¿Se fortaleció el ELN con la Paz Total? Tres tesis para la frontera con Venezuela

La primera tesis sostiene que el ELN habría llevado su violencia a niveles inéditos gracias a la Paz Total. La segunda plantea que habría aprovechado el cese al fuego para expandirse territorialmente y enfrentar a rivales armados, aprovechando la ausencia de presión estatal. La tercera atribuye su fortalecimiento a la reducción de los combates de las Fuerzas Militares durante el gobierno Petro.

Luego de casi dos años de negociaciones con el ELN, el gobierno de Petro decidió suspender el proceso apelando a las mismas razones que ya había esgrimido el gobierno de Duque en 2019: la ausencia de voluntad de paz por parte de la guerrilla y la continuidad de su violencia. Sin embargo, distintos análisis sugieren que el verdadero saldo de estos dos años no fue solo un nuevo fracaso negociador, sino la consolidación del ELN al amparo de la política de Paz Total. Un examen de la evidencia disponible en la frontera colombo-venezolana permite poner a prueba esa lectura a través de tres tesis que han circulado sobre el crecimiento de la violencia y el poder militar de esta guerrilla.

¿Violencia sin precedentes?

La primera tesis sostiene que el ELN habría llevado su accionar violento, tanto a nivel nacional como en la frontera, a niveles inéditos gracias a la Paz Total. La evidencia reciente parece darle la razón a primera vista: cuando el grupo se negó a prorrogar el cese al fuego en el segundo semestre de 2024 —tras la negativa del Gobierno a excluirlo de la lista de Grupos Armados Organizados—, intensificó ataques contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura petrolera. Entre agosto y septiembre de ese año golpeó repetidamente el oleoducto Caño Limón-Coveñas, confinó a más de 50.000 personas en Chocó, reactivó atentados con explosivos y francotiradores, y multiplicó extorsiones y amenazas como mecanismos de control social.

No obstante, la comparación histórica matiza esa impresión. Los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos de la JEP muestran que el número de incidentes violentos durante el gobierno de Petro es, de hecho, el más bajo si se compara con procesos de paz anteriores, en un rango similar al de las negociaciones de Santos y Uribe, y muy por debajo de lo registrado en los gobiernos de Gaviria, Pastrana y Samper. Este último es justamente el ejemplo de un intento fallido de contener el impacto humanitario del conflicto: los secuestros del ELN se dispararon a partir de 1996. En cambio, Santos y Petro lograron una mayor contención mediante concesiones, aunque con matices: Santos ofreció una agenda amplia sin tener en cuenta la correlación militar y política de fuerzas, mientras que Petro heredó esa misma agenda sin un foco claro y pactó un cese al fuego, sin concentración geográfica de los frentes ni mecanismos eficaces de verificación.

En los departamentos fronterizos con Venezuela, los hechos de violencia atribuibles al ELN muestran una tendencia ascendente desde 2016 —con caídas puntuales en 2020 y 2023— y entre 2022 y 2025 superaron el promedio de 2016-2019 (ver gráfico 1). El acceso al territorio venezolano resulta clave en este patrón: desde comienzos de siglo, el ELN ha usado la frontera como refugio tras ejecutar acciones de alto impacto, favorecido —según diversas fuentes— por la aquiescencia y hasta la connivencia de autoridades venezolanas en actividades de narcotráfico, minería ilegal y extorsión, así como en operaciones conjuntas contra disidencias en el estado de Apure.

Entre 2016 y 2025, las amenazas fueron el hecho victimizante más recurrente en la frontera, seguidas de secuestros, homicidios selectivos, actos terroristas, destrucción de infraestructura, paros armados y confinamientos; los tres primeros muestran además una tendencia creciente. Así, aunque no puede establecerse una relación causal directa entre el proceso de paz de Petro y el aumento de la violencia del ELN, sí es visible una tendencia a intensificar formas de violencia no letal —amenazas y secuestros crecieron en 2024 pese a que el agregado había bajado en 2023— y, sobre todo, la incapacidad estatal para proteger a la población civil durante el cese al fuego, evidente en los altos niveles de victimización registrados en municipios fronterizos, incluido Arauca, bastión histórico del frente Domingo Laín.

El cese al fuego como táctica de expansión

Una segunda lectura plantea que el ELN habría aprovechado el cese al fuego para expandirse territorialmente y enfrentar a rivales armados, aprovechando la ausencia de presión estatal. La evidencia disponible obliga a matizar también esta hipótesis. Durante el cese al fuego solo se registró un enfrentamiento entre el ELN y disidencias del frente 10 en Tame (Arauca), una cifra baja si se compara con la intensidad de las disputas del ELN con otras estructuras en el oriente antioqueño, el sur de Bolívar, Chocó y Valle del Cauca. Es decir, en el momento en que el Ejército suspendió los combates, el ELN no aprovechó ese respiro para multiplicar choques con otros grupos en la frontera, pese a la incursión de actores armados en Arauca, Norte de Santander, Cesar y La Guajira.

