Retórica versus realidad: la corrupción en el gobierno del cambio
Foto: Procuraduria

Retórica versus realidad: la corrupción en el gobierno del cambio

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Eliminar la corrupción fue una bandera electoral del presidente, pero su gobierno no la ha enfrentado porque no quiere entender las causas del problema. Cuál es su equivocación y cuáles son sus consecuencias.

Juan Pino* y Johanna Amaya-Panche**

Moralismo en lugar de realismo

La corrupción implica el uso ilícito del poder público para favorecer intereses privados en detrimento del bien público.

Nuestra historia política ha moldeado un sistema donde la cooperación entre el ejecutivo y el legislativo está a menudo entrelazada con la corrupción, que de este modo resulta ser esencial para ‘gobernabilidad’.

Este concepto—que suele ser elástico—ha sido una bandera distintiva de la izquierda colombiana durante los últimos cincuenta años. Entre finales del siglo   XX y principios del XXI, la izquierda ha visto la corrupción como un problema moral, dejando de lado los enfoques realistas para los cuales la corrupción es un efecto colateral de los diseños institucionales y de las interacciones entre las ramas del poder público.

A pesar de los escándalos protagonizados por algunos de sus partidarios en el siglo XXI, el discurso de la campaña presidencial de 2023 de la coalición ‘Pacto Histórico’ mantuvo un enfoque moralista hacia la vida pública y la corrupción. 

Este discurso construyó una dicotomía entre un ‘ellos’ corrupto, oscuro, tradicional y transaccional, y un ‘nosotros’ bondadoso, transparente en la gestión pública, comprometido con las clases populares y preocupado por el bienestar de todos los colombianos.

Así, la campaña Petro pintó la corrupción como una hidra alimentada por la voluntad de diversos ‘ismos’ de derecha (pastranismo, uribismo, samperismo, etc.), acusándolos de depredar el Estado. Es una afirmación no totalmente infundada, pero sí insuficiente para entender la naturaleza del problema. Aunque dice algunas verdades, este enfoque desconoce las raíces institucionales más profundas de la corrupción en Colombia. 

Nuestra historia política ha moldeado un sistema donde la cooperación entre el ejecutivo y el legislativo está a menudo entrelazada con la corrupción, que de este modo resulta ser esencial para ‘gobernabilidad’.

Le recomendamos: La aplanadora fallida de Petro en el Congreso: de la diversidad a la dispersión

El gobierno del cambio y la hidra corrupta

El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) demuestra vívidamente cómo la corrupción, cual hidra de múltiples cabezas, se infiltra en los niveles más altos de la administración, a pesar de enfrentarse a un gobierno que prometió erradicarla.

Al final el uso ilícito del poder público para favorecer intereses individuales continúa sucediendo, aunque retóricamente se haga en nombre del pueblo.

Foto: Senado - Algunos defienden al actual gobierno alegando que prácticas similares han ocurrido en administraciones anteriores.
Las investigaciones desnudaron un manejo indebido de fondos públicos, con sumas millonarias para comprar el apoyo legislativo para reformas sociales impulsadas por el gobierno. 

Este arreglo corrupto no se redujo a pagos en efectivo, sino que incluyó contratos inflados para adquirir carrotanques que distribuirían agua en zonas remotas de Colombia. El caso confirma la persistencia, resiliencia y adaptabilidad de la corrupción, desafiando los esfuerzos reformistas.

Ante este escándalo, el gobierno Petro ha tomado medidas inmediatas. Se estableció una mesa técnica especializada, compuesta por la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y auditores externos, con el propósito de investigar y documentar cualquier indicio de corrupción. 

Esta iniciativa se fortalece con la colaboración de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, y se amplía con esfuerzos de cooperación internacional para monitorear flujos financieros ilícitos. 

Pero tales esfuerzos, aunque necesarios, enfrentan serios desafíos. Las medidas anteriores representan un avance, pro no afrontan la realidad de que estas prácticas no son nuevas y siguen siendo parte del intercambio transaccional entre el ejecutivo y el legislativo.

La corrupción se asemeja a la hidra mitológica, a la que cada vez que se corta una cabeza, emergen otras dos, arraigadas en prácticas institucionalizadas formal e informalmente en las organizaciones políticas y en la cultura. Este escándalo en la UNGRD demuestra que la corrupción trasciende la ideología del gobierno de turno y no se reduce a la rectitud moral de los mandatarios y funcionarios actuales y sus discursos. 

El caso de la UNGRD demuestra que combatir la corrupción no es solo cuestión de voluntad. Al final el uso ilícito del poder público para favorecer intereses individuales continúa sucediendo, aunque retóricamente se haga en nombre del pueblo. 

¿Quién es el menos corrupto?

Aunque algunos seguidores, influencers y congresistas defienden al gobierno alegando que las administraciones anteriores han hecho cosas similares, esta defensa contradice la promesa central de combatir la corrupción, una propuesta emblemática del gobierno que fue elegido precisamente para acabar estas prácticas. 

Y por su parte los sectores de oposición, implicados en grandes escándalos e investigaciones sobre corrupción, como el Centro Democrático y Cambio Radical, ahora adoptan un discurso moralista sobre la corrupción del gobierno actual, sin una gran autoridad moral para ejercer control político en la materia. 

