¿Hay salidas para el proceso de paz después de la detención de Santrich y las protestas de los altos mandos guerrilleros?
Ricardo García Duarte*
¿Narcos?
«Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador y que me vayan a decir que soy un narcotraficante. Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto. Prefiero dejar esa joda allá», dijo frente a un río caudaloso Iván Márquez, el antiguo comandante de las FARC, mientras señalaba la lejanía con el dedo índice, en ademán de tantear lo que dejó atrás.
Amenazaba con no tomar posesión de su curul el 20 de julio en el Congreso, como si se tratara del anuncio de una huelga política. Lo decía en los mismos momentos en que Jesús Santrich, su camarada y protegido en la guerrilla, adelantaba una huelga de hambre en La Picota, para protestar contra su detención por parte de la Fiscalía, bajo señalamientos de la DEA.
En una zona de resocialización en el Caquetá, con un río al lado y a una brazada de la selva, Iván Márquez dejaba en suspenso el posible regreso al monte.
La agencia gringa le había tendido una trampa a Santrich con agentes infiltrados, en la que aparentemente cayó el veterano comandante y exnegociador; un hecho que lo convertiría en “reo de conspiración”, según lo dicta la ley de Estados Unidos, por intentar la extravagante exportación de diez toneladas de cocaína.
Dentro de las pruebas en su contra, existen grabaciones de Santrich reunido con sus socios para pactar la venta en un apartamento al occidente de Bogotá, la capital de ese país que aparece en las tramas violentas de las series de Netflix, con narcos desalmados que realizan cruces de negocios millonarios y vendettas sin escrúpulos.
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A un brinco de la selva
 Iván Márquez. Foto: @IvanMarquezFARC |
El gesto de Iván Márquez no podía ser más elocuente, a propósito de la noche que se le venía encima al proceso de paz.
Aunque el acuerdo ya está “consolidado” por el abandono total de las armas, el punto más ensombrecedor es justamente la situación nada clara de un Santrich que, aun engañado, podría enfrentar la extradición, por probablemente haber picado el anzuelo.
En una zona de resocialización en el Caquetá, con un río al lado y a una brazada de la selva, el excomandante, segundo hombre de esa guerrilla, no solo manifestaba su protesta política, sino que además dejaba en suspenso el posible regreso al monte, si el precio que debía pagar fuera el de una eventual detención, con la perspectiva de una cárcel en Estados Unidos.
Ese desenlace desfiguraría el Acuerdo de Paz por punta y punta y lo echaría por tierra, al menos simbólicamente. Así, quedaría probado que altos mandos de la guerrilla continuaron delinquiendo después de haber hecho la paz, lo que dejaría sin sentido a la Justicia Especial.
El regreso a la selva de algunos combatientes dentro del esquema de las disidencias —ahora más fortalecidas por el negocio del narcotráfico— representaría un fracaso político sin más, después de un exitoso proceso de negociaciones que incorporó compromisos históricos del Estado:
- la puesta en marcha de una justicia transicional
- la reparación de las víctimas
- la ampliación de la democracia electoral
- y las transformaciones del mundo rural en beneficio de los campesinos despojados.
La transición de la guerra a la política
 Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC. Foto: Unidad Para las Víctimas |
Este proceso, como las demás soluciones negociadas, implica el paso de un estado de confrontación violenta a un estado de confrontación sin armas: el paso de la guerra a la política propiamente dicha. Tanto la guerra como la política la construyen los actores sociales para luchar por el poder, pero con medios distintos, como lo señaló el perspicaz Clausewitz.
Esa venturosa metamorfosis social que cambia los medios de confrontación es una transición que tiene lugar dentro de los límites que imponen el marco legal, las estructuras económicas y, por supuesto, el orden político.
Diversos estudios comparativos muestran que si hay participación política de los excombatientes, el acuerdo se hace más sólido y se amplía la democracia.
En todo caso, la incorporación de ciertos elementos en el acuerdo puede definir la suerte del posconflicto, ese marco de relaciones habitado por el cumplimiento de lo pactado en el que puede consolidarse o diluirse la paz.
Hay cuatro elementos dentro de un acuerdo que definen el destino de una paz negociada:
- La reinserción y la seguridad personal de los ex combatientes;
- La justicia y el perdón;
- La participación política y la democracia,
- Las reformas sociales.
Con las primeras, las bases insurgentes se integran a la sociedad. Con la justicia, la sociedad es reparada. Con la participación, los dirigentes se convierten en líderes aceptados dentro de la legalidad en la lucha por la representación y el control del poder y con las reformas, las comunidades mejoran su condición y su dignidad.
Diversos estudios comparativos muestran que si hay participación política de los excombatientes, el acuerdo se hace más sólido y se amplía la democracia, como en El Salvador y en Irlanda del Norte, o como en Colombia con la negociación con el M-19.
Ahora bien, si no se hacen reformas estructurales, la descomposición social y la desigualdad dan lugar a otras variantes de violencia, como en el mismo Salvador. Por otro lado, si no hay justicia reparadora y perdón sanador, otros ciclos de violencia toman vuelo como en la Colombia posterior a la Violencia de los años 50, en el siglo pasado.
El Acuerdo de las FARC con el Estado ha contemplado con claridad aunque con deficiencias en su implementación esos cuatro elementos, factores que le confieren verdadera durabilidad y cuya incidencia debería propiciar una paz sólida y un proceso exitoso.
Lo anterior contrasta con el episodio judicialmente rocambolesco de Santrich, con las amenazas airadas de Iván Márquez y con los curiosos extravíos geográficos de “El paisa”, el temido excomandante de la Teófilo Forero, de cuyo paradero a veces no se sabe nada. De todos esos hechos críticos emerge una vez más la sombra de la guerra.
Los recursos de la guerra que entorpecen la paz
 Dejación de armas por parte de las FARC. Foto: Presidencia de la República |
Quizás el proceso tendría que haber contado con una consideración más: el de los recursos con los que se ha sostenido la guerra.
Aunque el narcotráfico estuvo incluido en la agenda de los acuerdos, no se trata de un fenómeno que pueda desaparecer con una firma, como sí sucedió con las armas. De hecho, los cultivos ilícitos aumentaron y con ellos el potencial de recursos económicos, los cuales son asegurados nuevamente mediante el uso de la violencia, como lo ha mostrado el caso de “Guacho”, el criminal disidente, instalado en la enrarecida frontera del país con el Ecuador.
La paz deberá enfrentar los avatares que sobrevengan con el cambio de gobierno, que abrirá un escenario político más azaroso que el conocido hasta ahora.
No hay que olvidar que el conflicto armado ha sido también —quizás sobre todo— una disputa por los recursos. El recurso del narcotráfico, como negocio de procesamiento y de exportación o como fase primaria de cultivos, se levanta como un factor de perturbación y de atracción que deteriora el Acuerdo de Paz, sin necesariamente matarlo del todo.
Son las disidencias las que representan un esquema regresivo que, robusteciéndose, puede minar la paz, eso sí, con la intervención de actores que se degradan aceleradamente en medio del mercado violento de las drogas.
Con todo, aun con el fortalecimiento de las disidencias, el Acuerdo de Paz podría preservarse si Timochenko mantiene su lealtad y si el Gobierno Nacional cumple su parte. Por ahora, la paz deberá enfrentar los avatares que sobrevengan con el cambio de gobierno, que abrirá un escenario político más azaroso que el conocido hasta ahora.
* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
