En vez de gravar a los más ricos, el gobierno seguirá cobrándoles a los que menos tienen. Pero las cifras demuestran que los ricos podrían pagar más sin que esto implique expropiarlos o dejarlos en la calle.
Jairo Orlando Villabona Robayo*
La reforma
En los próximos días, el gobierno nacional radicará ante el Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria que pretende recaudar más de 30 billones de pesos.
De ese total, cerca de 5 billones irán a los departamentos y los municipios, a través del Sistema General de Participaciones. De los 25 billones restantes, 10 se destinarán a programas sociales y los otros 15 se dedicarán a pagar la deuda, como lo muestra la Gráfica siguiente:
Fuentes y usos de la reforma tributaria
Fuente: Revista Semana.
Como se ve, las personas jurídicas aportarían apenas 3 billones del recaudo total, mientras que las personas naturales pagarían 16,8 billones y otros 10,5 provendrían del IVA.
¿Por qué esta reforma es injusta e impone más cargas sobre los que tienen menos recursos?
Un sistema injusto
En general existe la percepción errada de que en Colombia se pagan muchos impuestos; pero en la realidad la carga fiscal —proporción de los impuestos recaudados sobre el PIB total— es muy baja.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018 el recaudo tributario equivalió al 19,4% del PIB en Colombia, mientras que el promedio de América Latina fue del 23,1 % y el promedio de los miembros de la OCDE fue 34,3 %.
Ese bajo porcentaje impide que el Estado atienda bien las necesidades de seguridad, infraestructura, salud, educación, vivienda, vías y demás programas sociales —lo cual es especialmente grave en un país que, a diferencia de otros Estados, ha vendido muchas de las empresas públicas, agotando estas fuentes importantes de recursos y haciéndolo depender más y más de los impuestos—.
Los grandes capitales en Colombia pagan sumas irrisorias por concepto de impuestos o simplemente no pagan. En el pasado, los dividendos no estuvieron gravados y hoy existen muchos mecanismos para evadir el pago de tributos, por ejemplo, si los dividendos se decretan en acciones o si no se decretan, así se hayan ganado cientos de miles de millones.
De acuerdo con la OCDE en 2018 el recaudo tributario equivalió al 19,4% del PIB en Colombia, mientras que el promedio de América Latina fue del 23,1
Actualmente el recaudo recae más que todo sobre los trabajadores, sobre los prestadores de servicios y sobre los pequeños negocios, principalmente mediante el impuesto de renta y el IVA.
Por eso el sistema impositivo en Colombia es regresivo e injusto. Mientras que las personas de más alto ingreso pagan entre el 1 y 2 % sobre sus utilidades, un prestador de servicios que tenga un contrato por un monto similar a un salario mínimo debe pagar cerca de un 30 % sobre su ingreso.
En suma, el sistema tributario está diseñado al revés: los que más ganan tienen que pagar menos y viceversa.
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El IVA y la canasta familiar
Si —siguiendo el ejemplo de países como Japón, Francia o España— se ajustara el sistema tributario para gravar más a los que más tienen, se podrían obtener entre 5 y 6 billones de pesos adicionales a los que hoy recibe el Estado colombiano.
El recaudo también podría aumentar con la propuesta inicial del gobierno, consistente en imponer el IVA del 19% sobre todos los bienes o servicios. Pero con esto el costo del recaudo aumentaría en un 13% y, en todo caso, se agravaría el peso sobre las familias más pobres y vulnerables, porque tendrían que hacer más esfuerzo para mantener su consumo o que sacrificar parte de sus ya precarias condiciones de vida.
Hoy, el gobierno ha matizado su propuesta de gravar con IVA toda la canasta familiar y ha planteado una alternativa: ampliar la canasta gravada del 53 al 60 %, lo cual implica subir la tarifa para algunos productos que actualmente pagan entre un 5 % y un 19 %, entre ellos las harinas, las pastas, las carnes frías, los embutidos, el azúcar y la gasolina. Esta propuesta sigue siendo injusta, porque los estratos menos ricos s también consumen estos bienes.