Además, estos partidos tampoco tienen de propuestas concretas para la transformación institucional que faciliten acuerdos mínimos con el gobierno, esenciales para abordar efectivamente la corrupción. 

De esta manera se produce una contienda entre los partidos políticos sobre quiénes son los peores gobernantes—los menos corruptos—lo cual aleja sobre modo la posibilidad de un consenso nacional para identificar seriamente los aspectos del sistema electoral, los procesos de negociación entre los poderes públicos y la influencia de actores privados que fomentan las prácticas corruptas. 

En vez de un acuerdo nacional para arreglar el problema, los políticos se enfrascan en un intercambio de acusaciones, mientras que la justicia lenta en castigar y en prevenir la corrupción, deja a la sociedad como la gran perdedora. 

Y por su parte la sociedad colombiana observa cómo se desvanecen las promesas de cambio y se sigue erosionando la legitimidad de las instituciones democráticas.

Del acuerdo programático al acuerdo al menudeo 

Al comienzo de su mandato, la coalición oficialista que incluía visiones distintas de la sociedad y del Estado generó un halo de esperanza al prometer gobernabilidad mediante la negociación entre múltiples perspectivas. 

Pero, paradójicamente, el esfuerzo del gobierno para mantener la integridad de sus reformas resultó en la ruptura del diálogo y en retorno al menudeo político. Volvimos a la práctica de negociar intereses individuales con los congresistas, y el gobierno comenzó a depender de acuerdos individuales para aprobar sus reformas. 

Aunque se trataba de reformas sociales sin modificaciones para transformar radicalmente la sociedad y el Estado, este proceso reforzó un sistema de mayorías basado en transacciones particulares, abriendo la puerta a la corrupción en contratos públicos y nombramientos políticos, además de fragmentar el Estado, con mayorías legislativas inestables.

Hablando coloquialmente, el gobierno se quedó sin el pan y sin el queso, sin lograr sus reformas ni mantener la narrativa ni la práctica anticorrupción.

Ahora el gobierno parece abandonar la estrategia de coaliciones basadas en el pragmatismo y los acuerdos programáticos, optando por apelar directamente al “pueblo” como su única fuente de legitimidad y persistiendo en la búsqueda de apoyos individuales de los legisladores. 

Esta táctica resulta en la deslegitimación de aquellos sectores que no se identifican con la narrativa oficial del ‘pueblo de Petro’, con lo cual se acentúa la polarización. Además, las instituciones del Estado liberal, como la división de poderes y el control constitucional, se perciben como obstáculos para cumplir el mandato popular. Son desafíos serios para las instituciones de la democracia colombiana.

La hidra y el deterioro democrático

Más allá de las medidas inmediatas, hay que reflexionar sobre las huellas que la corrupción deja en Colombia. La persistencia de estas prácticas erosiona la confianza en las instituciones y desalienta la participación ciudadana, mientras agudiza la desigualdad y limita el acceso a servicios estatales. 

El menudeo de votos y la negociación bajo la mesa no solo perpetúan viejos vicios, sino que desvían recursos públicos que podrían mejorar la vida de millones en situación de pobreza y miseria. Esta dinámica crea un ciclo vicioso donde los costos sociales del clientelismo político se hacen cada vez más palpables, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

En lugar de limitarse a combatir los síntomas de la corrupción con medidas punitivas o campañas de sensibilización que se quedan cortas, es imperativo que se adopten reformas estructurales que aborden las raíces del problema. 

La construcción de un sistema político más transparente y menos susceptible a la corrupción es relevante para recuperar la confianza en el proceso democrático y asegurar que los recursos del Estado realmente contribuyan al bienestar general. 

La voluntad de transitar de un discurso retórico polarizante a acciones concretas para lograr un acuerdo que cambie las estructuras corruptas podría ser un indicador de hacer verdaderamente un gobierno del cambio. Sin embargo, la radicalidad de actual oposición política al gobierno y su deseo de sacar réditos electorales, más que soluciones, con un gobierno obnubilado en sus palabras hacen que este escenario sea poco probable.

La confluencia de estos factores puede traer un desencanto social que siga abriendo las puertas para proyectos políticos que tengan como principal bandera la salvación moral de la democracia, así sea demoliendo sus instituciones, mientras la hidra sigue viva rolliza y alimentándose de los recursos públicos y de la vida en Colombia.

Lea en Razón Pública: Marchas y contramarchas: ¿quién domina las calles?

2 comentarios

Juan Pino - Johanna Amaya-Panche

Escrito por:

Juan Pino - Johanna Amaya-Panche

*Profesor titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso-Ecuador, doctor y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y politólogo de la Universidad Javeriana. **Instructora Asociada de historia y política de las Américas en el Institute of the Americas de University College of London.

2 comentarios de “Retórica versus realidad: la corrupción en el gobierno del cambio

  1. El problema social no radica en las » instituciones políticas y sociales ya que estas son creada x el hombre mismo «»»»….El problema fundamental radica en el mismo hombre y su naturaleza !

    Recordar la frase del gran Emperador Romano:

    «»»»No busques al más formidable enemigo allá afuera x que lo encontrarás dentro en el lugar donde menos lo esperas «»»».

    Julio Cesar , Emperador Romano

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