San Andrés, Providencia y Santa Catalina dos meses después del huracán Iota - Razón Pública
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San Andrés, Providencia y Santa Catalina dos meses después del huracán Iota

Escrito por Luisa Ordóñez
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El plan del gobierno para la reconstrucción ya está en marcha, pero ni las ayudas más esenciales han sido entregadas a cabalidad. ¿Qué esperar?

Luisa Fernanda Ordóñez*

Providencia y Santa Catalina devastadas

La madrugada del 16 de noviembre de 2020 el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufrió los embates del huracán Iota.

Hasta 24 horas antes, el huracán no suponía un gran riesgo para las islas. Pero acabó por sorprender al gobierno nacional, al gobierno local y, sin duda, a los raizales, isleños y residentes cuando se acercó mucho más al archipiélago de lo que se había previsto y pasó de categoría 2 a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, que mide la velocidad de los vientos.

Las afectaciones no fueron las mismas en las tres islas:

  • San Andrés, con 26 km2 y una población estimada de 100.000 habitantes, recibió los impactos del huracán Iota con más fuerza en la parte sur de la isla. La carretera circunvalar quedó destruida, cientos de palmeras y árboles caídos, algunas casas destechadas con goteras y otras destruidas.
  • La situación fue más crítica en las islas de Providencia (17km2) y Santa Catalina (1km2) que se encuentran a unos 93 km de la isla de San Andrés. El huracán pasó a menos de 12 km con una velocidad de 250km/h y destruyó todo a su paso. Dejó más de 6 mil habitantes damnificados, 4 muertos y el 98% de la infraestructura destruida.

A diferencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina acabaron completamente devastadas y sus habitantes quedaron a la deriva. Según la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), de las 1.295 casas evaluadas en Providencia, 78 casas mantuvieron sus cimientos y 596 quedaron completamente destruidas.

Esto hizo evidente la necesidad de un plan para salvaguardar a la gente y recuperar la infraestructura. Las autoridades nacionales y locales llevan dos meses haciendo presencia en el archipiélago y se han recibido miles de donaciones.

Pero los habitantes de Providencia y Santa Catalina han denunciado la monopolización en la entrega de ayudas humanitarias y las deficiencias en las carpas entregadas por el gobierno nacional, que no han aguantado las lluvias incesantes.

A diferencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina terminaron completamente devastadas y sus habitantes quedaron a la deriva

Incluso, muchos providencianos se han visto empujados a abandonar sus casas y pertenencias por las condiciones precarias y deshumanizantes y trasladarse a San Andrés, inicialmente a albergues de paso.

No sobra decir que el huracán encontró al archipiélago en una situación vulnerable. La pandemia y los confinamientos sumieron a las islas en una crisis económica por su dependencia casi exclusiva al turismo. Esto, sumado al desastre natural, tiene al archipiélago en una situación asfixiante, tanto social como económicamente.

Problemas en la atención de la emergencia

En San Andrés, la reconstrucción y el levantamiento de escombros se hizo en las semanas siguientes al paso del huracán. Algunos tramos de la circunvalar fueron restablecidos y otros siguen a la espera de intervención.

En Providencia y Santa Catalina, por la magnitud de los daños, el proceso de reconstrucción será más prolongado y hasta ahora no hay un balance claro de los avances. Peor aún, no se han garantizado unas condiciones mínimas a corto plazo para la población afectada.

Según la directora de Prosperidad Social y gerente de la reconstrucción de Providencia, Susana Correa, se entregaron: “más de 2.500 kits de alimentación, más de 2.800 kits de aseo, más de 2.013 carpas, además de 1.950 toldillos y 1.275 frazadas, al igual que carpas”. La UGRD también anunció que empezarían con la entrega —ya retrasada— de tejas.

A partir de estas cifras, se pensaría que en Providencia todo marcha bien. Pero lo cierto es que las cifras de tejas y carpas entregadas y de personas beneficiadas son ambiguas y contrastan con la situación dramática y la incertidumbre en la que sigue sumida la población afectada.

Hace apenas unos días salió el primer listado de personas damnificadas por el Iota en Providencia, a quienes paradójicamente se les pedía registrarse por internet en la base de datos de damnificados, cuando en las islas no había luz y mucho menos acceso a internet.

