El debate sobre la excarcelación revive la pregunta sobre el sentido de este sistema de castigo. La experiencia reciente de Estados Unidos – un país donde la cárcel es muy utilizada – es otro indicio de su declive en el mundo. ¿Qué camino tomará Colombia?
Libardo José Ariza*
Una cárcel emblemática
En 1932 abrió sus puertas la prisión que décadas después se convertiría en el símbolo más prominente de la era del encarcelamiento masivo: Rikers Island, una isla de 400 acres (1,6 kilómetros cuadrados) en la ciudad de Nueva York, donde se construyó un complejo de diez establecimientos carcelarios destinados a la reclusión de hombres, mujeres y adolescentes.
Durante la década de 1980, su momento de mayor esplendor, Rikers albergó a cerca de dieciocho mil personas, lo cual sumió al sistema en una de sus muchas crisis por no poder respetar el límite máximo de ocupación impuesto en ese momento por el juez Morris Lasker en el famoso caso Rhem vs. Malcom.
Para responder a esta situación, en el otoño de 1983 el entonces alcalde de Nueva York, Ed Koch, decidió excarcelar a regañadientes a los detenidos que esperaban un juicio, y en dos semanas fueron liberadas cerca de 600 personas. Pero a partir de entonces, la administración de la ciudad se embarcó en un programa de ampliación de cupos que, con altibajos, dominó la agenda de la política criminal durante casi tres décadas.
Como lo muestran los análisis posteriores de este caso, las medidas de excarcelación para combatir el hacinamiento acarrean un alto costo político para los funcionarios electos, quienes usualmente optan por la ampliación de cupos, a pesar de los enormes costos económicos y sociales que implica este camino.
Este consenso en torno a la construcción de más prisiones como solución a la crisis penitenciaria podría ayudar a entender la enorme expansión del sistema penitenciario en el mundo. Parece que aquí y allá siempre es fácil llegar a un acuerdo cuando se trata de aumentar cupos y de construir cárceles. La boyante industria penitenciaria global puede dar testimonio de ello.
Cambio de rumbo en Estados Unidos
 Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Foto: Procuraduría General de la Nación |
Según cifras del Institute for Criminal Policy Research hay 10,35 millones de personas encarceladas en el mundo.
Estados Unidos contribuye a esta aterradora cifra con 2,5 millones de personas, de las cuales cerca de un 60 por ciento son afroamericanas o latinas. La tasa de encarcelamiento de este país es la segunda más alta del mundo: 666 personas por cada cien mil habitantes. Además, estudios recientes presentan un panorama desolador, pues indican que el ciclo de encarcelamiento –calculado por la tasa de ingresos y excarcelaciones– en dicho país afecta a casi once millones de personas.
Las medidas de excarcelación para combatir el hacinamiento acarrean un alto costo político.
Pero algunos eventos recientes indican que el consenso en torno al encarcelamiento masivo se está debilitando y que posiblemente estamos ad portas de un giro en la política criminal y carcelaria de los países centrales:
- El primer evento que permite pensar en un giro en la política criminal y penitenciaria es el Obama Fair Sentencing Act, emitido en 2010, que busca atacar la desproporción racial penitenciaria por medio de modificaciones sustanciales a la punibilidad de los delitos relacionados con drogas. La aplicación de esta medida ha reducido a la mitad los procesos judiciales iniciados por este tipo de delitos. En 2010 fueron condenadas 4.730 personas, mientras en 2014 solo fueron condenadas 2.366. En consecuencia, se redujo la población penitenciaria en un número equivalente a los cupos de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
- El segundo evento ocurrió como consecuencia de un litigio judicial: el caso Brown vs. Plata, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado de California reducir su población intramural de 156.000 a 110.000 personas en un plazo de cuatro años. Esta tendencia se acentuó con la Proposición 47 que ha reducido de manera notable la población carcelaria en este mismo Estado.
- Por último está el anuncio del actual alcalde de New York, Bill de Blasio, quien en marzo de este año respaldó la propuesta de la Independent Commission on New York City Criminal Justice and Incarceration Reform de clausurar en la próxima década el complejo carcelario de Rikers. Según de Blasio, “The mass incarceration crisis did not beging in New York City but it Will end here”. Para la Comisión no hay otra alternativa que cerrar esta mega prisión.
