Revive la violencia (2). El naufragio de la paz bajo el gobierno Petro
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Revive la violencia (2). El naufragio de la paz bajo el gobierno Petro

Escrito por Luis Felipe Vega Diaz

En vez de paz total y de seguridad humana, estamos viendo más violencia en las regiones y retrocesos más que avances en los procesos de negociación. ¿Por qué y cómo pasó esto?

Luis Felipe Vega Díaz*

Transición difícil y poco exitosa 

El gobierno tomó el enfoque de Seguridad Humana de Naciones Unidas como bandera para su “Paz Total”, junto con los temas de deforestación y biodiversidad, integridad territorial y mejoraría de la Fuerza Pública.

Pero este modelo en realidad no es fácilmente aplicable a situaciones de alta criminalidad organizada, como es el caso actual de Colombia. Por eso es frágil y difícil el proceso de transición entre el modelo clásico y el de seguridad humana.

Es más: algunas de las orientaciones principales de Naciones Unidas no están contempladas en la política del actual gobierno. Entre ellas figuran:

  • Los cambios institucionales necesarios para que sean eficaces las nuevas herramientas;
  • La transversalidad del enfoque en sectores como el de salud o educación, y
  • Las alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

Si bien las propuestas de gobiernos anteriores han sido frágiles —salvo las del proceso de La Habana— la deuda social es enorme porque ningún gobierno ha tenido un enfoque multidimensional de la seguridad.

Pero del otro lado la política del actual gobierno carece de instrumentos prácticos, y le ha faltado mucha capacidad técnica para desarrollar su modelo alternativo de seguridad.

La percepción generalizada sobre la estrategia de seguridad del gobierno Petro es bastante negativa, puesto que no ha logrado manejar bien situaciones críticas como la del ELN y las Disidencias de FARC, o la seguridad territorial ante las nuevas amenazas del Clan del Golfo.

Pero del otro lado la política del actual gobierno carece de instrumentos prácticos, y le ha faltado mucha capacidad técnica para desarrollar su modelo alternativo de seguridad.

El ELN

En este caso es clave tener en cuenta la forma de organización de esta guerrilla.

Por una parte, el ELN tiene un Comando Central (COCE) formado por cinco miembros, de los cuales uno sólo es militar. Los otros son encargados de operaciones financieras, asuntos internacionales, asuntos políticos y comunicaciones. Esto hace que las acciones militares sean un componente no dominante en la actividad política, un hecho que se confirma porque no todos los miembros del ELN son combatientes en armas. Como dice Carlos Medina, “El paso de la “toma” a la “construcción” del poder equivale a transformar las modalidades de la lucha en el escenario político. Ahora se dan significaciones que están más allá de concientizar y organizar a los sectores sociales y populares para que participen en la lucha revolucionaria o en la lucha electoral. Más bien, se conciben sujetos políticos cuya procura es una acumulación creciente de poder desde lo local y territorial, que van construyendo una sociedad y un Estado sobre la base de una nueva democracia”.

Esto significa que en la gestión del ELN hay un mayor peso de lo regional, de los procesos electorales y de las luchas sociales en los territorios. De aquí que para el ELN la paz no significa dejar y entregar las armas. También de aquí resulta (a) que la insistencia de gobiernos sucesivos en el Desarme y la Desmovilización es la manera segura de retardar el proceso, y (b) Que una paz negociada con el ELN implicaría un mecanismo alternativo mu distinto de los tradicionales.

Las disidencias de las FARC.

Por su parte, las disidencias o Grupos Armados Organizados Residuales de las FARC-EP no tienen unidad de mando.

Foto: Facebook: Gustavo Petro - En la construcción del Plan Nacional de Desarrollo no se garantizó una amplia participación de los sectores más vulnerables de todas las regiones del país.

De esta manera, el sistema de seguridad nacional se deteriora y se crea incertidumbre sobre el control territorial, así como un sentimiento de fracaso de las políticas actuales de consolidación territorial en el corto y mediano plazo. En este sentido, volvimos a las condiciones críticas de los años noventa.

Por eso sería necesario negociar con cada organización sobre las bases de su fuerza e intereses regionales o particulares. Estas organizaciones son:

  1. El Frente Oliver Sinisterra, con 400 combatientes estimados en este momento.
  2. El Comando Coordinador de Occidente, que es una organización mucho más táctica y móvil con un número menor de combatientes, calculados en no más de 300. No se vio afectada después de la muerte de Jhonier, su cabecilla militar importante.
  3. El Décimo Frente Martin Villa que opera en Arauca. No se tienen cifras de combatientes mínimamente dignas de confianza.
  4. Las Disidencias de Gentil Duarte Frente 1, el GAO más robusto que está en confrontación muy activa contra ELN y la Segunda Marquetalia.
  5. La Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, mucho más debilitado por las muertes del “Paisa”, “Santrich” y “Romaña”, con la incapacidad de incluir a los antiguos combatientes y con una necesidad de negociación mayor debido a la pérdida de su capacidad militar.
  6. El Frente 33, con un aumento de combatientes y operaciones en el Norte de Santander.
  7. El Frente Jorge Briceño, organización urbana, que tiende a la infiltración en movilizaciones sociales y de protesta.
  8. El Frente 48 Carolina Martínez, con operación en Puerto Leguizamo.
  9. El Frente 28 José María Córdova, más cercano al gobierno de Venezuela y con capacidad operacional en Boyacá y Casanare.

Cuatro errores del gobierno en las regiones

El escenario regional de violencia se ha complicado por cuatro desaciertos del actual gobierno:

  1. La metodología del Departamento Nacional de Planeación Nacional para elaborar el Plan de Desarrollo no garantizó una amplia participación de los sectores sociales más vulnerados en todas las regiones.

Por eso no se han definido las prioridades regionales, no se formaron las mesas de trabajo conjunto con las actuales administraciones departamentales para tener una línea de base más creíble y de efecto inmediato frente a las nuevas amenazas por micro conflictos regionales, que están en aumento.

  1. El recorte de los presupuestos de inversión de los departamentos en la actual ley de presupuesto para mitigar esas condiciones de crisis social-territorial.
  2. La disminución de las unidades de la Fuerza Pública por falta de planes estratégicos que se traducen en la incapacidad operacional y táctica, sin coordinación con los gobiernos locales.
  3. La participación de los GAO residuales, FARC-EP, ELN y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) como el Clan del Golfo que ha logrado mimetizarse en las administraciones municipales de sus áreas de influencia y en los procesos electorales de octubre de este año. No sólo se han involucrado con los candidatos de sectores ciudadanos, sino con el constreñimiento al elector.

De esta manera, el sistema de seguridad nacional se deteriora y se crea incertidumbre sobre el control territorial, así como un sentimiento de fracaso de las políticas actuales de consolidación territorial en el corto y mediano plazo. En este sentido, volvimos a las condiciones críticas de los años noventa.

En síntesis, la Paz Total hace agua antes de comenzar. Hay un gran desconocimiento técnico y se ha pensado más ideológica que técnicamente, en especial porque no logra comprender las capacidades de la Fuerza Pública y la necesidad del trabajo inter agencial y de operación con otras instituciones como el Departamento de Prosperidad social u otras carteras ministeriales.

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