Es más, casi dos meses después del paso del huracán familias enteras siguen mojándose bajo los escombros o cimientos de sus casas a la espera de algunas tejas o unas carpas en buen estado que resistan la lluvia.

Grupo de facebook solidarity with old providence. Pedido de auxilio de los habitantes de Providencia.

De modo que los reclamos diarios de la comunidad por una mejor gestión de las ayudas no son exagerados. Tampoco fue extremista la acción de tutela interpuesta por la veeduría raizal en cabeza de Josefina Huffington el pasado 16 de diciembre, que exige la instalación de techos provisionales y la declaración de un corredor humanitario para facilitar el desplazamiento interno, entre otras medidas cautelares.

El 30 de diciembre se adelantó una protesta de raizales y residentes en Providencia hacia el Aeropuerto El Embrujo junto con un pliego de peticiones, que siguen siendo casi las mismas desde que pasó el huracán y que no han sido satisfechas.

Casi dos meses después del paso del huracán familias enteras siguen mojándose bajo los escombros o cimientos de sus casas

Vale la pena recalcarle al gobierno nacional que el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina es una responsabilidad estatal.

El Plan 100: así será la reconstrucción

Este 6 de enero el presidente Duque dio a conocer el “Plan 100”, que contempla la reconstrucción masiva en infraestructura y reactivación económica para Providencia, y que se llevará a cabo durante los primeros 100 días del presente año.

Según el plan, para el 10 de abril se habrán cumplido:

  • La intervención completa de 70 establecimientos comerciales de los 205 que existen y que resultaron afectados por el paso del huracán Iota;
  • La recuperación de 102 de los 167 establecimientos turísticos correctamente censados;
  • La construcción de 1027 de las 1134 casas que fueron arrasadas por el huracán;
  • La rehabilitación de los edificios de Bomberos y la Alcaldía;
  • La creación de un hospital de segundo nivel (su construcción irá hasta el 2022);
  • El restablecimiento en un 100% el servicio de energía y agua potable para las islas de Providencia y Santa Catalina; y
  • La creación de 37 aulas provisionales para los estudiantes de educación primaria y secundaria de Providencia y Santa Catalina.

Aunque el Plan 100 suena bien en el papel, la comunidad insular está a la espera que este se cumpla a cabalidad y en las fechas previstas y que esos 100 días no se tornen en 1000 días para la reconstrucción de las islas.

Sobre todo, cuando es innegable que la corrupción existe y que es un lastre que superar en el archipiélago. La Procuraduría puso bajo la lupa 318 contratos, por valor de $7.035 millones, firmados un día después del huracán y que corresponden a obras y servicios que no están asociados de manera directa con la recuperación y reconstrucción del archipiélago.

Participación, veeduría e intercambio de experiencias

Ante este panorama, hay tres condiciones que deberían cumplirse en el proceso de reconstrucción.

Primero, debe incluirse a la población raizal, isleña y residente en la toma de decisiones. Por ejemplo, para reconstruir la vivienda no basta con brindar casas prefabricadas. Sobre todo, cuando se trata de una comunidad étnica, deben tenerse en cuenta sus características sociales, culturales y urbanísticas.

La Procuraduría puso bajo la lupa 318 contratos, por valor de $7.035 millones, firmados un día después del huracán

Si el objetivo es construir casas más resistentes, pero en sintonía con su idiosincrasia, ¿por qué no emplear y empoderar a la población isleña en la reconstrucción? Hace falta mejorar la comunicación con la comunidad y dar a conocer una hoja de ruta del gobierno donde la población pueda participar activamente.

La segunda es establecer una veeduría eficaz por parte de entes de control nacionales a la par de la veeduría ya instaurada por la comunidad raizal con el fin de supervisar el cumplimiento de lo pactado, no solo en términos de tiempos y gastos, sino de las condiciones en que debe darse la reconstrucción de las islas.

Finalmente, se deben aprovechar las experiencias de reconstrucción y gestión del riesgo de otras islas y sacarle provecho a nuestra cercanía con el caribe anglófono. ¿Por qué no entablar mesas de experiencia y experticia con otras islas del caribe?

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