Cuáles fueron los cambios aprobados en primera vuelta, cuáles han sido las críticas, qué es lo bueno, lo malo y lo feo de las reformas al sistema electoral y partidista.
Armando Novoa García*
Lo aprobado y sus críticos
El texto del proyecto de Reforma Política que aprobó el Congreso en primera vuelta consta de siete artículos:
- Suprime la facultad de la Procuraduría para desvincular servidores públicos de elección popular,
- Dispone las “listas únicas”, cerradas y bloqueadas,
- Señala mecanismos internos para la selección de los candidatos,
- Establece la financiación estatal completa de las campañas electorales,
- Limita la reelección a tres períodos en cada corporación de elección popular, modifica el régimen de incompatibilidades de los congresistas,
- Fija nuevas condiciones para las listas de coalición a corporaciones públicas y las somete a los principios de paridad, alternancia y universalidad de género.
- El último artículo adecúa normas transitorias con excepciones a los principios y permite que para las listas al Congreso en 2026 se repita el orden de la elección de 2022.
El voto obligatorio, la disminución de las edades para ser elegido al Congreso y el régimen del conflicto de intereses de los congresistas fueron retirados del texto conciliado para segunda vuelta.
Hasta el momento la reforma ha despertado preocupaciones; quienes la atacan alegan que las nuevas reglas favorecen al Pacto Histórico, que así pretendería constituirse en una fuerza política hegemónica. Las discusiones se refieren más que todo a la figura de la lista cerrada.
Una reforma sólida debería buscar un equilibrio entre las expectativas actuales y el reto de mejorar la calidad de la democracia. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido: el debate está atrapado en la pugnacidad del momento.
Veremos qué sucede en la segunda vuelta, cuando el Congreso se vuelva a ocupar de este proyecto de reforma constitucional en sus sesiones ordinarias.
¿Por la paz o contra la corrupción?
El proyecto inicial demandaba el cumplimiento del Acuerdo de Paz, pero el presidente del Senado señaló que su objetivo principal es la lucha contra la corrupción. Aunque las dos cosas no son incompatibles, tienen distintos énfasis.
Una reforma sólida debería buscar un equilibrio entre las expectativas actuales y el reto de mejorar la calidad de la democracia. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido: el debate está atrapado en la pugnacidad del momento.
Para cumplir el Acuerdo era menester seguir las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, que impulsaba la adquisición progresiva de derechos y la supresión del umbral electoral como requisito para obtener personería jurídica de los partidos. Esta habría sido una respuesta adecuada a la proliferación de personerías jurídicas de último momento; pero la idea fue descartada con el apoyo de Roy Barreras.
Por otro lado, para combatir la corrupción, el proyecto debería ser mucho más riguroso en lo tocante a la financiación de las campañas.
A continuación, los temas más relevantes para discutir la reforma.
La lista cerrada y bloqueada
La lista cerrada y bloqueada (LCB) tiene seis virtudes:
- Contribuye a la identidad ideológica de los partidos,
- Previene las fracturas internas;
- Reduce el individualismo extremo del sistema electoral actual:
- Garantiza la diversidad en la composición de las listas y la cuota de género;
- Facilita la votación y el escrutinio, y
- Abarata las campañas. Especialmente, disminuye los riesgos de ingresos de dineros ilegales y, por ende, mejora los controles sobre las fuentes de financiación.
En eso coinciden el presidente Petro y las editoriales de El Tiempo, El Espectador y El Nuevo Siglo. La lista cerrada y bloqueada ayudará a mejorar la calidad de la actividad política y electoral y a dotar de mayor legitimidad democrática a las instituciones, en un entorno global marcado por las amenazas contra el sistema representativo.
Quienes critican las LCB alegan que ellas cierran espacios para la participación democrática en la elaboración de las listas. Y afirman además que estas listas solo tienen éxito electoral cuando son encabezadas por líderes caudillistas como Uribe con el Centro Democrático en 2014 y Petro con el Pacto Histórico en 2022.
Pero, para el año 2026 tendremos una situación diferente. Podrán surgir otros factores de desequilibrio en la competencia, pero no precisamente ese.
Democracia en la selección de candidatos
Para que las anteriores ventajas de las LCB sean reales, se necesitan mecanismos previos y eficaces de democracia interna para la selección de candidatos.
