La violencia y la inseguridad tendrán niveles alarmantes este año. Las fuerzas armadas y la policía tendrían por eso que emprender ocho cambios principales en su estrategia y su modo de operar.
Juan Carlos Ruiz Vásquez*
Por qué un año muy violento
La Fuerza Pública tendrá que cumplir una tarea descomunal en este 2022, pues además de sus tareas habituales, en este año debería asegurar el cumplimiento del calendario electoral y ajustarse al cambio de gobierno.
En medio de la transición entre un gobierno que ya no tierne margen para emprender acciones de fondo y otro gobierno que estará apenas comenzando, es lamentable que 2022 prometa ser un año particularmente violento, que por tanto necesita de una fuerza pública eficiente y alerta. En efecto: la situación actual de la seguridad en Colombia es realmente preocupante:
En primer lugar, la administración Duque no fue afortunada en el manejo del tema de seguridad y defensa. En 2019, el presidente lanzó la “Política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad” y la “Política marco de convivencia y seguridad ciudadana”. Ambas fueron ejercicios intelectuales sin aplicación real, compendios de buenas intenciones sin una explicación de cómo se llevarían a cabo, de dónde se sacarían los recursos, y de cuáles serían los tiempos y las herramientas necesarias.
En segundo lugar, el Fiscal General predice un aumento de la violencia por obra de la reconfiguración criminal en regiones de frontera y por la extracción de rentas ilegales. La masacre de 27 personas en Arauca al comenzar este año es un presagio de las formas que tendrá la violencia. En este caso ha sorprendido la inoperancia de las autoridades.
La violencia aumenta en el Catatumbo, Bajo Cauca, Tumaco, Arauca, Urabá, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Bojayá, Cajibío, Caldono, Timbío, Corinto, Cúcuta… para citar apenas algunas regiones. Muchos de estos territorios son disputados por el ELN, las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares de nuevo cuño y las bandas criminales que provocan masacres, asesinatos de activistas sociales y desplazamiento forzado de los pobladores.
En tercer lugar, las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo no tienen eco. Por eso algunos candidatos presidenciales afirman que la fuerza pública parece estar a media marcha.
En cuarto lugar, los alcaldes están desconcertados y no saben qué hacer con la inseguridad de sus ciudades. La situación de Bogotá es angustiante: constantemente se expiden planes de seguridad aun cuando ya existían otros. En enero de 2020 se lanzó el plan antihurtos, en junio se anunció un plan de choque de seguridad, en abril de 2021 se presentó el plan de seguridad, y este mes la alcaldía anunció un nuevo plan para 2022 con metas claras y exigentes.
Muchos planes sin resultados: el año pasado aumentaron los homicidios un 7 % en Bogotá según la alcaldía y un 9 % según la Fiscalía, y los hurtos con violencia aumentaron un 12 %. Tras dos años de mandato, los alcaldes han tenido pocos logros en materia de seguridad.
Pero todavía: el delito de extorsión ha aumentado de manera alarmante en ciudades capitales; ciudadanos del común tienen que pagarles a los grupos criminales para poder salir de sus casas a trabajar o estudiar. Desde pequeñas bandas de barrio hasta sofisticadas redes criminales en las cárceles se enriquecen mediante las extorsiones. Y los esfuerzos de la policía no son suficientes frente a la envergadura de este fenómeno.
Los ocho retos
Para cambiar esta situación deberán afrontarse algunos retos en diversos frentes:
1.Revisar la estrategia en el control de masas y las manifestaciones.
Las protestas y manifestaciones de 2020 y 2021 tuvieron un saldo trágico de muertos que deterioró la imagen de la policía. La hostilidad contra la fuerza pública se ha extendido a través de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes.
Es fundamental restablecer los puentes entre ellos y la policía. Hay que aprender las lecciones de lo sucedido, evitar los excesos y la violación de los derechos humanos.
- Mejorar las relaciones entre los alcaldes y el gobierno nacional.
En materia de seguridad, los alcaldes y el gobierno nacional intercambian reproches y reclamos, tanto así que el Ministerio de Defensa desautorizó a una alcaldesa y anunció una intervención, mientras que algunos alcaldes piensan en crear guardias cívicas o policías locales que estén bajo sus órdenes. En este punto hay que advertir que atomizar la fuerza pública sin objetivos claros, algo que ya tuvo Colombia antes de 1958, será un desacierto y un peligro de politización de la policía.
- Cambiar la estrategia de erradicación.
En 2021 las metas de erradicación no se alcanzaron y los cultivos son aún más productivos que hace diez años. Aunque la administración Duque se esforzó, las hectáreas cultivadas siguen siendo muchas y pueden surtir el mercado internacional.
Ante la ausencia del glifosato, el grueso del esfuerzo recayó en el ejército, la armada y la policía, drenando recursos que podrían dedicarse a otras labores de seguridad.
- Recuperar las zonas violentas.
Este es el reto más difícil que debe resolver la fuerza pública. Las estrategias de los últimos treinta años de movilización de tropas y presencia militar no fueron efectivas, pero siguen repitiéndose.
