Se jodieron todos, el plebiscito constitucional en Chile
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Se jodieron todos, el plebiscito constitucional en Chile

Escrito por Oscar Murillo - Carola Pinchulef

El plebiscito para aprobar la nueva constitución en Chile puede implicar una nueva derrota para el gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué y cuáles son sus implicaciones?

Carola Pinchulef Calfucura* y Oscar Murillo Ramírez**

Boric en la encrucijada

Entre los retos del gobierno de Gabriel Boric (2022 – 2026) estaban garantizar la armonía entre crecimiento y redistribución, atender la migración, mejorar la seguridad ciudadana y contener la violencia en la Araucanía. El más importante de todos, sin embargo, era aprobar la nueva constitución y empezar los ajustes necesarios para su ejecución, algo que hubiera consolidado parte de la agenda que encarnó el estallido social de 2019.

El gobierno Boric ha tenido que escoger entre dos caminos. Por un lado, responder a las demandas de cambio que reclamaron las calles en 2019, aprobando las reformas y una nueva constitución. Por otro lado, atender las dificultades de ser gobierno en el día a día. En ambos casos, la ciudadanía le exige soluciones prontas, y esto le ha costado una desaprobación superior al 50 % que para noviembre alcanzó el 62 %.

El 4 de septiembre de 2022, Boric tuvo su primera derrota en el plebiscito para aprobar la nueva constitución. El 62 % de los votantes rechazaron la propuesta, en medio de una campaña de informaciones falsas sobre los constituyentes y los contenidos de la nueva carta.

Ante la derrota, el gobierno debió alcanzar el “Acuerdo por Chile” en diciembre de 2022 para que una posible nueva constitución no naufragara. Este acuerdo estableció unas bases constitucionales que debían respetar los encargados de la redacción. Además, se creó una comisión de expertos compuesta por 24 integrantes que debían redactar un anteproyecto para ser entregado al Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas elegidas por voto popular, con la misión de discutir y aprobar la propuesta de texto que se presentó para el segundo plebiscito este 17 de diciembre.

La segunda derrota de Boric ocurrió el 7 de mayo de 2023, cuando se eligió el nuevo Consejo Constitucional. En esas votaciones, la derecha alcanzó la mayoría en el nuevo órgano constitucional al obtener 23 cupos para el Partido Republicano, más 11 que obtuvo el pacto “Chile Seguro” —Coalición de derecha integrada por los partidos políticos: Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli)—.

En definitiva, es una propuesta constitucional que no ofrece soluciones, por el contrario crea más incertidumbre en el país.

Paradójicamente, los nostálgicos de la dictadura pinochetista y de la constitución de 1980 alcanzaron la mayoría para una nueva constitución. Pese a la ilegitimidad bajo la cual fue promulgada la constitución de los ochenta, tuvo que ser defendida en campaña por el oficialismo y la izquierda, con la premisa de que es menos nociva que la sometida a plebiscito este 17 de diciembre.

La seguridad en el centro de la agenda

Entre 2019 y 2023, se produjo un cambio acelerado de intereses ciudadanos que han marcado la agenda pública y las preferencias electorales. Si para 2019 la dignidad fue el núcleo de las demandas sociales, para 2023 la seguridad ocupa el centro de la atención por el aumento de la criminalidad y su mayor capacidad de organización y acción.

Según el Estudio Nacional de Opinión Pública, CEP 90, la delincuencia es el problema al que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo. En noviembre, la encuesta CADEM registró que el 85 % de la población considera que la delincuencia aumentó, un 84 % teme ser víctima de delincuentes, y un 93 % percibe que estos son cada vez más violentos.

Percepciones negativas de la seguridad que no están alejadas de la victimización efectiva. De acuerdo con el Centro de Estudios y Análisis del Delito, los homicidios aumentaron un 25 % entre 2021 y 2022, los hurtos un 31 % durante el mismo periodo y la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes pasó de 3,6 en 2016 a 7 en 2022.

La reciente complejidad de la criminalidad se evidencia en asesinatos ejemplarizantes que buscan enviar mensajes a otras bandas del narcotráfico, control territorial, mayor dificultad para establecer líneas investigativas de rápida resolución, aumento en el uso de armas de fuego, y la emergencia de una narcocultura expresada en mausoleos y narco funerales o de alto riesgo.

A lo anterior se sumó el aumento significativo del secuestro extorsivo, muestra de la capacidad operativa que alcanzó la criminalidad en los últimos años, pasando de 8 casos entre 2016 y 2020 a 26 en tan sólo 2021 y 41 en 2022.

Economía, reformas y corrupción

La inflación fue uno de los primeros desafíos que debió enfrentar la administración Boric. Asumió la presidencia con una inflación del 11,5 %, alcanzando su máximo en agosto de 2022 con el 14,1 % por sobre el IPC. En  los meses posteriores disminuyó, alcanzando una inflación acumulada del 3,7 % para noviembre.

