¿Qué hay detrás del anuncio –y la retractación- del gobierno sobre el retiro de la Oficina de la ONU? ¿Y qué hace en realidad esta Oficina?
Marco A. Velásquez Ruiz*
Foto: flickr.com/Gustavo Petro Urrego
La Oficina
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un organismo especializado en la promoción y protección de los derechos humanos. Surgió de las discusiones llevadas a cabo en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993.
En contraste con las tradicionales reuniones sostenidas cada año en Ginebra, en esta conferencia especial se discutió la necesidad de profundizar en la promoción y en la protección de los derechos humanos mediante sistemas más efectivos y mejor adaptados a las distintas realidades nacionales.
La institución se convirtió en una presencia permanente mediante oficinas en algunos países dedicadas a velar por los criterios que la Carta de Naciones Unidas establece en materia de derechos humanos. Estas oficinas trabajan en cooperación con el Estado respectivo y tienen una doble función:
· asesorar a las autoridades nacionales en la formulación de políticas y
· presentar informes relacionados con el estado de los derechos humanos en el país.
En el caso de Colombia el convenio se firmó en noviembre de 1996 por invitación del entonces presidente Samper y se llevó a cabo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores –entonces era ministra María Emma Mejía- y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Desde sus comienzos esta Oficina ha adelantado una labor crucial, aunque no exenta de errores o de obstáculos propios de un país socialmente desigual, diverso y con un conflicto que lleva varias décadas.
Decisión reactiva y errática
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Foto: United Nations – Gevena |
En las últimas semanas se ha presentado un debate sobre la permanencia o retiro de la Oficina en Colombia.
El 17 de julio, con ocasión de la visita a Colombia de Navi Pillay -Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos-, y de modo inesperado, la ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín anunció la intención de prorrogar el mandato de esta Oficina por sólo un año más, hasta el 31 de octubre de 2014. El presidente Santos también había declarado de forma muy escueta que Colombia no necesitaba la presencia de oficinas de la ONU debido a los avances en la promoción y defensa de los derechos humanos.
La Alta Comisionada manifestó su sorpresa ante las declaraciones del gobierno, y hubo además reacciones en el mismo sentido por parte de algunas organizaciones sociales, medios de comunicación y académicos. Ante las reacciones, el presidente Santos volvió a pronunciarse en términos moderados y afirmó
· que se había malinterpretado su mensaje
· que él debía respetar las decisiones del próximo gobierno, pues su período concluye el 7 de agosto del próximo año.
La posición del gobierno puede ser interpretada de tres formas diferentes:
· Como una actitud seria -aunque unilateral- basada en la conclusión de que el ciclo se ha cumplido y que Colombia ya no necesita la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada. Esto implicaría un cambio sustancial en la situación de los derechos humanos en el país.
· Como una jugada política en un momento de intensas protestas sociales y en pleno período pre-electoral, cuando resulta conveniente proyectar una imagen de estar en control y de haber avanzado en derechos humanos. Se intentaría mostrar que existen garantías por parte del Estado y que este defiende y promueve los derechos humanos.
· Como una reacción de inconformidad ante las declaraciones de Todd Howland – el actual representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH- en un comunicado referente al manejo que el gobierno le ha dado a las protestas del Catatumbo, acerca de lo cual manifestó que “se había presentado uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para conjurar dicha situación”.
Las dos últimas interpretaciones parecen ser las más adecuadas. La cantidad y gravedad de las denuncias sobre violación continuada de los derechos humanos en Colombia hacen insostenible la tesis de que no se necesita la asistencia de la Oficina de la Alta Comisionada.
Errores diplomáticos y confusiones gubernamentales
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Foto: Casa de América |
Después de la tempestad creada por las declaraciones del presidente y de la ministra, es muy probable que al final no pase mucho y que el mandato de la Oficina sea renovado en 2014, para seguir con sus funciones habituales. El episodio se recordará como otro “bloop” político.
No obstante es conveniente anotar ciertos errores del actual gobierno y la necesidad de replantear algunos lineamientos de su política exterior que afectan su relación con la Organización de las Naciones Unidas.
· Más allá de su legítimo derecho de discrepar a través de los canales de la diplomacia, el gobierno asumió –así fuera de manera momentánea– una posición hostil frente a la labor que la ONU y sus agencias vienen desempeñando en materia de derechos humanos. Fue una situación mal manejada desde el punto de vista político y diplomático por parte de la Cancillería, que se ha equivocado con frecuencia en los últimos tiempos.
· Lo anterior parece indicar que los organismos encargados de los asuntos de derecho internacional y derechos humanos no tienen clara una de las premisas del mandato de la ONU y sus agencias: no se trata de un proceso de rendición de cuentas o de imputación de responsabilidades, sino de acompañamiento y cooperación.
Ese acompañamiento requiere, en ocasiones, que se llame la atención de las autoridades cuando algo está fallando. Asimismo, la publicación de los resultados del trabajo de una agencia es parte de la rendición de cuentas que la organización como tal debe hacer a la comunidad internacional, que es quién financia su trabajo. Ni los llamados de atención ni los informes públicos pueden ser considerados como acusaciones a los Estados.
· El Gobierno envía un mensaje confuso a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y en la búsqueda de una paz duradera. Resulta difícil aceptar que en Colombia no es pertinente la presencia de una institución internacional que promueve el respeto de los derechos humanos.
Si bien ya no se trata de un presidente diciendo que los defensores de derechos humanos son unos idiotas útiles al servicio del terrorismo –como sucedió durante los ocho años del gobierno Uribe-, se le está pagando de mala forma a muchas personas –nacionales y extranjeros– que han dedicado años a la causa de los derechos humanos en Colombia.
Falta de visión
El actual Gobierno le ha apostado de forma decidida a las negociaciones de paz y a un proyecto de justicia transicional, por lo cual resulta polémica -por decir lo menos- la decisión o el intento de prorrogar sólo por un año el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Decir que Colombia ya no necesita de la ONU es vergonzoso debido al desconocimiento de lo que ocurre en el país en cuestión de derechos humano, porque es una indelicadeza con esta organización internacional y porque refleja ignorancia respecto a un asunto que debería estar clarísimo: la suerte de la implementación de un proyecto de justicia transicional en la posible etapa de postconflicto depende en gran medida de los buenos oficios y despliegue esta oficina y su representante en el país.
* Investigador, consultor y profesor universitario. Abogado de la Universidad Javeriana, máster en Derecho Internacional de IHEID-Suiza, candidato a Doctor en Derecho de Osgoode Hall Law School-Canadá.
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