Para solucionar la crisis de los medios, el gobierno propone un apoyo financiero que ha suscitado opiniones encontradas. Hay dudas razonables y preocupaciones sin causa.
Juan Carlos Garzón Barreto*
La crisis de los medios
La emergencia sanitaria agravó la crisis de los medios de comunicación, perjudicando a medios privados, públicos, comunitarios y sin ánimo de lucro.
Por eso el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) invertirá 85 mil millones de pesos para apoyar a los medios y financiar proyectos de transformación digital.
Esta crisis de los medios ha sido abordada por Germán Vargas, Simón Gaviria, Guillermo Franco, Germán Rey y un artículo que escribí para UN-Periódico Digital. Estos textos examinan las cifras, los factores y las consecuencias de la crisis, y recuentan la experiencia de países europeos que han financiado medios privados con dineros públicos.
El apoyo financiero a la industria de la información, las comunicaciones y los medios es necesario y urgente para asegurar su subsistencia en Colombia.
Pero hay también quienes sugieren que esta financiación compromete la independencia de los medios de comunicación. Algunos insinúan que estos recursos son ‘mermelada mediática’ y que se le está entregando a medios privados los impuestos de los ciudadanos. Además, el proceso para escoger a los beneficiarios ha producido suspicacias y preocupación pública.
Por estas razones importa hacer claridad sobre la crisis de la industria, el origen y el monto de los recursos públicos, y los riesgos para la libertad de prensa que entraña la interferencia indebida en la evaluación de los proyectos que se financiarán.
Origen de los recursos
Los recursos que recibirán los medios no provienen, en principio, de los impuestos a la renta y complementarios que pagan los ciudadanos. Tampoco proceden del impuesto sobre las ventas (IVA).
De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (Ley 2063 de 2020, art.105), estos recursos saldrán del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). Y como estipula la Ley 1978 de 2019 (artículos 21 a 24), el FUTIC resulta de la fusión de los fondos de televisión (FONTV) y de TIC (FONTIC).
Las fuentes de estos fondos son:
- los derechos, las tasas y las tarifas por concesiones, uso de frecuencias y contraprestaciones de los operadores;
- las multas y otras sanciones a los prestatarios;
- los intereses sobre obligaciones;
- los rendimientos financieros por inversiones; y
- los recursos que destine el presupuesto nacional.
Este recaudo aumenta con la venta de servicios TIC y con el tráfico diario en redes de los consumidores de contenidos de medios impresos, audiovisuales y digitales.
Así, los 85 mil millones de pesos que serán distribuidos provienen de los aportes y recursos producidos por el mismo sector de las TIC. Tan solo en 2017, los empresarios de televisión le aportaron al FONTV 262.790 millones de pesos, mientras los de las telecomunicaciones y las TIC desembolsaron al FONTIC 1 billón de pesos.
El apoyo financiero a la industria de la información, las comunicaciones y los medios es necesario y urgente para asegurar su subsistencia en Colombia.
No se justifica, entonces, hablar de ‘mermelada mediática’ o decir que el FUTIC le está entregando los impuestos de los ciudadanos al sector de los medios en Colombia. Por el contrario, esta reinyección fiscal del capital financiero que generó el esfuerzo empresarial del sector pretende garantizar la sostenibilidad de la industria de los medios y la reactivación económica.
Es sólo el primer paso
La quiebra de los medios afectaría el pluralismo y las libertades de expresión, de información y de prensa: derechos fundamentales y bienes esenciales de la democracia. Adicionalmente, conllevaría la reducción de los aportantes al FUTIC, que financia la radio y la televisión públicas, así como los proyectos TIC del Plan Nacional de Desarrollo.
Los 85 mil millones que serán distribuidos son una suma irrisoria. Según la Revista Dinero, el sector de los medios registró en 2018 pérdidas por más de 100 millones de dólares. El apoyo financiero para este sector en crisis es apenas el 4,3% del presupuesto de 2020 de la Universidad Nacional, que es de 1,9 billones de pesos.
Esta inyección financiera es apenas la cuota inicial de un buen paliativo para la crisis. Teniendo en cuenta que la información es un derecho complejo y un bien esencial, el Proyecto de Ley 476 de 2020-Cámara podría ser reconvertido en una política de Estado que flexibilice las posibilidades para crear empresas de medios.
