La autoregulación y las leyes estatales son insuficientes para regular tanto los medios de comunicación como las redes sociales. Es hora de que la ciudadanía se involucre.
Álvaro Duque*
Plataformas incontrolables
Elon Musk detuvo la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Así quedó en evidencia nuevamente que la ciudadanía no se interesa por el funcionamiento ni la regulación de los medios de comunicación y, además, que no se la tiene en cuenta en estos procesos.
Las tecnologías de comunicación condicionan la convivencia, pues delimitan los marcos de referencia de las personas. La digitalización y las tecnologías actuales afectan la familia, las relaciones de género, las creencias religiosas, la economía, el poder político, las definiciones e interrelaciones de los grupos sociales, la identidad, etc.
Cuando internet comenzó a popularizarse se creía que esas tecnologías empoderarían al ciudadano y harían que las sociedades fueran más democráticas. Hoy las situación es muy distinta.
Las tecnologías dominantes remplazaron y transformaron los medios de comunicación convencionales, y aumentaron exponencialmente la cantidad de datos a disposición, dificultando su interpretación.
Así, cambió la distribución de la información, se reconfiguraron las audiencias, y aumentó el uso de sistemas de inteligencia artificial para crear contenidos y orientar el consumo. Ahora todos producen información masiva y la línea entre lo público y lo privado se ha borrado.
Cada tanto se discute sobre los efectos negativos de las tecnologías digitales. Esto sucedió durante la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, e incluso durante distintos procesos electorales en todo el mundo.
Conviene recordar la influencia de las redes sociales en los resultados del plebiscito por la paz en 2016, en la llegada a la segunda vuelta presidencial del “viejito de TikTok”, o en la estrategia digital de la campaña ganadora de las elecciones pasadas, cuando uno de los encargados reconoció que “movió la línea ética” a la hora de usar los medios para triunfar.
La preocupación está justificada. Creer en información falsa afecta el futuro de las democracias, y la salud individual y colectiva. La OMS habla desde hace dos años de “infodemia”: la epidemia de la desinformación.
Las inequidades en el acceso a internet, la burocracia que obstaculiza su inclusión en los planes de estudio, y la falta de capacitación de los docentes obstaculizan una adecuada educación para los medios.
De hecho, Musk detuvo la compra de Twitter alegando que no pueden controlarse las cuentas manejadas por robots ni certificar cuántos de los casi 500 millones de usuarios de esa red son reales.
Aunque el director de Twitter, Parag Agrawal, dijo que desde que se anunció el preacuerdo de compra en abril se borraron a diario un millón de cuentas falsas, el famoso empresario decidió suspender el negocio.
Twitter intentó mostrar la eficacia de varias medidas adoptadas, por ejemplo, una advertencia que le aparecía a los usuarios antes de tuitear para evitar publicar información falsa. Agrawal explicó en un tuit lo difícil que es controlar el crecimiento de las cuentas falsas y la consecuente desinformación. La respuesta de Musk resume lo sucedido.
Sin duda, el desorden informativo y otros aspectos negativos de las tecnologías de comunicación no se curan acudiendo a la inteligencia artificial ni a los grupos de especialistas que las plataformas contratan para controlar los daños a la deliberación pública y la salud de los ciudadanos.
La ley no basta
Debido al fracaso de las medidas de autorregulación el parlamento europeo aprobó el pasado 5 de julio la Ley de Servicios Digitales (DSA) que junto con la Ley de Mercados Digitales (DMA), pretende poner orden a las grandes empresas de tecnología.
La DSA es el marco regulatorio más completo para proteger a los ciudadanos de los abusos de los gigantes de la tecnología, pues crea “una experiencia en línea más segura para expresar libremente las ideas, comunicarse y comprar en línea reduciendo la exposición a actividades ilegales y mercancías peligrosas, y garantizando la protección de los derechos fundamentales”.
Pero ese marco se limita a Europa; en otras partes del mundo como América Latina todavía se vive una situación de “todos contra todos” que deja vulnerables a los ciudadanos.
Quienes analizan cómo enfrentar los daños que causan las plataformas digitales, en particular en menores de edad, concuerdan en que debe irse más allá de la autorregulación y las normas. La ciudadanía y el sistema escolar deben involucrarse para resolver este desafío.
La educación para los medios
El informe presentado por FairPlay for Kids y en Colombia por Red PaPaz muestra que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales es también responsabilidad de la ciudadanía. Además de las medidas de seguridad de las plataformas y de la regulación del gobierno, se necesita una educación para los medios.
El trabajo de Unicef sobre la infancia y la desinformación subraya que apenas 2 % de los jóvenes en el mundo poseen las habilidades necesarias para determinar si una noticia es verdadera o no, por eso “la alfabetización mediática es un área que requiere urgente atención por parte de la ciudadanía”.
La tarea de la educación para los medios es precisamente desarrollar habilidades para aprovechar las plataformas de comunicación de manera crítica. Esta alfabetización digital es una expansión de la idea tradicional de la alfabetización para incluir todas las formas de comunicación: medios digitales, videojuegos, impresos, aplicaciones de celulares, canciones, anuncios publicitarios, entre otros.
Existen varias iniciativas que impulsan la educación para los medios en Colombia. Esos proyectos empezaron hace más de 30 años, y hoy tienen un carácter y un entorno mucho más amplio, pues predominan las plataformas digitales.
Según el Digital News Report del Instituto Reuters, “seis de cada diez personas (61 %) manifiestan tener alguna dificultad a la hora de distinguir entre lo que es real y lo que es falso en internet”.
Los aportes de estas iniciativas permiten explicar el funcionamiento de los diversos espacios comunicativos, hacer efectivo el derecho a la comunicación (que suele confundirse con la libertad de expresión) y desarrollar la ciudadanía digital.
Pero las inequidades en el acceso a internet, la burocracia que obstaculiza su inclusión en los planes de estudio, y la falta de capacitación de los docentes obstaculizan una adecuada educación para los medios.
El próximo gobierno debería impulsar medidas para cambiar esta situación desde los ministerios de las TIC y de Educación, donde ya se ha trabajado en esa dirección. Así mejorarían las instituciones, se tratarían las inquietudes que dejan las plataformas digitales y se prepararía el escenario de cara a la consolidación del metaverso, los macrodatos, la inteligencia artificial y la internet de las cosas.
Además a corto plazo sería una forma efectiva de atacar problemas como la crisis de salud mental; exacerbada por el acoso en línea, la adición a los videojuegos y las redes sociales; y la crisis de la deliberación pública; fomentada por la desinformación.