Pese a sus reiterados intentos, no ha logrado avanzar un pacto tributario que permita aumentar los impuestos para financiar el gasto social y las reformas que se tramitan en el Congreso, entre ellas, la reforma a las pensiones que fue presentada a diez meses de empezada la gestión de Boric.

En materia de indultos, ha otorgado 15 desde que asumió su gobierno, de los cuales 13 provocaron una crisis política. Hasta finales de febrero han sido rechazadas 50 solicitudes, 11 están relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

El “caso Convenios” golpeó la administración Boric al involucrar a figuras de su coalición política, quienes son investigados por delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Son 6 las autoridades que han dejado sus cargos, entre ellos, Giorgio Jackson, figura clave del proyecto político del presidente Boric.

Kast, el producto de un fenómeno mundial

José Antonio Kast, fundó el Partido Republicano en 2019 y lidera la oposición que identificó los cambios recientes de la agenda pública y capitalizó el descontento ante la inseguridad y la economía, canalizando temores que un sector de la sociedad chilena tiene frente a lo que considera el desborde producido por el estallido social y las identidades colectivas que disputan el espacio público.

La derecha chilena debe ser vista en un marco de transformaciones de la política mundial. Asistimos a una crisis de la democracia representativa que sirvió para el surgimiento de una derecha radical en el mundo, que acepta las reglas democráticas para destruirlas.

La incapacidad de los partidos políticos para representar a la sociedad mediante vínculos programáticos, y una incapacidad del sistema político para tramitar demandas sociales, ha llevado a desconfiar en la política profesional estableciendo una lógica colectiva antipolítica que asocia esta con la corrupción y la crisis social.

Kast es la variante chilena de una derecha radical que se opone al avance en materia de derechos para minorías y mujeres, se opone a la integración con la agenda global contra el cambio climático, rechaza la diversidad cultural y matiza como mecanismo de negación las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

Este republicano es un representante más del avance conservador en América Latina que en Argentina encarna Javier Milei, María Corina Machado en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil y María Fernanda Cabal en Colombia. En Europa, están el partido Vox en España, Giorgia Meloni en Italia y las derechas nacionalistas y xenófobas en Polonia y Hungría.

Esta nueva derecha combina neoliberalismo económico junto a conservadurismo social y cultural. Se muestra disruptiva y transgresora en medio del desprestigio de los gobiernos progresistas y en medio de un escenario de crisis que busca capitalizar.

La tradición constitucional chilena

Según Charles Berquist, la estabilidad del sistema político, la dependencia económica exportadora de bienes primarios y un vigoroso movimiento obrero de izquierda han sido las tres singularidades de la historia republicana chilena.

Entre 1830 y 1860, Chile encontró en la exportación de plata, cobre y trigo la forma de agrupar a las élites alrededor de un modelo de desarrollo que profundizó la política económica liberal, haciendo secundarios debates como el papel de la iglesia católica. Para 1880, el desarrollo de un sistema exportador alrededor del salitre, marcó la sociedad y política hasta bien entrado el siglo XX.

Esto explica la estabilidad del sistema político entre las constituciones promulgadas en 1833 hasta la carta política de 1925. Desde esta última, la constitución tuvo continuidad hasta 1980 cuando, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se formuló una bajo un horizonte neoliberal que persiste.

La nueva propuesta constitucional

En el caso de Chile, además de una nueva constitución, la dictadura de Pinochet impuso un nuevo orden económico y modelo territorial mediante la fuerza, argumentando la necesidad de refundar completamente el Estado, la economía y la sociedad.

Esta carta magna ha sido reformada 31 veces, siendo las mayores reformas las de 1989 y de 2005. Para el caso del modelo neoliberal, su consolidación por los gobiernos de la transición democrática, durante las últimas tres décadas, no ha significado mejoras en las condiciones sociales y económicas de clase media y sectores populares, lo que explica el malestar colectivo contra el sistema económico y la política que desencadenó el estallido social.

El texto propuesto para el plebiscito del 17 de diciembre le da prioridad al pensamiento de derecha que defiende los abusos y privilegios de los mismos de siempre. Este sector se embarcó en una campaña para convencer al país de que el proyecto es bueno para todos los chilenos, y que la centroizquierda miente cuando señala que esta constitución impide el debate democrático de todas las ideas. De aprobarse este texto quedarán fuera las ideas de un sector político, al igual que sucedió en la constitución de 1980.

En la práctica, se cuenta con un texto constitucional republicano que apoya a los narcotraficantes y dificulta la lucha contra la delincuencia, no consagra derechos sociales de manera efectiva, insiste en perpetuar el lucro a expensas de las necesidades de las personas, retrocede en materia de derechos hacia las mujeres y niñas, no garantiza la participación política paritaria y de los pueblos originarios.