Sin embargo, la reciente captura de un gobernador y un exgobernador por vínculos con el ELN mostró que copar espacios militarmente no sirve, si existe una intrincada red de alianzas criminales entre algunos mandatarios locales, habitantes de la región y miembros de la fuerza pública.
- Un plan en seguridad ciudadana para las urbes.
La policía debe replantear las acciones operacionales de vigilancia: reformar el Plan Cuadrante, racionalizar el trabajo del pie de fuerza, adoptar el policiamiento predictivo, mejorar el diagnóstico microterritorial y la recolección de datos criminales.
La falta de policías sigue siendo un tema sensible para las grandes ciudades.
También deben establecerse las estrategias de coproducción de seguridad mediante la reactivación y modernización de los frentes locales de seguridad, la concertación de contratos locales, el reforzamiento del dispositivo de zonas críticas, la asociación con la vigilancia privada, la intervención comunitaria de prevención, el control de pandillas, la transformación de la filosofía de la policía comunitaria, y la organización de los tiempos libres de niños y jóvenes.
- Replantear la estrategia para evitar las masacres y asesinato de activistas sociales.
Según Indepaz, en 2021 fueron asesinados 168 líderes sociales y se perpetraron 92 masacres. El Estado colombiano no ha sido capaz de frenar este aniquilamiento sistemático que responde a una estrategia de temor por parte de los grupos ilegales y otras personas aún desconocidas.
- Disminuir los niveles alarmantes de deforestación y tráfico de especies.
Colombia tiene 60 millones de hectáreas de selva en la Amazonía y el tercer bosque más importante del hemisferio. La minería ilegal ha contaminado los ríos con mercurio y ha destruido la selva tropical. El tráfico de vida silvestre es el segundo negocio ilegal más grande en el país más biodiverso del mundo.
Las bandas criminales aseguraron sus ingresos con la deforestación y la contaminación del agua. Durante los últimos cinco años arrasaron alrededor de 750.000 hectáreas para el cultivo de coca y construyeron caminos clandestinos para facilitar el tráfico ilegal.
Aunque Colombia aumentó el gasto en defensa, los gobiernos tuvieron dificultades para controlar las acciones criminales. Una selva vasta e inexpugnable, una topografía difícil y una frontera porosa con Brasil, Perú y Ecuador han hecho fracasar las estrategias del país.
- Revisar las condiciones laborales y de vida de los soldados y policías.
La calidad de vida de los miembros de la fuerza pública no es la mejor y además han perdido poder adquisitivo en la última década. Su último aumento salarial importante se hizo hace casi tres décadas y siempre se aduce la falta de presupuesto para posponer una nivelación salarial urgente.
Además, la falta de policías sigue siendo un tema sensible para las grandes ciudades y, aunque Colombia cuenta con una buena tasa de 330 agentes por 100.000 habitantes, su distribución es un problema.
La policía ha sido tradicionalmente usada por los diferentes gobiernos para cumplir innumerables tareas que en el fondo no le corresponden y por eso han desatendido las necesidades de vigilancia.
- La violencia aumenta en Catatumbo, Bajo Cauca, Tumaco, Arauca, Urabá, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Bojayá, Cajibío, Caldono, Timbío, Corinto, Cúcuta para citar algunos puntos calientes. Muchos de estos territorios son disputados por el ELN, disidencias de las FARC, grupos paramilitares de nuevo cuño y bandas criminales que han provocado masacre, asesinato de activistas sociales y desplazamientos forzados.
- La defensoría del pueblo emite alertas tempranas sin mayor éxito. Algunos candidatos presidenciales afirman que la fuerza pública parece estar a media marcha.
- Los alcaldes se muestran desconcertados sin saber mucho qué hacer en materia de seguridad en sus ciudades. Es angustiante ver que en la capital del país se expiden varios planes de seguridad cuando ya existían otros. En enero de 2020 se lanza el plan antihurtos, en junio 2020 se anuncia un plan de choque de seguridad, en abril de 2021 se presenta el plan de seguridad, y este mes de enero la alcaldía acaba de anunciar un nuevo plan de seguridad de convivencia para 2022 con metas exigentes y claras. Muchos planes para un pobre resultado. En Bogotá, en 2021 aumentaron los homicidios un 7% según la alcaldía y un 9% según la Fiscalía. Los hurtos con violencia con violencia aumentaron un 12%.
- En dos años de mandato, los alcaldes muestran resultados magros en materia de seguridad.
- En las ciudades capitales, la extorsión ha crecido de manera alarmante llegando incluso a tocar a ciudadanos del común sin recursos que deben pagar a grupos criminales para poder salir de sus casas a trabajar o estudiar. La extorsión se está generalizando de manera preocupante. Desde pequeñas bandas de barrio hasta sofisticadas redes desde las cárceles han encontrado recursos financieros significativos en esta actividad ilícita. Los buenos esfuerzos de la policía no han sido suficientes frente a la envergadura que está tomando el fenómeno.
