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Repensar el sector de seguridad, más allá de las reformas institucionales

Escrito por Viviana Garcia y Alejandra Ortiz
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La reforma de la Policía servirá de poco si no se da una discusión profunda sobre su pasado, su futuro y el papel que juega en la sociedad.

Viviana García Pinzón*
Alejandra Ortiz-Ayala**

Democracia y protesta social

El descontento ciudadano con el funcionamiento de las democracias está aumentando en todo el mundo. Según el primer informe del Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge, que cubre alrededor de 154 países, la insatisfacción con la democracia alcanzó un pico histórico en 2020.

Si bien la tendencia es más pronunciada en países desarrollados, países como Colombia tienen patrones similares. El último informe del Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes muestra un aumento de la insatisfacción con la democracia en el país desde 2018.

En Colombia y en el mundo, las protestas sociales han expresado ese descontento ciudadano. Pero las democracias parecen incapaces de canalizar y responder a las demandas de la gente. Los líderes políticos han tenido que pensar en nuevos mecanismos de diálogo con quienes participan en las movilizaciones, dado que estas trascienden la lógica de liderazgos visibles o movimientos sociales organizados. Y a eso suma otra dificultad: la multiplicidad y complejidad de los reclamos. Hoy, la ciudadanía no se conforma con reformas institucionales, sino que pide una reorientación estructural sobre la forma como se piensa y se dirige la sociedad.

Las protestas masivas no son un fenómeno inédito en Colombia. Pero, en los últimos años, este mecanismo de participación popular parece haber revivido con mayor fuerza, respaldado por un contexto global y amplificado por dos factores internos:

  • el Acuerdo de paz, que abrió la posibilidad de traer al debate nacional demandas postergadas y opacadas por la guerra con las FARC; y
  • los profundos impactos socioeconómicos de la pandemia, sumados al mediocre desempeño del gobierno nacional en este contexto de crisis.

Mientras que las estrategias de movilización popular han cambiado, las respuestas de los gobiernos han seguido siendo las mismas: deslegitimar a los manifestantes y sus demandas, y usar la violencia para controlar las marchas, con despliegues militares en las calles.

La respuesta violenta de los Estados ha puesto en entredicho la democracia y sus instituciones. En el caso colombiano, la muerte de Dilan Cruz en las protestas de 2019, el asesinato de Javier Ordoñez  a manos de la policía en 2020 y la violencia desplegada contra la ciudadanía en las protestas 2021 muestran que el abuso policial persiste y que se necesita con urgencia una reforma.

Más allá de las reformas

Reformar el sector de seguridad no es una necesidad exclusiva en los contextos transicionales de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. También es un paso necesario cuando es preciso adaptar las instituciones a las nuevas demandas de la sociedad.

En Colombia, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, el Acuerdo de paz no incluyó una reforma del sector de seguridad. Por eso sigue pendiente una conversación nacional sobre el papel futuro que tendrán las fuerzas de seguridad. En el debate público se han expresado al menos tres problemas que deben ser atendidos mediante reformas institucionales:

  • la militarización del cuerpo policial;
  • la falta de mecanismos de sanción efectivos; y
  • las barreras formales e informales que fomentan la impunidad.

El gran interrogante es: ¿serán suficientes esas reformas? Desde nuestra perspectiva, la respuesta es no. Los casos de Centroamérica e India muestran que los cambios en los diseños institucionales tienen un efecto limitado si no se consideran en conjunto con otros factores políticos y sociales, pues los cuerpos de seguridad no están aislados de la sociedad.

Por ejemplo, si la ciudadanía apoya estrategias de “mano dura” a toda costa, poco importa que la policía dependa del Ministerio del Interior o el de Defensa. Los comportamientos de los policías no van a cambiar, puesto que responden a las expectativas de la sociedad. Por eso, hablar de una reforma al sector seguridad implica poner entredicho la forma de entender el servicio de seguridad que provee el Estado y el contexto social.

Lo anterior supone hacerse preguntas incómodas y tener conversaciones difíciles. En pocas palabras, implica entender que en Colombia la violencia no es un fenómeno externo o anómalo; es a la vez el pilar sobre el que hemos construido la sociedad y el Estado que tenemos, y el producto de esa sociedad y ese Estado.