El cierre de Rikers –símbolo del modelo de encarcelamiento masivo, la violencia intramural y de la desproporción racial penitenciaria– debería abrir el camino para imaginar formas de castigo distintas del modelo de la prisión de máxima seguridad que países como Colombia –con cárceles como Tramacúa, Jamundí y la Picota– han intentado imitar sin mayor discusión pública. El cierre de Rikers parece abrir un horizonte nuevo para la reforma penitenciaria en el mundo, aunque, por supuesto, no supone la desaparición de las cárceles.
El debate en Colombia
 Hacinamiento carcelario en Colombia. Foto: Personería de Medellín |
Unirse a la nueva tendencia mundial no sería difícil para Colombia, si se tiene en cuenta que nuestras reformas penitenciarias casi siempre se han propuesto la “modernización” del sistema carcelario. Así lo prueba el gran plan de reforma iniciado en 1998 bajo el eslogan de la “nueva cultura penitenciaria”, que nos dejó con más establecimientos, más personas presas y más hacinamiento.
Ojalá el nuevo acuerdo con la Embajada de Estados Unidos para fortalecer el sistema penitenciario se aleje de esta ruta. Colombia hoy tiene 117.119 personas privadas de la libertad y un índice de hacinamiento del 148,8 por ciento. Nuestra tasa de encarcelamiento ha aumentado drásticamente en dos décadas, y hoy alcanza las 231 personas por cada cien mil habitantes. Nos hemos asomado al encarcelamiento masivo y es hora de empezar a darle la espalda antes de que nos muestre todo su horror.
Hay 10,35 millones de personas encarceladas en el mundo.
Los eventos que ocurren en Estados Unidos, pero también las discusiones en países más cercanos como Argentina o Brasil (que tiene la cuarta población penitenciaria más grande del mundo) en torno al diseño y aplicación de programas alternativos de cumplimiento de la penas, muestran que están en marcha procesos de revisión profunda de la pena privativa de la libertad. Estos procesos permiten imaginar respuestas a los conflictos sociales que se aparten de la opresión política impuesta por los muros de la prisión.
La invitación del Procurador General de la Nación a realizar un “pacto para evitar que estalle la bomba carcelaria” abre la oportunidad para dar esta discusión en Colombia. Y no hay que desaprovechar más oportunidades. Este pacto o cualquier otra iniciativa de política debe tener como guías las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional. Ambas indican de manera clara los pasos a seguir para alcanzar la estabilidad y humanización del sistema penitenciario y abren la posibilidad real de liberar prisioneros.
Decir que las sentencias de la Corte son para cumplirse puede ser una obviedad, pero desafortunadamente parece necesario insistir en este hecho básico cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
La reducción de la población penitenciaria es una tarea ineludible y es urgente conocer en qué va el diseño de la regla de equilibrio que adoptó la Corte y que analicé conjuntamente con Martín Berrío en esta misma revista. No es un trabajo fácil y será necesario enfrentar una serie de retos importantes en el corto, mediano y largo plazo.
Algunos actores clave del sistema, como el fiscal Néstor Humberto Martínez, pueden estar legítimamente en desacuerdo con las medidas dirigidas a lograr la regla de equilibrio. No obstante deben presentar propuestas serias e integrales más allá de la fórmula ya caduca de abogar por la construcción de más cárceles o, peor aún, de volver a los tiempos cuando los conventos y seminarios se convertían en cárceles, tal como sucede ahora con el Seminario Mayor de Yarumal que será adaptado para habilitar 1.000 cupos.
Después de los desacuerdos iniciales parece que los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal han empezado a encontrar puntos en común que permitan avanzar hacia un cambio de la política penitenciaria en el país. Ojalá el proyecto de ley que se piensa radicar el próximo 20 de julio sea digno del enorme reto que debe enfrentar.
En Colombia tenemos que dejar de hablar acerca de la bomba carcelaria que va a estallar y empezar a hacer esfuerzos serios para desactivarla. Ojalá quienes están encargados de esta labor no la realicen a la ligera mientras la sociedad civil y la población penitenciaria observan impotentes cómo la mecha se va consumiendo.
* Profesor Asociado y director del grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
