Varios pre-candidatos están utilizando la consulta popular o la revocatoria del mandato para impulsar sus campañas electorales. ¿Esta estrategia es válida en el juego democrático o es un aprovechamiento oportunista del malestar ciudadano?
Fabián Alejandro Acuña* – Lina Vanesa Lozada**
Campañas fuera de tiempo
La Constitución de 1991 quiso promover una ciudadanía poderosa y participativa. Para ello se establecieron mecanismos de participación como el referendo, la revocatoria del mandato, el plebiscito y la consulta popular, que fueron reglamentados mediante la Ley 134 de 1994.
Después de tres décadas de existencia es evidente que estos mecanismos presentan serias dificultades como vehículos para expresar la voz de la ciudadanía y – peor aún- que los que se pensaron como formas de ampliar los espacios democráticos se ha convertido en simples instrumentos de campaña electoral para algunos políticos.
El primer semestre del próximo año se llevarán a cabo las elecciones nacionales, y ya distintos personajes han comenzado su campaña de manera más o menos declarada. La campaña presidencial más anunciada es la del vicepresidente Vargas Lleras, quien desde el primer período del gobierno Santos, cuando ocupaba el Ministerio de Vivienda, viene sonando como candidato sin importar que al mismo tiempo hubiera estado entregando casas e inaugurando carreteras financiadas por el erario público a lo largo y lo ancho del país.
Por otro lado, Martha Lucía Ramírez, el ex procurador Alejandro Ordóñez y el Uribismo, se sirvieron del plebiscito del 2 de octubre pasado, para potenciar sus aspiraciones presidenciales en medios de comunicación con su campaña por el No.
Otras candidaturas en ciernes han acudido a distintos mecanismos de participación ciudadana, ya sea porque crean en las causas que promueven o con el ánimo de aprovechar la publicidad gratuita que resulta de esta acción.
 Viviane Morales, intención presidencial por parte del partido Liberal. Promotora del referendo sobre adopción homosexual. Foto: Fiscalía General de la Nación |
¿La causa o los voticos?
La senadora y exfiscal Viviane Morales, del Partido Liberal, encabezó la recolección de firmas para convocar un referendo -actualmente en trámite en el Congreso- para decidir sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Morales ha manifestado su intención de participar como precandidata presidencial por el liberalismo y este tema es una de las preocupaciones principales de las comunidades cristianas y conservadoras -que a su vez son su principal apoyo electoral-.
Por su parte la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, quien también anunció que quiere competir por la Presidencia en 2018, ha comenzado el proceso de recolección de firmas para impulsar un referendo contra la corrupción, un tema sobre el cual ha realizado varios estudios y adelantado debates en el Congreso.
No se puede negar que los referendos que impulsan las dos senadoras mencionadas están en el centro de sus intereses políticos. Sin embargo, hay que preguntarse si es conveniente empezar una (pre) candidatura presidencial con el impulso de un mecanismo de participación ciudadana.
Hay que recordar que en su momento, la concejal Gilma Jiménez (Q.E.P.D) impulsó un referendo sobre la cadena perpetua para violadores de niños -que hizo trámite en el Congreso, pero que fue declarado inconstitucional por la Corte- y logró un destacado reconocimiento en la opinión pública y en los medios de comunicación que le permitieron conseguir una de las mayores votaciones para el Senado en 2010.
 Gustavo Petro, pre-candidato presidencial y promotor de la revocatoria al actual alcalde de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Revocatorias como campaña
La revocatoria de mandato es un derecho mediante el cual los ciudadanos retiran el poder que le han conferido a un funcionario cuando estiman que ha incumplido sus promesas de campaña. El mecanismo está diseñado para defender el voto programático y solo puede utilizarse contra alcaldes y gobernadores, no para otros funcionarios de elección popular (ediles, concejales, diputados, congresistas, presidente y vicepresidente de la República)
Dicho proceso solo puede llevarse a cabo un año después de la posesión del mandatario. Como 2017 es un año pre-electoral, y los actuales alcaldes se posesionaron el 1 de enero de 2016, no es raro que ya estén en marcha diferentes comités que promueven la revocatoria de alcaldes como Enrique Peñalosa en Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo en Ibagué o Rodolfo Hernández en Bucaramanga.
En Bogotá existen diferentes comités promotores del revocatorio, pero lo curioso es encontrar entre ellos a personas que se pueden asociar con el petrismo, como algunos excontratistas de la anterior administración. Igualmente, la revocatoria está siendo impulsada por personas como Julián Robledo, hijo del senador del Polo y precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo.
Hay que recordar que el propio Gustavo Petro fue víctima de un proceso de revocatoria de mandato impulsado por el entonces representante a la Cámara por el Partido Conservador Miguel Gómez, quien estaba interesado en postular su nombre a la Alcaldía de Bogotá en 2015, y por Francisco Santos, quien fungía abiertamente como precandidato a la Alcaldía por el Centro Democrático para las mismas elecciones. Hoy algunos sectores cercanos a Petro hacen lo propio con el alcalde Peñalosa, ahora que el exalcalde también ha postulado su nombre a una candidatura presidencial en 2018.
Es decir, Robledo y Petro, precandidatos presidenciales en 2018, tienen aliados y personas cercanas que han comenzado la recolección de firmas para promover revocatorio contra el alcalde Peñalosa y esto puede ser interpretado como otra forma de anticipar sus campañas presidenciales.
De esta forma, la revocatoria de mandato, diseñada para que la ciudadanía ejerza su función de control y rendición de cuentas a un gobernante del ámbito sub-nacional, está siendo utilizada por “malos perdedores” que compitieron en las elecciones con el mandatario que pretenden revocar o por contradictores políticos que buscan figuración, como en los casos que vimos.
Sin embargo, también se han presentado casos tan incomprensibles como los de los municipios de Contratación (Santander) y Pelaya (Cesar) el periodo pasado, donde la revocatoria fue impulsada por personas que acompañaron en campaña al alcalde, pero que sintieron que una vez en el poder este incumplió sus promesas.
Los mecanismos de participación han sido poco eficaces para que la ciudadanía se exprese políticamente, pero han sido utilizados como herramientas de algunas campañas electorales. Aunque las razones de estas pueden ser válidas y sea real la inconformidad de grandes sectores con la administración de algunos gobernantes, la mezcla de mecanismos de participación con campañas políticas parece a todas luces una mala combinación para la democracia.
* Docente-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. 
@acuna_fabian
** Politóloga con énfasis en participación y comunicación política de la Pontificia Universidad Javeriana. linav.lozada@hotmail.com
