Un recuento de los vínculos del exgobernador con los paramilitares, su paso por la JEP y lo que falta por esclarecer.
Jaime Alberto Torres* y Mónica Burgos**
Salvador Arana ante la JEP
El 12 de febrero de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, pero negó su solicitud de libertad transitoria y le ordenó hacer un aporte claro y nuevo a la verdad.
Arana manifestó que aportaría verdad sobre:
- la “realidad sociopolítica” de la región
- la infiltración de grupos paramilitares en todos los estamentos;
- el manejo de las alcaldías en el Golfo de Morrosquillo, y
- “algo que no ha salido a la opinión pública”.
Además, anexó una “matriz de verdad” encriptada por la sensibilidad de la información y un “compromiso programático” de entrevistas con personas que ayudarían a esclarecer la verdad, sin detallar cuáles serían los aportes de cada entrevistado. El primero de los documentos nunca fue desencriptado para consulta de la JEP. Por último, no presentó propuestas de reparación para todas las víctimas de los delitos en los que se encuentra involucrado.
En febrero de 2021, la JEP abrió la posibilidad de expulsar a Arana de su jurisdicción, por considerar que no eran suficientes sus aportes a la verdad y la reparación. Por eso, este 19 de julio, Arana presentó un nuevo plan de verdad y reparación ante la JEP.
En su nueva propuesta, el exgobernador afirma que revelará hechos desconocidos sobre las relaciones del Estado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según Arana, las AUC infiltraron la política de Sucre, tomaron los recursos del sector salud, y tuvieron relaciones cercanas con ganaderos de la región y con miembros de la Policía y la fuerza pública que les permitieron andar libremente por el departamento.
La parapolítica en Sucre
La parapolítica es el conjunto de pactos y vínculos que establecieron los paramilitares y los políticos con propósitos económicos, políticos y sociales. El fenómeno tuvo lugar en al menos 26 de los 32 departamentos del país.
En Sucre, estos acuerdos entre actores legales e ilegales permearon todos los espacios de representación política. Por lo general, quienes tuvieron vínculos con los paramilitares provenían de familias con grandes extensiones de tierra y acceso a cargos públicos de alto o mediano nivel, en el Congreso, las gobernaciones o las alcaldías.
En 2010, al menos treinta y cinco políticos de Sucre habían sido procesados por sus nexos con grupos paramilitares, entre ellos, el exgobernador y exembajador Salvador Arana.
Cuatro factores para entender la parapolítica
Para comprender la parapolítica en este departamento es necesario tener en cuenta cuatro factores.
En primer lugar, las características geográficas de la región de Montes de María. La región cuenta con un conjunto de corredores estratégicos que permiten la movilidad fronteriza por departamentos como Antioquia, Córdoba y Bolívar: áreas densificadas por cultivos de coca, y con salidas directas al mar Caribe y sus puertos, lo cual propicia el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Esto ha convertido la región en un escenario de conflictos sociales asociados con la lucha campesina y la presencia de grupos armados ilegales. Desde hace más de cuatro décadas, estos grupos se han disputado el control de la zona.
En segundo lugar, la coincidencia entre el poder económico y el político. En Sucre, un número reducido de familias –algunas descendientes de migrantes sirios y libaneses– revolucionaron el comercio local con la introducción del crédito y el desarrollo industrial. Esto propició la colonización y la expansión de la frontera agrícola, y les permitió controlar grandes cantidades de terrenos baldíos que posteriormente tuvieron vocación agrícola y ganadera.
Este éxito económico les dio a estas familias un lugar en la alta sociedad y, por lo tanto, en la política regional. El parentesco se convirtió en el método de producción, reproducción, distribución y trasmisión del poder, especialmente a través del matrimonio.
Lo anterior dio lugar al tercer factor: la difusa línea de separación entre la élite política y la élite empresarial. En Sucre se ha instaurado un poder privado y rural, basado en la hacienda, que les otorga a las élites estatus económico y social.
Por último, la organización del poder político en Sucre no se basa en lógicas partidistas, sino en alianzas temporales entre los jefes de cada una de las casas o familias tradicionales, que a su vez representan una facción política.
