¡Reforma laboral ya!

Revivió la reforma laboral, entre el oportunismo del gobierno y la mezquindad de los partidos de la oposición. Mientras unos buscaban anticipar las elecciones de 2026 con una consulta popular que no garantizaba la aprobación de la reforma; otros demostraban que su intento por hundir la reforma no tenía que ver con la realidad laboral, sino que era un cálculo para debilitar al gobierno.

Resucitar el debate de la reforma laboral es, sin duda, una buena noticia para las y los trabajadores. Al proyecto de ley le faltan dos debates que pueden agotarse antes del 20 de julio. Aunque el tiempo es corto, su aprobación es perfectamente posible.

También es positivo que las reivindicaciones laborales no se conviertan en una excusa pre electoral del gobierno o de la oposición.

Rodrigo Uprimny, Jennifer Pedraza y yo hemos insistido que la consulta popular era una vuelta larga para tramitar la reforma. Después de aprobadas las preguntas —si es que se aprobaban—, el gobierno debía volver al Congreso a tramitar en cuatro debates (dos más a los que faltan ahora), leyes para volver realidad las aspiraciones del mecanismo popular.

Gobierno y oposición se favorecen al polarizar al país en campañas anticipadas mientras que el pueblo trabajador sigue teniendo jornadas “diurnas” hasta las 9:00 pm, y continúa sin el pago de recargos del 100% del salario por laborar en días de descanso.

Con la reforma en trámite y la consulta hundida, el Senado tiene una gran responsabilidad: lo mínimo es que saque adelante la reforma. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que debe aprobar el Senado y que la ciudadanía debe tener presentes?

La recuperación de la jornada nocturna desde las 6 o 7 de la noche, propuesta contenida en el artículo 13 del proyecto de ley. A su vez, el recargo del 100% por el trabajo en los días de descanso que está en el artículo 17. Los permisos para atender tratamientos médicos, las licencias menstruales y la cuota de trabajadores con discapacidad por cada 100 personas contratadas se encuentran en el artículo 18. Igualmente, la protección a trabajadoras domésticas, artistas, deportistas se encuentran en los artículos 37 y 41 del proyecto de ley.

Por su parte, la recuperación de la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje de los practicantes del SENA se encuentra en el artículo 22, asunto que beneficiaría las oportunidades de primer empleo digno de miles de jóvenes al año. Cabe destacar que con base en cálculos de la ANDI, el incremento de costos derivados de este cambio no superarían el 3% de los costos globales de nómina de las empresas. Una concesión justa con la juventud colombiana, más si se reconoce que por solicitud de los empresarios ya se retiraron 17 artículos de asuntos sindicales que traía el proyecto original de reforma.

En ese mismo artículo, el 22, el Congreso avanzó más que las pretensiones del gobierno, toda vez que incluyó la remuneración de un salario mínimo para estudiantes de medicina internos que prestan sus servicios en hospitales y que en la actualidad trabajan sin pago alguno.

Es importante que el Senado escuche a los sindicatos de trabajadores de plataformas de reparto e incluya sus reclamos en la reforma. Desde 2023, estos han denunciado que los artículos 24 a 27 del proyecto permiten que empresas como Rappi sigan operando sin reconocer el vínculo laboral con sus trabajadores.

Cabe aclarar que dos de los temas que se pretendían incluir en la consulta popular nunca han tenido lugar en la reforma laboral presentada por el gobierno. La tarifa diferencial para las MiPyMe es una de ellas, aunque la reforma sí debe fortalecer las medidas de los artículos 7, 22, 38 y 73 que contemplan apoyos para estas empresas. El otro tema ajeno es el bono pensional para los y las campesinas, asunto que el gobierno podría aprobar por decreto sin necesidad del Congreso, sujeto a disponibilidad presupuestal.

El único asunto de la consulta que no se refleja en el texto que estudiará el Senado es el relativo a los contratos para los trabajadores del campo, que fue eliminado por la Cámara. Si bien es una idea loable, crear una tipología contractual especial no garantiza que la realidad cambie. Es más, si se cumpliera la legislación laboral vigente, estos trabajadores agrarios ya deberían tener contratos decentes. Por tanto, lo que se debe fortalecer son las capacidades de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo, para garantizar que se cumplan las normas laborales actuales en las zonas rurales.

El Senado tiene una prueba de fuego. Legislar a favor de los y las trabajadoras, sin mezquindad y sin cálculo político. De hacerlo, materializaría aspiraciones justas y, de paso, le quitaría las excusas oportunistas al presidente que piensa en las próximas elecciones disfrazado de pueblo.