Un influyente gremio financiero propone acabar a Colpensiones para fortalecer los fondos privados, pero esta idea no asegura la solvencia del sistema, no significa mejores pensiones y agrava la inequidad que de por sí campea en la materia.
Flor Esther Salazar*
La propuesta
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ha venido insistiendo en su propuesta “Elementos para una reforma estructural pensional”, y esta vez su director Sergio Clavijo ha divulgado la idea en su columna del diario La República.
Dadas la seriedad de este analista y la influencia indudable del gremio que dirige, es importante precisar y evaluar el alcance de una propuesta que sugiere entre otras cosas, el “marchitamiento” de la empresa aseguradora estatal –Colpensiones-, como paso esencial hacia un sistema sólido y “equilibrado” para administrar los fondos pensionales que constituyen el principal ahorro del pueblo colombiano.
Pero el análisis de ANIF resulta ser sesgado y su diagnóstico poco equilibrado, pues la propuesta parte de la idea de que los problemas pensionales se deben solamente a Colpensiones – es decir al régimen de prima media (donde existe solidaridad entre los cotizantes)- mientras resalta las bondades del régimen de ahorro individual (donde cada persona cotiza solo para su pensión) que administran los fondos privados.
Porvenir y Protección- concentran el 81 por ciento de los ahorros totales y perciben ganancias gigantescas.
Pero estos fondos también tienen problemas importantes, como tuve ocasión de explicar en esta misma revista.
Este sesgo de ANIF en favor de los fondos privados se nota desde el comienzo mismo de su estudio, cuando reseña los éxitos de los sistemas de ahorro individual en el mundo, sin advertir que estos sistemas predominan apenas en algunos países de América Latina y de Europa del Este, donde además han sido objeto de muy serias reformas.
Tanto la literatura técnica especializada como la experiencia internacional muestran las grandes dificultades de estos sistemas privados para mantener su solvencia y responder de veras por las mesadas de sus pensionados.
Los fondos son rentables, pero no para los asegurados
 Debilitamiento de Colpensiones. Foto: Colpensiones |
En Colombia existen cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pero dos de ellas – Porvenir y Protección- concentran el 81 por ciento de los ahorros totales y perciben ganancias gigantescas, que por demás contrastan con la baja rentabilidad para sus afiliados.
El éxito de las AFP se atribuye a los altos retornos que han logrado sobre los ahorros de sus afiliados – de entre un 6 y un 8 por ciento real por año-. Pero esta rentabilidad no se refleja en pensiones mejores para los afiliados es decir, en que ellas cubran una mayor proporción del salario que se tomó como base de sus cotizaciones.
Pero además la rentabilidad efectiva de los fondos es bastante menor de lo que dice ANIF. Por ejemplo según los reportes de la Superintendencia Financiera (circular 59), la rentabilidad desde el inicio del sistema en 1994 hasta junio de 2017, fue de apenas cinco por ciento anual a lo largo de estos 23 años.
Si de la cifra anterior se descuentan los costos de administración explícitos (porque hay costos ocultos), como la comisión que deben pagar los afiliados, los rendimientos reales se aproximan apenas al dos por ciento anual. Y esto sin tener en cuenta el costo de los seguros previsionales para los pensionados ni el aporte del 1,5 por ciento que deben realizar al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
Hechos estos ajustes – y de conformidad con los reportes trimestrales de la Superintendencia Financiera- los fondos pensionales en Colombia resultan arrojar pérdidas netas en lugar de ganancias para los cotizantes.
Pero las AFP y sus defensores afirman que el sistema no resulta costoso porque la comisión por administración asciende apenas al 1,3 por ciento del valor de los aportes. Y aquí debe aclararse que se trata del 1,3 por ciento del Ingreso Base de Cotización (IBC) -esto es, del ingreso del asalariado que sirve como base para liquidar sus aportes a la seguridad social- lo cual en plata blanca significa una comisión que puede equivaler hasta un 8, 13 por ciento de los aportes efectivos del trabajador.
Si a esto se suma el 1,7 por ciento de seguro previsional para los pensionados, el costo para los contribuyentes puede ascender hasta un 18,75 por ciento del total de los aportes que la persona ha realizado a lo largo de su vida laboral.
Y, por si falta hiciera, al director de ANIF se le olvida sumar las comisiones que las AFP cobran a quienes se retiran de sus fondos, las comisiones por traspasos y otros costos ocultos (costos de todos los procesos de inversión de los fondos), que por supuesto acaban siendo cubiertos por los afiliados.
Para completar el panorama habría que añadir los costos que asumen los afiliados en el momento de acceder a su pensión, que en el caso de rentas vitalicias pueden ser superiores al cinco por ciento.
