Megapensiones

Cincuenta exparlamentarios demandaron al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se les reestablezcan sus mesadas pensionales.

La sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional fijo un monto máximo de 25 salarios mínimos para las pensiones de los funcionarios públicos. Desde entonces no paran las demandas de este tipo. Pero las demandas se han resuelto reiteradamente a favor del Estado y es probable que lo mismo ocurra en esta ocasión.

Esta situación revela un asunto preocupante: la inequidad del sistema pensional colombiano. Colombia es un país de bajos ingresos distribuidos desigualmente. Aquí las pensiones son el final de una vida laboral llena de obstáculos: escasez de empleos, inestabilidad en los mismos y baja remuneración.

Las llamadas megapensiones resultan alarmantes; son islas de riqueza en océanos de miseria. Pero el problema no son los montos elevados, sino que muchas personas no puedan siquiera acceder a una pensión.

Alrededor del 30% de la población colombiana vive en la informalidad, con ingresos por hogar inferiores a un salario mínimo y en condiciones de pobreza. Las discusiones sobre el salario mínimo o el sistema pensional no tocan a este segmento de la población.

El siguiente segmento son los hogares con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos. Este grupo representa el 60% de la población. El sistema pensional sí opera aquí, pero no completamente. Si se suman ambos grupos, el 90% de la población gana menos de cuatro millones de pesos.

Dentro del 10% restante de la población, las desigualdades son muy pronunciadas.  No son magnates, pero en Colombia lo parecen. El 2% de estos hogares más ricos reciben más de diez millones de pesos mensuales, el 1% recibe más de catorce millones, y unos pocos hogares tienen ingresos aún mayores. La cobertura del sistema pensional es mayor entre más altos sea los ingresos de los hogares.

La mezcla colombiana

El sistema pensional vigente se caracteriza por la cohabitación y competencia entre el subsistema público, administrado por Colpensiones, y el privado, administrado por las AFPs.

Estos sistemas son distintos: el primero se basa en el reparto intergeneracional, o donde los jóvenes contribuyen a las pensiones de los viejos. En el segundo cada persona lleva una cuenta de ahorro según sus cotizaciones.

Existen además algunos fondos púbicos para costear los regímenes de excepción al cual pertenecen los congresistas, los militares, el magisterio y algunas entidades territoriales.

Mucha gente no puede pensionarse con el sistema actual y si lo hacen, las mesadas son muy bajas o demasiado generosas para unos pocos. La cobertura total del sistema pensional es de apenas el 28%. Esto sucede por la informalidad y la desigualdad del mundo laboral colombiano.

La mayoría de las megapensiones corresponden al sector público. Por eso hay la creencia de que es mejor afiliarse a Colpensiones y esto a su vez hace que los voceros de los fondos privados insistan en el desmonte de esta institución y en la completa privatización del sistema.

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La reforma de Petro

Una reforma pensional debe reducir las megapensiones y corregir el problema de la desigualdad. Pero las reformas tributarias recientes desconocen la raíz del problema.

Es popular atacar a los “ricos”, en especial si pertenecen a instituciones desprestigiadas como el Congreso, pero así no se corregirá la desigualdad. Primero hay que producir más riquezas, hay que tener las reservas suficientes para que la mayoría de la gente pueda pensionarse.

En hora buena, el presidente Petro ha dicho que sus ideas económicas se basa en en Mariana Mazzucato. Esta economista sostiene que el Estado no debe limitarse a corregir las fallas del mercado, sino que debe crear riquezas. Para eso se necesita un pacto multisectorial entre el sector público y el privado y demás sujetos productivos. El foco del ministro de Hacienda debe ser la organización económica del país y el desarrollo del capitalismo.

Una reforma pensional puede ser de tres tipos: paramétrica, organizacional o mixta.

Una reforma paramétrica se enfoca en las condiciones de acceso, períodos de cotización o edades de pensión. Una organizacional se enfoca en la modalidad del sistema y sus fuentes de financiación. Por su puesto las mixtas abordan ambos asuntos.

La propuesta ganadora en las elecciones presidenciales parece abogar por un modelo de pilares. En la práctica este modelo ya existe en los fondos privados, pues se garantiza una pensión mínima que debe ser cubierta por el Estado para quienes ganan hasta un salario mínimo, y para ello los fondos se apropian de casi una décima parte de lo que aportan los afiliados.

La propuesta de pilares tiene muchos antecedentes en el mundo, y en Colombia ha sido auspiciada por Fedesarrollo. El gobierno electo la acogió y amplió el monto mínimo de cotización del primer pilar, fijándolo en 4 salarios mínimos. Según esto, cerca al 90% de la población haría parte del modelo.

Esta reforma sería mixta, pero tendría más elementos organizacionales; pretende cambiar la cohabitación-competencia entre los sistemas pensionales por un modelo de complementariedad entre ambos.

El gobierno electo no ha especificado detalles sobre las megapensiones, pero la reforma puede ayudar a acortar las distancias.

Las megapensiones son consecuencia de la desigualdad en la capacidad de presión de los altos funcionarios del Estado, y por eso en teoría son contrariara al principio de igualdad que estable la Constitución.

Pero se necesitan una reforma pensional organizacional, una reforma fiscal y sobre todo una transformación económica en el país para solucionar el problema de la pobreza. Únicamente así se concebirán como inverosímiles las elevadas mesadas de unos pocos, pues los derechos estarán al alcance de las mayorías.