Los retos para el 2022
La fuerza pública debe hacer una revisión de sus intervenciones en el control de masas y manifestaciones. Las protestas y manifestaciones de 2020 y 2021 con un saldo trágico de muertos deterioró la imagen de la policía. Una animosidad preocupante contra la fuerza pública se ha vehiculado a través de las redes sociales especialmente entre jóvenes. Restablecer los puentes entre estos y la policía es fundamental. Se deben aprender lecciones de lo sucedido para reformar el control de masas y disturbios y evitar los excesos y la violación de derechos humanos.
Las relaciones de los alcaldes y el gobierno nacional en seguridad siguen generando un corto circuito. Hay reproches y reclamos mutuos entre el gobierno nacional y algunos alcaldes. El Ministerio de Defensa anuncia una intervención que desautoriza una alcaldesa. Algunos alcaldes comienzan a pensar, quizás de manera equivocada, en la creación de guardias cívicas o policías locales que estén bajo sus órdenes. Una atomización de la fuerza pública sin claros objetivos, algo que ya tuvo Colombia antes de 1958 será siempre una amenaza al marco institucional en la materia.
La política de erradicación de coca no tenido la contundencia que deseaba esta administración y ha demandado muchos recursos de la fuerza pública. Las metas no se cumplieron en 2021 y los cultivos son aún más productivos que hace 10 años. A falta de aspersión de glifosato, el grueso del esfuerzo lo han cumplido el ejército, la armada y la policía drenando recursos en pie de fuerza que se podrían dedicar a otras labores de seguridad. A pesar del esfuerzo que hizo la administración Duque, las hectáreas cultivadas siguen siendo muchas y capaces de surtir sin problema el mercado internacional.
Recuperar las zonas calientes de violencia en el país es el reto más difícil que debe acometer la fuerza pública. Las estrategias de los últimos 30 años no han sido efectivas y, sin embargo, se sigue repitiendo la misma receta de movilización de tropa y presencia militar. La reciente captura de un gobernador y un exgobernador por vínculos con el ELN muestra que de nada sirve esta vieja estrategia de copar espacios militarmente cuando existe una intrincada red de alianzas criminales entre algunos mandatarios locales, con algunos habitantes de la región en connivencia con algunos miembros de la fuerza pública.
Se debe construir un plan en seguridad ciudadana para las urbes. En este plan la policía debe replantear las acciones operacionales de vigilancia reformando el Plan Cuadrante, racionalizando el trabajo del pie de fuerza, adoptando el policiamiento predictivo, y, mejorando el diagnóstico microterritorial y la recolección de datos criminales. También se deben establecer estrategias de coproducción de la seguridad por medio de la reactivación y modernización de los frentes locales de seguridad, la concertación de contratos locales de seguridad, el reforzamiento del dispositivo de zonas críticas, asociación con la vigilancia privada, intervención comunitaria de prevención y control de pandillas, transformación de la filosofía de la policía comunitaria, y la estructuración de los tiempos libres de niños y jóvenes.
Se debe replantear la estrategia para evitar el asesinato de líderes/as sociales y masacres. Según indepaz en 2021 fueron asesinados 168 líderes/as y se perpetraron 92 masacres. El Estado colombiano no ha sido capaz de desmantelar este aniquilamiento sistemático que responde a una estrategia de temor por parte de los grupos ilegales y otros actores aún desconocidos.
Los niveles de deforestación y tráfico de especies son alarmantes. Colombia tiene 60 millones de hectáreas de selva en la Amazonía y el tercer bosque más importante del hemisferio. La minería ilegal ha contaminado los ríos con mercurio y ha destruido la selva tropical. El tráfico de vida silvestre es el segundo negocio ilegal más grande en este país, el más biodiverso del mundo.
Las bandas criminales de la minería ilegal y el narcotráfico han asegurado sus ingresos ilegales provocando una destrucción desbordada como la deforestación y la contaminación del agua. En los últimos 5 años han arrasado alrededor de 750.000 hectáreas para el cultivo de coca y construir caminos clandestinos para facilitar todo tipo de tráfico ilegal. A pesar del aumento del gasto en defensa colombiano, los gobiernos han tenido dificultades para controlar estas acciones criminales. Una selva vasta e inexpugnable, una topografía difícil y una frontera porosa con Brasil, Perú y Ecuador han hecho fracasar las estrategias de Colombia.
Resulta fundamental revisar las condiciones de vida y laborales de soldados y policías. Su calidad de vida no es la mejor. Sus salarios han perdido poder adquisitivo en la última década. El último aumento salarial importante de los policías se hizo hace casi tres décadas. Siempre se aduce falta de presupuesto para posponer una nivelación salarial que urge y es sentida.
La falta de policías sigue siendo un tema sensible para las grandes ciudades y, aunque Colombia cuenta con una buena tasa de 330 policías por 100,000 habitantes, su distribución en tareas y regiones es problemática. La policía ha sido tradicionalmente utilizada por diferentes gobiernos para cumplir innumerables tareas que en el fondo no le corresponden desatendiendo las necesidades de vigilancia.
