La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió el exterminio de la Unión Patriótica como un crimen de lesa humanidad. Por eso ordena que el gobierno reivindique la historia y proteja a los actuales miembros de ese partido político.
Yaneth Mora Hernández*
El fallo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio del Unión Patriótica (UP).
La responsabilidad fue por omisión, al desviar la mirada de los hechos. Pero, peor todavía, fue por acción, ya que este genocidio se llevó a cabo en colaboración de las autoridades y en él participaron agentes estatales.
De esta manera el exterminio constituyó un crimen de lesa humanidad.
La violencia sistemática contra integrantes, simpatizantes y dirigentes de este partido político consistió en múltiples vulneraciones de los derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados.
Por eso el universo de víctimas sobrepasa las seis mil personas Algunos de ellos fueron: 521 casos de desaparición forzada, 3170 casos de ejecuciones extrajudiciales, 1596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 casos de judicializaciones infundadas, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio, y 10 casos de lesiones.
Para la Corte, el Estado colombiano violó el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de circulación y residencia, a la libertad de asociación y de expresión, a la honra y la dignidad, al reconocimiento de personería jurídica, a las garantías judiciales, y al deber de investigar.
La responsabilidad fue por omisión, al desviar la mirada de los hechos. Pero, peor todavía, fue por acción, ya que este genocidio se llevó a cabo en colaboración de las autoridades y en él participaron agentes estatales.
La vulneración de estos derechos prueba la participación del Estado en el exterminio de la UP, su complicidad y beneplácito con sectores paraestatales. De hecho, fue la alianza entre grupos paramilitares y sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales quien urdió la estrategia para impedir la emergencia de la UP.
Sin lugar a duda, la condena de la CIDH, después de treinta años sin ser escuchados ni reparados, hace visible la crudeza de uno de los episodios más lamentables de la historia colombiana.
Por primera vez la UP encontró en la CIDH la justicia que el sistema colombiano jamás proporcionó.
¿Qué es la UP y cuándo surgió?
La UP surgió como una convergencia de fuerzas políticas durante el proceso de negociación entre el gobierno de Belisario Betancur y la hoy extinta guerrilla de las FARC en 1984.
Posteriormente, en los acuerdos de Uribe (Meta), se pactó un conjunto de compromisos que permitirían, entre otras cosas, que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Rápidamente la UP se convirtió en un movimiento amplio de convergencia democrática, alimentado de las más variadas fuerzas nacionales y regionales de izquierda, liberales y sectores cívicos.
El movimiento persiguió un cambio en las prácticas políticas, defendió la ampliación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la justicia social.
Con eso en mente, el éxito político y electoral no se hizo esperar. Según la Comisión de la Verdad, en marzo de 1986, la UP se convirtió en la tercera fuerza del país. Fue evidente porque, a través de alianzas, obtuvo 6 senadores y 9 representantes a la Cámara.
Adicionalmente, obtuvo 14 diputados, 23 alcaldías y 351 concejales. En total, contó con 120.442 votos en listas propias y 198.875 en alianzas.
Fin de un sueño y comienzo del genocidio
El sueño de la UP concluyó de manera abrupta cuando comenzaron las amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.
Lo que fuera una victoria histórica de la UP, por el éxito en las elecciones, significó paradójicamente su desgracia.
En una década, la UP perdió 145 concejales, todos asesinados en la campaña de exterminio. Eso significa 14 por año y más de un líder cada mes. Además de lo cual, 15 alcaldes en ejercicio, 9 candidatos a alcaldías, 11 diputados, 12 candidatos a asambleas, 3 representantes a la Cámara, 3 senadores de la república y 2 candidatos presidenciales se sumaron a la racha de homicidios.
Entre 1984 y 1996, la cifra superó las 6.000 víctimas en el marco de una ola de violencia que se extendió a casi la totalidad del territorio colombiano.
A la escalada de muertes y desapariciones forzadas, se sumaron detenciones masivas y arbitrarias contra los miembros del movimiento, poblaciones desplazadas de sus zonas de influencia, decenas de atentados y familias enteras exiliadas.
Verdad, justicia y reparación
Junto al histórico fallo de la CIDH, se ordenó a Colombia cumplir un conjunto de medidas de reparación integral para las víctimas y así restablecer la dignidad de las personas.
La verdad, la justicia y la reparación son los hilos conductores de las medidas ordenadas por la CIDH. La memoria histórica tendrá un papel preponderante para conocer lo sucedido, para hacerlo visible y para comprender la importancia de la no repetición. Entre esas medidas se encuentran:
- La obligación de investigar los hechos, identificar y juzgar a los responsables. De esta manera, descomponer el manto de sombras y silencios que oscurecieron la verdad y la falta de condenas para esclarecer responsabilidades. La CIDH ordenó al gobierno iniciar, impulsar, reabrir, dirigir y continuar las investigaciones en un plazo no mayor de dos años y concluir las investigaciones en un plazo razonable.
- Establecer el paradero de las víctimas desaparecidas. Un gran desafío para el Estado colombiano, puesto que la CIDH señaló que hay alrededor de 521 víctimas de la UP desaparecidas.
- Medidas de rehabilitación y tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial para las víctimas que lo soliciten, con sujeción a los estándares de calidad respectivos.
- Medidas de satisfacción para las víctimas que contribuyan a mitigar el dolor, restablecer la dignidad y difundir la verdad de lo sucedido.
Estas medidas son: un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por la totalidad de violaciones de derechos humanos; establecer el 11 de octubre como el día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y actividades de difusión en escuelas y colegios públicos; construir un monumento en memoria de las víctimas y de los crímenes contra los integrantes, militantes y simpatizantes de la UP; colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas; producir y divulgar un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización de la UP; recopilar y propagar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial.
- Una campaña nacional en medios públicos con el fin de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto de la violencia, persecución y estigmatización que padecieron los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la UP. También, un mínimo de cinco foros académicos sobre el tema en universidades públicas de distintos lugares del país.
- Garantizar la seguridad de los actuales militantes de la UP sobre la base de un plan acordado con las autoridades de la UP y presentar informes anuales al respecto.
- Pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a cada integrante o familiar de los miembros de la UP. Esta indemnización contribuirá a la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado y a los gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.
Lo que fuera una victoria histórica de la UP, por el éxito en las elecciones, significó paradójicamente su desgracia.
Las medidas de satisfacción que ordenó la CIDH ponen de presente la importancia de la memoria histórica del exterminio de la UP. Es esencial divulgar la verdad sobre lo sucedido para restablecer la dignidad de las víctimas. Una dignidad que fue pisoteada mediante los múltiples actos victimizantes ocurridos durante más de dos décadas.
La reparación simbólica en el fallo es un paso de gran trascendencia que permitirá que la memoria de las víctimas sea difundida. Como sociedad debemos comprender la importancia de la aceptación pública de los hechos y, por sobre todo, la no repetición de un genocidio contra cualquier colectivo humano.