Además, podrían establecerse incentivos que aumenten la inversión en el sector, la sostenibilidad de la industria y el empleo para comunicadores, periodistas y otros trabajadores del medio. Para esto se podrían destinar los 50 millones de dólares que proyecta recaudar la DIAN por el suministro de servicios en plataformas, gravados por el artículo 437-2 del Estatuto Tributario.
Mecanismo de selección ineficiente y riesgoso
El ministerio de las Tic propone una convocatoria —entre más de 2.400 medios— para seleccionar los proyectos que recibirían apoyo financiero. Estos serían evaluados por una universidad pública, invitada a celebrar un contrato directo. De esta propuesta surgen dos preocupaciones:
- ¿cuánto valdría el contrato para que una universidad —discrecionalmente— opere semejante convocatoria?
- Y, al decirle a los medios qué proyectos son del gusto o preferencia informativa y cultural de los evaluadores/censores, ¿se podría estar vulnerando la libertad de prensa?
Sólo para evaluar y seleccionar los proyectos beneficiados se celebraría un contrato público de aproximadamente mil millones de pesos. Con esa cantidad de dinero, que seguramente no recibirá la mayoría de medios, se podría adquirir el equivalente a 5.917 suscripciones digitales premium en un periódico de circulación nacional. ‘Escoger’ a los beneficiarios de la reactivación mediática costaría lo mismo que 71.004 meses de suscripción digital.
Esta reinyección fiscal del capital financiero que generó el sector pretende garantizar la sostenibilidad de la industria de los medios y la reactivación económica.
Esta convocatoria no pretende seleccionar el tipo de proveedores que normalmente se someten a estos procesos con el Estado. No se está buscando, por ejemplo, distribuidores de varillas. En esta convocatoria se evaluarán y seleccionarán proveedores de información, opinión y expresión.
De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el gobierno no puede intervenir en los contenidos, infraestructura e insumos de producción de los medios, ni puede afectarlos con relaciones administrativas abusivas. El principio de la libertad de prensa reside en garantizar la libertad de fundar medios y de que estos puedan actuar sin las interferencias indebidas del gobierno o de otros poderes, incluyendo el de la autonomía universitaria.
Propuestas y alternativas
El ministerio de las TIC debería, simplemente, trazar principios y lineamientos técnicos sobre los alcances, límites y prohibiciones en el uso de los recursos y asignar directamente cupos de financiamiento para la reactivación mediática. Los medios podrían inscribir sus iniciativas en un banco público de proyectos, garantizando su cumplimiento contra una póliza.
De esta manera evitaríamos la ineficiencia y los inconvenientes de contratar a terceros-censores. Se podría prevenir que estos evaluadores externos, ejecutando contratos para seleccionar insumos mediáticos, pongan las manos sobre el núcleo administrativo y los contenidos de los medios, vulnerando la libertad de prensa por el anhelo de transparencia.
Una auditoría podrá verificar, posteriormente, la conformidad de la inversión pública. La Ley 2066 de 2020 ya benefició a 660 medios con 6,875 millones de pesos del FUTIC, sin amenazar contenidos ni incurrir en costos de selección. No hay razón para desconfiar de la industria de los medios. No se le debería tratar con un antipático criterio que presume su minoría de edad corporativa.
El debate sobre el financiamiento de los medios con recursos públicos es una delicada cirugía democrática, jurídica e institucional. Se debe garantizar la independencia de la información profesional y de calidad, asegurando la sostenibilidad de las industrias, el pluralismo y la libertad de expresión.
La columna vertebral de esta operación consiste en que ni el gobierno de turno, ni otros poderes públicos, privados o ciudadanos, puedan interferir en el núcleo de las libertades de expresión y de prensa o en la libertad e independencia de los periodistas, con mecanismos directos o indirectos.
Por lo demás, los cupos de reactivación y fomento mediático se podrían volver una política permanente en Colombia. Pero sólo mientras ninguna mano extraña pueda tocar la diversidad de las opiniones, la veracidad e imparcialidad de la información, la libertad de los contenidos, los insumos y los procesos que garantizan el ejercicio pleno de estos derechos.