El gobierno afirma que el desbalance sería corregido mediante la devolución parcial del IVA. Pero los expertos han advertido que esta medida no funciona como debe, pues tiene un alto costo fiscal y un efecto reducido sobre la desigualdad:
• Devolver el IVA puede costarle al Estado más de 2 billones de pesos;
• No existe un mecanismo confiable para determinar el monto a transferir, pues es casi imposible que el gobierno sepa a ciencia cierta cuánto pagó cada hogar por concepto de IVA;
• Muchas de las personas que deberían recibir el beneficio no están censadas o no están incluidas en las bases de datos del Sisbén;
• Incluso si se identifican todos los beneficiarios y el monto exacto que se les debe devolver, “los hogares con más ingresos dentro de los más pobres recibirán un monto mayor que aquellos aún más pobres”.
Gravar a los más ricos
Una salida para no afectar a los más pobres es gravar los patrimonios de los más ricos y controlar la evasión fiscal.
En Colombia, el impuesto a la riqueza —sin incluir la vivienda— se cobra a las personas con un patrimonio líquido igual o superior a 5.000 millones de pesos y su tarifa es del 1 %. Este gravamen debe empezar a cobrarse desde valores más bajos, al menos para personas con patrimonios de 1.200 millones de pesos y con tasas progresivas del 0,5 %, 1,0 %, 1,5 % y 2 %. Esto no afectaría a más del 0,5 % de la población colombiana y podría aumentar el recaudo.
Además, podría aumentarse el impuesto sobre las herencias. Mientras que en Japón las herencias de los más ricos tienen un impuesto del 55 %, en Corea del 50 % y en Ecuador del 35 %, en Colombia el Estado apenas cobra el 10 %. Este sería un mecanismo adecuado para empezar a desconcentrar la riqueza y aumentar el recaudo.
Pero una de las medidas fiscales más eficaces sería combatir en serio la evasión tributaria. Según el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, en 2016 los colombianos tenían cerca de 100.000 millones de dólares en otras jurisdicciones para no pagar impuestos. Si a estos dineros evadidos se les cobrara el 1 % como impuesto al patrimonio se podrían recaudar cerca de 3,7 billones de pesos. Suponiendo una rentabilidad promedio del 5 % anual, se podría obtener un recaudo adicional estimado de 5,9 billones.
Desde hace más de cinco años se ha afirmado que una tercera parte de la inversión que se hace en Panamá proviene de Colombia. Hasta el momento, el gobierno ha hecho poco o nada para controlar los dineros en paraísos fiscales. Para comenzar a hacerlo, el Estado podría prohibir los giros desde y hacia paraísos fiscales, salvo que se establezcan acuerdos de intercambio de información automática.
Otras medidas fiscales
En Colombia, las grandes extensiones ganaderas y, en general, la tierra no está actualizada catastralmente, es decir, el gobierno no sabe cuántos inmuebles hay en el país, cuánto valen y cuáles son sus características.
Tan solo en Bogotá y en Medellín podría decirse que el valor catastral de los predios se acerca a su valor comercial. En el resto del país, la mayoría de los predios están avaluados para pagar un impuesto predial bajo, lo cual les impide a las entidades territoriales recibir recursos para financiar sus programas sociales.
Podría aumentarse el impuesto sobre las herencias. Mientras que en Japón las herencias de los más ricos tienen un impuesto del 55 % y en Ecuador del 35 %, en Colombia el Estado apenas cobra el 10 %.
Además, en Colombia no tenemos un sistema de impuestos ambientales robustos. En la Unión Europea, el recaudo por impuestos ambientales representó el 2,4 % del PIB en 2017, mientras en Colombia fue del 0,4 % del PIB en 2019. La fiscalidad ambiental es una pieza clave para frenar el cambio climático y para financiar los programas de sostenibilidad de los gobiernos. Este es un campo que ofrece una buena oportunidad para mejorar el recaudo.
En suma, Colombia no recauda más impuestos sencillamente porque sus dirigentes no quieren. En lugar de proponer las reformas tributarias que el país necesita, nuestros gobernantes siguen empeñados en cobrarles más a los más pobres.
¿Cuál es la explicación? Los grandes grupos económicos financian las campañas políticas para la presidencia y el Congreso, lo cual crea compromisos futuros para elaborar leyes que los favorezcan. La reforma tributaria que presentará el gobierno este año no será la excepción.