Arana y su trayectoria criminal
En diciembre de 2009, Arana fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cuarenta años de prisión por:
- la desaparición y homicidio del exalcalde de El Roble, Eudualdo León Diaz Salgado;
- su participación voluntaria en la firma del Pacto de Santa Fe de Ralito, y
- su contribución para crear y mantener los grupos paramilitares de La Mojana y Majagual.
Estos grupos paramilitares nacieron en el seno de la Casa Castaño y dependían de ella para distribuir sus labores y responsabilidades. Los aspectos referentes a la financiación fueron delegados a Eder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana quien, por pertenecer a la clase pudiente y política de la región, tenía la posibilidad de ganar adeptos del más alto nivel social.
Como Ramón Mojana y Salvador Arana, muchos de los integrantes de las élites políticas se vincularon desde el principio como fundadores, financiadores y promotores del paramilitarismo. De ahí que no existiera una clara distinción entre la dirigencia de los grupos políticos y la comandancia de los grupos paramilitares.
En todo caso, fueron los políticos, no las autodefensas, quienes tomaron la iniciativa de entablar vínculos. Los propósitos eran aumentar su capital económico y electoral y controlar la burocracia local. En dos sentencias se ha demostrado que Arana usó sus vínculos con paramilitares con estos objetivos:
- En la sentencia contra Arana de 2009 se demostró que el exgobernador desvió los recursos de contratos de desarrollo vial, rural, social y de salud para beneficiar a los grupos paramilitares. El alcalde Edualdo León Díaz Salgado lo denunció y, por ese motivo, fue asesinado y desaparecido.
- En 2013, una nueva decisión de la Corte Suprema encontró que Arana dispuso el pago doble de varios contratos celebrados por el municipio de Tolú, por más de 400 millones de pesos, en beneficio de las autodefensas de la región al mando de alias Diego Vecino.
La división del paramilitarismo
Pero, después de contribuir a su fundación y financiación, los políticos tuvieron un papel central en la fragmentación de los grupos paramilitares.
En su declaración ante la Fiscalía, Libardo Duarte, alias Mono Maicol, contó que Salvador Arana y otros dos políticos desataron una “guerra interna” en el paramilitarismo. Según esta declaración, alias Cadena ayudó a que Muriel Benito Revollo y Jairo Merlano Fernández llegaran al Congreso, y a que Salvador Arana llegara a ser gobernador. Pero, a pesar de esta ayuda, los tres “se pasaron al bando de Diego Vecino”.
Esto despertó la ira de algunos jefes que operaban en los Montes de María y dividió los grupos paramilitares. Alias Cadena se encuentra desaparecido desde 2005, y es posible que su desaparición hubiera sido ordenada o determinada por los parapolíticos sucreños, con el fin de acallarlo y evitar que fueran reveladas ciertas verdades.
Lo que falta por esclarecer
Entre 200 y 2009, durante los años de mayor recrudecimiento de la parapolítica, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), reportó un aumento de la desigualdad en la tenencia de la tierra en Sucre, pues el índice de Gin respectivo pasó de 0,79 a 0,82.
Durante ese período, notarios y funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) titularon baldíos y tierras despojadas para “legalizar” la violencia. Aún falta por aclarar el papel que tuvieron los políticos sucreños en estas oficinas encargadas de definir los derechos de propiedad sobre la tierra.
También queda por esclarecer cuál fue el papel de estos políticos y empresarios en los llamados “falsos positivos”. Debido a sus vínculos con la fuerza pública y los fueros que los cobijaban, pudieron haber señalado cuáles civiles debían ser asesinados para presentarlos como bajas en combate.
Hay que recordar que el exsenador Álvaro García Romero se valió de su calidad de congresista para realizar cambios en la dirección de la Policía departamental, entonces encabezada por el coronel Rodolfo Palomino. Según la Corte Suprema, esta era la única entidad del Estado que para entonces intentaba controlar a los grupos paramilitares y que alertó sobre la situación de violencia antes de la masacre de Macayepo.