Aunque el proyecto avanza poco en el tema, establece la obligatoriedad de acudir a consultas populares, internas o interpartidistas, al consenso “o cualquier otro mecanismo de democratización interna” para escogerlos, y contempla sanciones en caso de omisión.
Sin embargo, deja en manos del Consejo Nacional Electoral su aplicación y, por eso mismo, genera dudas sobre su eficacia.
Si se pretende avanzar en una aprobación, sería necesario adoptar dos tipos de medidas:
- La obligatoriedad de elecciones primarias para seleccionar candidatos. Estas elecciones tendrían que darse en una sola fecha para todos los partidos y estar sujetas a unas reglas precisas de financiación de las campañas internas. Este el caso en Argentina de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). De ser así, obligaría a un mayor esfuerzo de organización partidaria.
- Incorporar algún mecanismo de elección y legitimación democrática de las directivas de los partidos, pues quienes se oponen a las listas cerradas y bloqueadas argumentan el riesgo de la “dictadura del bolígrafo” en sus propias agrupaciones. Esa medida responde a una crítica razonable sobre la inexistencia de verdaderos partidos y a la opacidad de sus directivas que, en la mayoría de los casos, se limitan a otorgar avales.
Congresistas convertidos en ministros, embajadores, candidatos a alcaldías y gobernaciones
Las incompatibilidades son restricciones que rigen durante el ejercicio de un cargo público.
La Constitución establece que ningún congresista puede ejercer funciones públicas durante el año siguiente a su renuncia a la curul. La regla fue adoptada para fortalecer la independencia del Congreso frente al ejecutivo e impedir su uso para saltar a altas posiciones de gobierno durante el período para el cual fue elegido.
Según el texto aprobado, los congresistas podrían ser nombrados ministros o embajadores en forma inmediata a su renuncia, o aspirar a alcaldías y gobernaciones durante el mismo año —en este caso en las elecciones de octubre de este año—.
Roy Barreras señala que la lista cerrada lleva a consolidar los partidos de gobierno y, por eso, sus congresistas deberían poder desempeñar funciones en el ejecutivo, como ocurre en el sistema parlamentario. El ajuste traería consecuencias insospechadas en la relación entre el gobierno y el Congreso.
Pero todos sabemos que ese no es el verdadero motivo de la enmienda y que en realidad apunta a las expectativas de 2026 para la candidatura presidencial.
Un “articulito” que solo debería aplicarse a partir de las próximas elecciones al Congreso. De otra manera, existirá un clarísimo conflicto de intereses de los congresistas que podrían beneficiarse en forma particular y directa de la modificación.
Legislando en causa propia
Una norma transitoria permite que la organización de las listas para las próximas elecciones “pueda tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último período constitucional de la respectiva corporación”.
Eso significa que para 2026 las listas de los partidos deberán mantener en el mismo orden a los congresistas elegidos. ¿En qué quedarán los principios democráticos?
Roy Barreras señala que la lista cerrada lleva a consolidar los partidos de gobierno y, por eso, sus congresistas deberían poder desempeñar funciones en el ejecutivo, como ocurre en el sistema parlamentario. El ajuste traería consecuencias insospechadas en la relación entre el gobierno y el Congreso.
La norma suspende por cuatro años la aplicación de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la cuota de género. Aquí existe un conflicto de intereses pues beneficia a los congresistas en ejercicio, que mantendrían el mismo lugar que en las listas inscritas en marzo de 2022.
El problema de las coaliciones
Finalmente, están los cambios en las coaliciones para las corporaciones públicas.
Este derecho se extiende a todos los partidos y no solo —como ahora—a los que, sumados en una circunscripción, alcanzaron en la elección anterior una votación no superior al 15 %.
De esta manera los partidos que son mayoría en el Congreso podrán aliarse en listas más potentes que, unidas el sistema de cifra repartidora, llevarán a una mayor hegemonía de las agrupaciones tradicionales en las corporaciones públicas. Esta, por tanto, es una reforma innecesaria y perjudicial para las minorías políticas y para el propio Pacto Histórico.
A cambio de ese desgaste constitucional, las nuevas fuerzas deberán fusionarse en una sola personería jurídica. Una ley estatutaria se ocuparía de las garantías y derechos de las corrientes que concurran a este tipo de acuerdos.
Las listas cerradas y bloqueadas constituyen un innegable avance en nuestro sistema representativo. ¿Será mucho pedir que para salvarlas se retiren del proyecto algunos aspectos que deslegitiman su viabilidad?