El repunte de enfrentamientos llegó después, entre julio de 2024 y 2025, y se concentró sobre todo en Norte de Santander, el departamento más golpeado por estas disputas desde 2017 (69 enfrentamientos en nueve municipios). Allí hay dos momentos críticos: 2018, cuando el ELN desplazó al EPL del Catatumbo, y 2025, cuando se enfrentó con el frente 33 de las disidencias por el control de cultivos de coca, rutas de narcotráfico y tráfico de migrantes. Esta última disputa tiene un origen específico: una alianza táctica inicial entre el ELN y el frente 33 se rompió cuando, según comunicados del propio ELN, la conducta violenta de la disidencia y su cercanía con reductos de la banda de Megateo hicieron inevitable el enfrentamiento. La escalada en el Catatumbo también respondería a la pérdida de terreno del ELN frente al Clan del Golfo en otras regiones, lo que habría llevado a reforzar el frente Nororiental con guerrilleros trasladados desde Arauca, aprovechando corredores que atraviesan los estados venezolanos de Apure, Táchira y Zulia.

En Arauca, epicentro de 23 enfrentamientos con los frentes 10 y 28, el aumento de las disputas en 2022 y 2024 ha ido de la mano de un mayor control social del ELN: toques de queda, regulación de la pesca, cobro de deudas y sanciones a quienes cometen delitos como violaciones sexuales, robos u homicidios. Con todo, al comparar la presencia activa del ELN antes y después del cese al fuego, no se observa una expansión territorial significativa, con excepción de La Guajira, donde aparecen municipios antes ajenos a su influencia. La conclusión es matizada: en Arauca el cese al fuego sí parece haber sido usado tácticamente para contener a otros grupos, mientras que en Norte de Santander la escalada se dio después de roto el cese, lo que sugiere que no es la sola existencia de una tregua la que dispara los enfrentamientos, sino las capacidades, incentivos y relaciones locales de cada estructura.

¿Fortalecimiento militar por la retirada del Estado?

La tercera tesis atribuye el fortalecimiento del ELN a la reducción de los combates de las Fuerzas Militares en su contra durante el gobierno Petro. Distintos análisis han identificado síntomas de una erosión de capacidades tácticas y de inteligencia que se habría acelerado bajo la Paz Total.

Los datos de correlación de fuerzas —combates por iniciativa estatal frente a acciones armadas del ELN— confirman que el balance es el más desfavorable para la fuerza pública desde que existen registros comparables, acompañado de un crecimiento sostenido del número de integrantes del ELN. El patrón no es nuevo: algo similar ocurrió con Samper y Santos, cuando las concesiones para contener el impacto humanitario coincidieron con el fortalecimiento numérico de la guerrilla, mientras que Gaviria, Pastrana y Uribe, con ofensivas militares sostenidas, lograron devolverle la iniciativa al Estado. En la frontera con Venezuela específicamente, los combates no han crecido de forma constante desde 2017 —cayeron en 2020, 2022 y 2023— y la iniciativa militar del ELN supera a la estatal tanto en el gobierno Duque como en el de Petro (ver gráfico 2).

El ELN es hoy el segundo grupo armado con más integrantes del país: 7.000, de los cuales cerca de mil estarían en territorio venezolano. Su presencia territorial también se ha duplicado a nivel nacional, de poco más de noventa municipios en 2016 a 184 municipios en 19 departamentos en 2023. Sin embargo, estos indicadores no deben leerse automáticamente como fortalecimiento militar. El crecimiento en filas responde más a incentivos económicos que político-militares, y la tendencia de los reclutas a permanecer en sus zonas de origen dificulta la profesionalización de la tropa. En cuanto a la capacidad ofensiva, no hay una escalada lineal desde 2016, sino picos puntuales —2019, 2022 y, con particular fuerza, 2024-2025—, coincidiendo con cambios de gobierno y con la fecha de fundación de la guerrilla cada julio (ver gráfico 2).

Los frentes fronterizos —Norte, Nororiental y Oriental— concentran en promedio el 70 % de toda la acción armada del ELN a nivel nacional entre 2016 y 2025, con epicentro en el Catatumbo. Aun así, el repertorio dominante —hostigamientos y ataques con francotiradores— exige poco esfuerzo militar en armamento, logística y personal, y no equivale a una capacidad de combate de gran escala. Desde su IV Congreso de 2006, el ELN reconoce que no puede tomar el poder por la vía armada, y da prioridad a una guerra de resistencia que combine demostraciones de poder de fuego con la búsqueda de transformaciones sociales. Paradójicamente, esa misma lógica —usar la violencia como palanca de visibilidad durante las negociaciones— es la que el Estado interpreta como ausencia de voluntad de paz, y la que ha terminado justificando, con Santos, Duque y Petro, la suspensión de sucesivos procesos de diálogo con esta guerrilla.

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