clase media hacia abajo. Además, discutía una reforma de la salud que acentuaba su carácter de negocio privado.

Finalmente, parece que los gobernantes no comprenden que la garantía para la continuidad y la conservación de una sociedad es la vigencia plena de la democracia.

El gobierno se apoderó de los mecanismos de control del ejercicio del poder (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del pueblo) y va tras el Banco de la República y las altas Cortes. Otra sería la situación si ante la grave crisis provocada por la pandemia los mecanismos de control del Ejecutivo funcionaran.

El resultado es un Estado cuya legitimidad esta en duda. Los ministros actúan como una rueda suelta porque no saben a quién obedecer. Los discursos del presidente son libretos prefabricados y parecen el informe de un mando medio, como si no tuviese el poder. El expresidente Uribe toma decisiones y hace contactos de paz con el ELN sin consultar con el comisionado de paz.

Los grupos privados se arman en las ciudades para defenderse. La violencia rural persiste y la violencia urbana se expande. Según las encuestas, el desprestigio del gobierno es de un 76 %.

Si el gobierno hubiese cumplido el acuerdo, la situación actual sería distinta. Pero en vez de adecuar sus acciones a la realidad del país, se empeñó en mantener un modelo caduco.

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El futuro de la democracia

Para solucionar los problemas actuales, no bastaría con atender la demanda social. Se necesita cambiar la forma de ejercer la autoridad política.

Cualquier solución que se proponga debe considerar la precariedad en la que viven los jóvenes y la falta de oportunidades. Hay que atender la situación social y el Estado tiene que recuperar su legitimidad para defender los intereses generales de la sociedad y no apenas los de un grupo político.

La responsabilidad de la vida pública debe aceptarse colectivamente y solidaria por organizaciones sociales y partidos políticos de diversa índole, que piensen más en la colectividad que en sus intereses particulares.

Además hay que recuperar el sentido del ejercicio de la autoridad como representación que los gobernados instauran y ante los cuales debe responderse; en especial el juego de los controles para contrarrestar el ejercicio omnímodo y arbitrario del poder.

La democracia es la clave para que una sociedad conserve su unidad, se mantenga y sobreviva.