En definitiva, es una propuesta constitucional que no ofrece soluciones, por el contrario crea más incertidumbre en el país.

Campaña a favor y en contra

Aunque la encuesta del 24 de noviembre mostró que el 46 % de la ciudadanía estaba en contra de la constitución, la diferencia con el voto a favor fue menor que en la encuesta del 26 de mayo. Esta tendencia empezó el 20 de octubre, cuando la opción a favor tuvo un crecimiento progresivo.

La franja televisiva del plebiscito constitucional de las campañas a favor y en contra han sido su mejor puesta en escena.

  • En el caso del “A favor”, la derecha agrupada en Renovación Nacional, UDI, Partido Republicano y Evópoli y el centro que agrupa a los Amarillos por Chile, Demócratas, y Partido de la Gente, han concentrado sus ejes narrativos en asuntos coyunturales: seguridad, corrupción, inmigración, agotamiento frente a la nueva constitución que invita a “cerrar el proceso”, hastío contra políticos y en los posibles peligros de las reformas de Boric, producto del estallido social. Instauró la polémica frase: “Que se jodan”, para referirse a las izquierdas y a Boric.
  • En el caso del “En contra”, están el Partido Demócrata Cristiano, el Pacto Chile en Contra, el Pacto Chile vota en Contra, el Pacto Unidad Ciudadana: Chile contra los abusos. Estos se han enfocado en advertir los peligros que significaría aprobar este texto constitucional: retroceso en derechos, materias ausentes como medio ambiente, pymes o gratuidad en la educación superior y las amenazas en torno a no mejorar las pensiones y disminuir el presupuesto de los municipios más vulnerables.

Dos años de un camino que llega al mismo punto

La jornada electoral del plebiscito de este 17 de diciembre inició por diferencia horaria en Nueva Zelanda, en donde se constituyeron las primeras 8 mesas de 342 que recibieron los votos de chilenos en el exterior.

A nivel nacional, se constituyeron un total de 39.386 mesas, muchas de estas comenzaron sus labores con retraso, debido a problemas por ausencia de vocales designados con anterioridad. Las mesas deben contar con un mínimo de tres de un total de cinco vocales. Sin embargo, el proceso de votación avanzó con fluidez hasta el cierre programado después de las 18 horas.

Un dato no menor en este plebiscito es la baja participación del voto chileno en el extranjero que se estima en un 25 % menos en comparación con el plebiscito de salida de 2022. Igualmente, el número de excusados para votar en esta jornada obligatoria alcanzó más de 350 mil personas que por motivos de distancias se presentaron en carabineros para exponer su situación.

Foto: X: José Antonio Kast - En 2019 José Antonio Kast fundó el Partido Republicano y representa una derecha radical que se opone a la agenda global contra el cambio climático, entre otros asuntos.

El resultado electoral representa una victoria coyuntural de la izquierda, pero una derrota de su proyecto político en el mediano plazo: la segunda transición democrática, por ahora, no se logró y el estallido social de 2019 sigue sin encontrar una vía institucional que lo canalice.

Con el 99,5% del resultado escrutado, el 55,76% rechazó la propuesta constitucional republicana. Una diferencia de 11 puntos distanció la opción del A favor y En contra, porcentaje similar al que registraron las encuestas y brecha reducida si se compara con el plebiscito de 2022 que tuvo 23,78% entre el Apruebo y Rechazo.

Ninguno de los comandos de campaña se declaró ganador. Cada uno de estos enfatizó en aquello que rechazó la ciudadanía con su voto: de una parte, el comando del A favor señaló que fue derrotada la refundación de Chile y por segunda vez triunfó la constitución vigente. El En contra señaló que fue derrotado el modelo neoliberal que representan las Isapres (salud) y AFP (pensiones).

Entre las consideraciones finales del proceso estarían:

  • Queda cerrada la posibilidad de un cambio constitucional en lo que queda del gobierno Boric.
  • El resultado electoral representa una victoria coyuntural de la izquierda, pero una derrota de su proyecto político en el mediano plazo: la segunda transición democrática, por ahora, no se logró y el estallido social de 2019 sigue sin encontrar una vía institucional que lo canalice.
  • Efectivamente, el resultado es una derrota del consenso ante la imposibilidad de alcanzar una constitución que unifique a Chile. Pero también es la derrota de los extremos: ni la propuesta constitucional maximalista de las izquierdas ni la republicana lograron conectarse con el común y cotidiano sentir de la ciudadanía.
  • El escenario político es un empate nocivo. Ninguno de los dos bloques políticos de derechas e izquierdas se alza con el triunfo, pero se hace tal nivel de daño que los resultados de las próximas elecciones municipales y presidenciales pueden derivar en salidas inesperadas o extremas.

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