El reajuste tiene que compensar el alza de los precios de este año, pero un alza excesiva agravaría la inflación para el año que comienza. Sugerencias sobre una decisión que esta vez será más delicada.
Jacobo Campo Robledo* y Juan Camilo Villar Otálora**
La espiral inflacionaria
La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios más representativos, y se mide como el cambio porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el DANE.
Históricamente ha sido muy estrecha la relación entre la tasa de inflación y el aumento del salario mínimo. En este caso, el aumento mundial de los precios del petróleo y los alimentos, más los problemas en las cadenas de suministro, hicieron que la tasa de inflación se acelerara en lo corrido de este año; por eso viene un reajuste sustantivo en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que a su vez implicaría un nuevo aumento en el nivel general de precios en 2023.
La desindexación
Por eso el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo anunció que los precios de los productos y servicios no se ajustan automáticamente al aumento del salario mínimo para el próximo año.
Esta medida tiene como antecedente el Plan de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019), cuyo artículo 49 dispuso desindexar todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, denominados y establecidos sobre la base e (SMMLV).
Es verdad que el aumento en el SMMLV acelera la inflación, pero también es cierto que una inflación elevada deteriora a capacidad adquisitiva de ese salario mínimo.
Actualmente, el Gobierno Nacional Central (GNC) ha identificado 204 productos y servicios que se encuentran indexados al aumento del SMMLV, como decir el SOAT, las cuotas moderadoras y copagos y las pólizas de seguros. Otro grupo de productos y servicios, tales como los avalúos catastrales, las matrículas de los colegios y universidades, las tarifas bancarias y los peajes, entre otros, se aumentan cada año según el resultado de la inflación del año inmediatamente anterior.
Defender el ingreso de los pobres
Es verdad que el aumento en el SMMLV acelera la inflación, pero también es cierto que una inflación elevada deteriora a capacidad adquisitiva de ese salario mínimo.
Esto puede explicarse de una forma sencilla: el aumento del SMMLV para 2022 fue de 10,07 % y la variación del IPC en 2021 fue de 5,62 %; en términos reales, el reajuste del salario mínimo fue de apenas 4,45 %. Al aplicar este razonamiento a los hogares catalogados por el DANE como vulnerables y pobres, el ajuste fue de 3,22 %.
Entonces puede inferirse que la desindexación del SMMLV tendría un efecto positivo sobre el poder adquisitivo de todos los agentes, especialmente sobre los vulnerables y pobres, dado que las alzas en los precios de productos y servicios, como los topes del valor de la vivienda tipo VIS y VIP, los cobros de multas de tránsito y las tarifas de los servicios del ICA, entre otros, no dependerán directamente del aumento del SMMLV.
Esta premisa se refuerza si recordamos que a finales del 2021 aproximadamente 12,9 millones de personas devengaron un SMMLV o menos.
Salario mínimo e inflación esperada
La más reciente Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME) del Banco de la República muestra que el 62,9 % de los participantes estiman que la inflación de este año cerrará en un rango entre el 12,0 % y 12,5 %, mientras que las propuestas que podrían llegar a la Mesa de Concertación del SMMLV de 2023 rondarían cifras entre el 13,0 % y 20,0%.
Así las cosas, y bajo este escenario, la decisión del gobierno en cabeza del ministro Ocampo, es acertada y va en la vía de las apuestas presentadas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
Pero ¿qué pasará si, digamos, en octubre de 2023, la inflación ya hubiera sido superior al reajuste del SMMLV que está por acordarse?, ¿debería el ministro de Hacienda anunciar otra desindexación de los productos y servicios que aumentan en función de la inflación?
Salario mínimo y empleo
El aumento del SMMLV para 2023 será mínimo del 13,0 %; cualquier punto porcentual adicional podría causar efectos negativos en el mercado laboral.
Lo anterior, dado que un grupo de investigadores del Banco de la República determinó que un aumento del 1,0 % en el SMMLV produce una pérdida de entre 46.000 y 72.000 empleos al año, siendo más perjudicadas las empresas de menos de 20 trabajadores, y las más nuevas.
Aun cuando el Banco de la República dispone de una serie de instrumentos para reducir la inflación, la política fiscal debe centrarse en un sistema tributario y de transferencias equitativo para eliminar la presión sobre la deuda pública, la demanda agregada y, por ende, contribuya a disminuir la inflación.
Recomendaciones
El deterioro de las finanzas públicas como resultado de la pandemia, el aumento de la inflación por causas internas y externas, y la devaluación del peso (causada por la volatilidad internacional y el endeudamiento externo) son los problemas más urgentes para un país que enfrenta altas tasas de desempleo, inequidad salarial e informalidad en el mercado laboral.
Dado lo anterior, una primera recomendación consiste en reforzar el trabajo coordinado entre las autoridades, más todavía cuando el nuevo gobierno se propone mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de los sectores populares.
Aun cuando el Banco de la República dispone de una serie de instrumentos para reducir la inflación, la política fiscal debe centrarse en un sistema tributario y de transferencias equitativo para eliminar la presión sobre la deuda pública, la demanda agregada y, por ende, contribuya a disminuir la inflación.
Teniendo en cuenta que el 24 de octubre se instaló la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, una segunda recomendación seria regionalizar el SMMLV —propuesta que ha sido debatida durante más de 10 años— toda vez que el costo de vida varía entre regiones, d modo que el SMMLV real es mayor en aquellas donde el costo vida es menor.
Dada la heterogeneidad observada en los niveles de productividad y en las características propias de cada región, la diferenciación podría ayudar a resolver los problemas del mercado laboral descritos con anterioridad.
Una tercera recomendación sería que el reajuste del SMMLV no se convierta en un asunto de inclinaciones políticas, sino que se decida a partir de la realidad coyuntural y de las bases técnicas, teóricas y empíricas del caso.
Tener claros los propósitos es fundamental. Un aumento elevado en este momento podría ser tan costoso en términos económicos y sociales que el gobierno nacional podría desviarse de los resultados esperados, plasmados en campaña, en el plan de gobierno y en el PND 2022-2026.
* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