Foto: Facebook ESMAD - La idea de la naturaleza benigna del Estado ha permitido que se pueda justificar su violencia ubicándola en un lugar donde las acciones de sus cuerpos de seguridad están exentas de cuestionamiento, pues están dentro y por encima de la ley.

Las conversaciones difíciles 

Estas son algunas de las “conversaciones difíciles” que debemos tener si queremos hacer una reforma efectiva del sector de seguridad en Colombia, que logre reorientar los usos y comportamientos de los miembros de esas instituciones:

  1. ¿Cómo entendemos el orden?

En general, existen dos narrativas frente a la disrupción del curso habitual de la vida en comunidad:

  • unos consideran que es necesario mantener el orden a toda costa, incluso si eso implica abusar del uso de la fuerza del Estado;
  • otros creen que, cuando los mecanismos institucionales de participación indirecta y representación democrática se agotan, las tensiones se canalizan a través de participación directa. En esta narrativa, el papel de los cuerpos de seguridad es proteger y garantizar derechos como el de la protesta social.

En Colombia, los actores que promueven el cambio o cuestionan las bases del orden han sido vistos como una amenaza, por nuestra historia de violencia y el papel central que ha jugado la figura del “enemigo interno” en la construcción de las identidades políticas.

Si la ciudadanía apoya estrategias de “mano dura” a toda costa, poco importa que la policía dependa del Ministerio del Interior o el de Defensa

Por eso es necesario repensar la razón de existir de las fuerzas de seguridad: ¿son instrumentos para proteger la estabilidad de los gobiernos? ¿Están pensadas para controlar a la ciudadanía o para protegerla?

  1. La relación entre el Estado, la democracia y la violencia

La ausencia de una reforma al sector de seguridad en el Acuerdo de paz impidió reflexionar sobre la gran paradoja del Estado colombiano: la coexistencia entre democracia y violencia política.

El relato de “la democracia más antigua de América Latina” oculta ese maridaje histórico que ha existido entre el Estado y la violencia para mantener el statu quo. La idea de que el Estado es por naturaleza benigno ha justificado la violencia estatal y ha impedido criticar las acciones de sus cuerpos de seguridad. Además, ciertos sectores de la sociedad colombiana aún toleran la violencia estatal, pues concuerda con sus expectativas sobre el mantenimiento del orden y la estabilidad.

  1. Seguridad y ciudadanía

La noción de seguridad está estrechamente ligada al concepto de protección, pero ¿qué es lo que debe protegerse?

En el marco del conflicto armado, la seguridad ha sido pensada como un mecanismo para combatir al enemigo interno y proteger al Estado y el orden. Pero, desde otra perspectiva, el objeto de seguridad son los ciudadanos.

A su vez, eso suscita otra pregunta: ¿quiénes son los ciudadanos? Más allá de lo que señalan las normas, el concepto de ciudadanía está atravesado por nociones excluyentes. En la práctica, los ciudadanos (quienes tienen derecho a tener derechos) deben cumplir con una serie de características demográficas, socioeconómicas, fenotípicas y políticas. Quienes no encajan en esa plantilla del ciudadano o del “colombiano de bien” son considerados menos merecedores de la protección del Estado y son vistos con sospecha.

En el marco del conflicto armado, la seguridad ha sido pensada como un mecanismo para combatir al enemigo interno pero, el objeto de seguridad son los ciudadanos.

No es casualidad que los familiares de las víctimas de violencia estatal frecuentemente se vean forzados a demostrar que se trataba de una persona “decente”, que no “merecía la muerte”. ¿De qué manera las visiones excluyentes sobre la ciudadanía y las expectativas sobre las vidas que merecen ser protegidas y las que no moldean las actuaciones de los cuerpos de seguridad?

  1. Los cuerpos de seguridad no son apolíticos

En el contexto del conflicto armado, los cuerpos de seguridad han creado enemigos y amenazas internas sobre la base de identidades políticas. Durante y después del conflicto, ciertos sectores políticos han sido más susceptibles de ser víctimas de la violencia estatal. Por eso, una reforma del sector de seguridad debe asegurarse de que dichos sesgos sean revisados. De lo contrario seguirán perpetuándose los ciclos de violencia.

El primer paso para reformar efectivamente los cuerpos de seguridad es dar una discusión pública sobre estas cuestiones, aunque pueda ser molesto y doloroso para muchos.

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