El salvamento de las empresas pequeñas y medianas

Qué están pidiendo los empresarios, qué proponen los gremios y cuál ha sido la respuesta del gobierno*

Edna Sastoque** y Angie Culma***

Tres urgencias

Las medidas de emergencia del Gobierno nacional han tratado de atender enormes desafíos en materia de salud, de asistencia social y de mantenimiento de las actividades económicas.

En cuanto a la salud, el objetivo ha sido abastecer los centros hospitalarios para que puedan atender la pandemia y hacerlo en medio de las dificultades que ya tenían: los complejos problemas de regulación, la deuda acumulada y la precariedad laboral -ahora agravada por la falta de equipos para proteger al personal médico-.

En materia social, la prioridad ha sido asegurar la alimentación y el acceso a los servicios públicos de los más pobres, que viven del “día a día” y carecían de ahorros para sobrevivir. Esto se ha hecho principalmente a través de los programas Familias en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario, complementados por la devolución del IVA y los alivios en el pago de servicios. Pero son muchas las dificultades para identificar y llegar rápidamente a los beneficiarios, de manera que aquí se han denunciado prácticas corruptas que agravan el problema.

Y la ingente tarea financiera y administrativa que implica enfrentar la Covid y asegurar la sobrevivencia de los muy pobres se da además en medio de un proceso acelerado de destrucción de las actividades económicas.

Mipymes en peligro

A pesar del optimismo de muchos gobiernos por sus medidas para frenar la pandemia, el sector empresarial está cada vez más afectado: la insolvencia o el cierre son amenazas alarmantes y crecientes para la mayoría de las empresas del mundo.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) colombianas, los riesgos parecen ser más altos, dadas su escala de producción y el tipo y número de trabajadores que suelen emplear.

Aunque sabemos que de las mipymes dependen gran parte de la producción y del empleo durante y después de la cuarentena, una gran dificultad para entender y mejorar su situación es la diversidad de sus actividades y tamaños.

El cierre son amenazas alarmantes y crecientes

Según la Ley 590 de 2000 —la “ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa”—, una microempresa ocupa máximo 10 trabajadores; una pequeña empresa, entre 11 y 50 trabajadores. Pero estas dos categorías son demasiado genéricas y no permiten discernir las diferencias en el modo como son afectados por la crisis -ni en el tipo de apoyo que requieren-, por ejemplo, un laboratorio químico sofisticado y una tienda de barrio que ocupen igual número de trabajadores.

Y hay otra dificultad: ni las microempresas ni las pequeñas empresas suelen estar afiliadas a organizaciones gremiales; de una manera aislada y poco visible, se han limitado a pedir auxilios o medidas dispares que las ayuden a sobreaguar la crisis.

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ACOPI y ANDI: propuestas divergentes

Sin embargo, tenemos la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), fundada en 1952, y de acuerdo con la cual las mipymes constituyen el 98 % del tejido empresarial, generan el 80 % del empleo y el 40 % del producto anual.

Estas han sido las propuestas o solicitudes de ACOPI a raíz de la pandemia:

• Que el gobierno asuma o subvencione el pago de la nómina en vez de extender créditos cuyo repago deprimiría aún más a las mipymes.
• Que se extiendan los plazos para pagar servicios públicos.
• Que se reduzcan las tarifas y se pospongan por cuatro meses los pagos por concepto de IVA, impuesto al consumo, retención en la fuente, impuesto de industria y comercio, y otros tributos o tasas debidas al Estado.
• Que se reestructuren los créditos vigentes, con un periodo de gracia de seis meses, congelando el pago de capital y cobrando solo el interés corriente.
• Que se posponga por tres meses el pago de aportes al sistema de seguridad social y que en caso de mora no se suspendan los servicios médicos asistenciales.
• Que por lo menos el 30% de las compras oficiales del nivel nacional o regional sea provistas por las mipymes.

Por su parte la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) dice que está de acuerdo con la financiación de la nómina a través de los créditos –aunque coincide con ACOPI en la solicitud de que sean reprogramadas para cancelarlos una vez que hayamos vuelto a “la normalidad”-.

Cada gremio defiende a sus afiliados, pero uno y otro subrayan la importancia del sector financiero, cuya liquidez debe ser mantenida para que las empresas -grandes o pequeñas- sigan funcionando-; y en ambos casos se da la petición de que los bancos asuman una mayor cuota de la crisis por la vía de menores intereses, períodos muertos o postergación de pagos.

En medio de las presiones y propuestas a menudo divergentes de los gremios, los últimos decretos y anuncios del Gobierno apuntan a que no se pierdan más empleos ni se cierren más empresas. Pero esto no se logrará si las medidas para proteger a las mipymes no se aplican rápidamente y a una escala nacional.

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¿Quién se sacrificará?

Una empresa se acerca a la quiebra a medida que sus pérdidas hacen más y más difícil que siga funcionando en el mediano plazo.

Una microempresa ocupa máximo 10 trabajadores; una pequeña empresa, entre 11 y 50 trabajadores

Estas pérdidas se dan por el cierre total o parcial de las fábricas, oficinas o redes de distribución debido a las medidas de confinamiento -más las dificultades para cobrar las facturas ya causadas-, mientras se siguen acumulando las deudas por concepto de nómina, pagos a proveedores, intereses bancarios y otros conceptos.

Parece obvio que todas o casi todas las mipymes de Colombia están atravesando la situación anterior, y que por tanto necesitan los auxilios urgentes del Gobierno. Y, sin embargo, infortunadamente son muchas las preguntas que aún tenemos sobre el sector:

• ¿Qué tan ciertas son las cifras sobre el número de empresas, sus valores agregados, la cantidad y calificación de sus trabajadores?
• ¿Se podrá recuperar con más facilidad una microempresa que una empresa mediana?
• ¿Cuál tiene más acceso al sistema financiero?
• ¿Cuál sufre más al perder uno, dos o hasta tres de sus trabajadores?

Ni los decretos ni las medidas anunciadas responden a estos interrogantes.

En la práctica, parece que el Gobierno les ha dado prioridad a las grandes empresas, que están mejor representadas por los gremios, pero tal vez no generan tanto empleo.

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de las autoras.

**Docente e investigadora de la Facultad de Economía en la Universidad Externado de Colombia.

***Investigadora de la Facultad de Economía en la Universidad Externado de Colombia.