En resumen: los costos totales para los afiliados llegan a ser superiores al 20 por ciento.
O todos en la cama…
Además de su rentabilidad insuficiente para el afiliado, los fondos privados de pensiones han sido objeto de críticas justificadas, en razón de que no constituyen “seguridad social” sino más bien un sistema de seguro individual que por lo mismo no puede amparar a las grandes mayorías y que –al revés- sustrae los ahorros que la seguridad social necesita para cumplir su función protectora.
Por eso en casi todos los países de la OCDE los fondos privados son apenas un complemento opcional para quienes puedan y quieran mejorar sus mesadas. No son el centro ni el eje del sistema.
Los fondos pensionales en Colombia resultan arrojar pérdidas netas en lugar de ganancias para los cotizantes.
Se dice que la informalidad laboral es la razón de fondo del problema pensional, pero que esto nada tiene que ver con la gestión eficiente de las AFP. Pero lo mismo cabría decir del sistema que administre una entidad del Estado, porque tampoco ella es responsable de la informalidad que afecte a otros grupos sociales.
Dicho de otra manera: cualquier sistema universal de pensiones tendría que hacer frente a la informalidad y demás deficiencias del mercado laboral, igual que todos ellos deben enfrentar las consecuencias del envejecimiento de la población.
Es injusto entonces achacar estos problemas al sistema público mientras que en el caso del sistema privado esos mismos problemas se tratan como factores externos o variables que escapan a su control.
Más todavía: esos “factores externos” precisamente hacen que un sistema privado sin solidaridad sea más inequitativo e incapaz de garantizar pensiones para todos.
La bomba fiscal
 Miembros de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF Foto: Gobernación de Santander |
La llamada bomba fiscal es decir, el desfase entre el gasto del Gobierno y sus ingresos, a la que aluden Clavijo y otros, debe ser analizada con detenimiento: no hay duda de que las pensiones son un costo creciente o una “bomba de tiempo” para las finanzas públicas.
Pero también es cierto que ese costo fiscal ha resultado en buena parte de la transición hacia un sistema privado de pensiones.
De hecho fue el temor a la bomba fiscal lo que en 1993 llevó a adoptar el sistema de fondos privados de pensión. Pero esto implicó el traslado de muchos cotizantes desde el instituto oficial de los seguros hacia las AFP, con lo cual se descapitalizó el sistema público y se aumentó la presión sobre el erario. Por un camino como este se llegaría a eliminar definitivamente el sistema público, con las malas consecuencias que se han dado en el ejemplo proverbial de Chile.
Y existen además costos pensionales que el Estado tendría que seguir asumiendo aún bajo un sistema totalmente privado, como decir la garantía de una pensión mínima (subsidio a las pensionas de salario mínimo de los fondos privados que puede superar el 60 por ciento de cada pensión) o la compensación por deslizamiento del salario mínimo.
En todo caso – y según los cálculos de ANIF- con “marchitar” el régimen de prima media se lograría apenas reducir el pasivo pensional del 113,9 por ciento al 112,3 por ciento como proporción del PIB en 2050. Tanto así que en el mismo resumen del documento de ANIF se dice que “los beneficios del ajuste fiscal lucen distantes”.
¿Qué hacer?
Otra propuesta de ANIF es aumentar la edad de jubilación en cinco años. Esta es una reforma del mismo tipo de las que han reajustado o pretendido reajustar las cotizaciones, alargar los períodos de cotización, disminuir el valor de la pensión u otros ajustes similares. Pero estas reformas que han ido siendo ejecutadas a partir de la Ley 100 de 1993 no han logrado resolver ninguna de las graves deficiencias del sistema.
Los costos totales para los afiliados pueden llegar a la cercanía del 20 por ciento.
No tiene sentido elevar las edades de jubilación si no es posible lograr continuidad en los aportes, si no existe la posibilidad de hallar un empleo después de los 60 años, como tampoco lo tiene aumentar el monto de las contribuciones sin que se dé una mejoría de los salarios o ingresos laborales que determinan la capacidad de pago.
Frente a la alarma adicional del envejecimiento de la población, habría que atacar los problemas de fondo como decir la falta de productividad, los altos niveles de desempleo e informalidad, cuya mejora generaría efectos que podrían compensar el aumento de la edad promedio de los colombianos.
No se pueden seguir repitiendo las mismas recetas que se sabe no van a funcionar.
Pero aun con eso la propuesta de ANIF es un insumo muy valioso para profundizar en el análisis y en el debate que Colombia necesita con verdadera urgencia, y en el que deben participar todas las fuerzas y los sectores sociales.
* Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
