Buenas intenciones y propósito mundial

¿Quién quiere justicia social? Supongo que todos responderíamos: Yo quiero justicia social. ¿Quieren gozar de derechos como trabajador? También creo que todos responderíamos: ¡Sí! ¿Apoya una reforma por la igualdad y la dignificación del trabajo? Nuevamente, la respuesta sería una contundente afirmación.

Esas tres preguntas resumen los argumentos de ministros, viceministros, funcionarios públicos, congresistas, activistas políticos y ciudadanos en general, a favor de la reforma laboral presentada oficialmente la semana pasada por el Ministerio del Trabajo.

En un ejercicio de tolerancia, empatía y confianza, la reforma laboral tiene buenas intenciones, ya que busca cumplir unos objetivos sociales de justicia, igualdad, derechos y dignidad, centrando la atención en las condiciones de trabajo de las personas.

Ahora bien, no se puede ocultar que detrás de esa férrea defensa existe un debate ideológico que recuerda  los comienzos del movimiento obrero y la elocuencia de las ideas marxistas que desencadenaron un debate académico, político y social de alcance mundial. Esa semilla creció, evolucionó y se trasformó en diversas miradas multidisciplinares.

Ese recorrido nos ha llevado al actual marco conceptual de Trabajo Decente, que desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), propone cuatro grandes objetivos: crear empleo e ingresos; garantizar derechos de los trabajadores; extender la protección social, y promover el diálogo social. Los anteriores conceptos fueron incluidos en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y como parte de la ODS 8, “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”.

Por su parte, en Colombia, se añade la dignidad,  que tiene una base constitucional del trabajo como principio, deber y derecho ciudadano.

La reforma laboral, al ser una propuesta estructurada alrededor de estos postulados, se presenta como un cambio saludable. Pero volvamos a la pregunta del comienzo:  Si la reforma es tan saludable, ¿por qué genera tanta resistencia?

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Entre la norma y la realidad

La reforma laboral despiertas resistencias porque no es integral, en el sentido del marco conceptual del Trabajo Decente, ya que, entre los deseos de cambio, omite la importancia de crear empleos y la lógica del círculo virtuoso que propone el ODS 8.

En ambos aspectos, el trabajo decente es el resultado de la combinación entre la creación de empleo productivo, el crecimiento económico, la inversión privada, el desarrollo de micro y pequeñas empresas, la cualificación del trabajo, la innovación, la diversificación productiva y la modernización tecnológica.

Esa reflexión no es menor. Significa entender que el funcionamiento del mercado laboral es sumamente complejo. Es decir, que los objetivos sociales anclados en el mundo del trabajo no se consiguen apenas con reglamentos, aumento en exigencia o extensión de la normatividad, lo cual parte de una mirada exclusivamente jurídica. Si fuera por las normas, Colombia tendría que haber resuelto sus problemas sociales hace mucho tiempo.

Las misiones económicas de empleo en Colombia soportan esta perspectiva. La primera Misión de Empleo (OIT de 1970), gestada a partir del Programa Mundial de Empleo, explicaba el problema del empleo por medio de procesos de frustración social creados por la falta de oportunidades. También destacaba la necesidad de afrontar los desequilibrios de oferta y demanda, al tener en cuenta los ritmos de crecimiento de la fuerza laboral en las zonas urbanas.

Seguidamente se presentó la Misión de 1986 (Misión Chenery) en una coyuntura de agravamiento de las tasas de desempleo urbanas en Colombia. Esta misión diagnosticó el fenómeno de economías duales, es decir, dos economías con funcionamiento paralelo en el país: la formal versus la informal, la productiva versus la improductiva.

Por último, la Misión de Empleo 2021 centró su diagnóstico en el bienestar de los trabajadores, al mostrar los altos niveles de vulnerabilidad social y laboral. La misión destacó el problema de la protección social y la informalidad en sus diversos componentes, como también la necesidad de discutir los programas de protección social, debido a las constantes entradas y salidas de la población de un determinado ciclo laboral.

De esta manera, la misión mostró un mercado laboral con extendida informalidad, situación estructural de la economía colombiana (sin mayores avances en el último siglo); trabajo por cuenta propia o como independientes; predominio de pequeñas unidades productivas con baja productividad, entre otras.

Las anteriores realidades son el resultado de una compleja legislación laboral. Por ejemplo, entre 1991 y 2019, se adoptaron cerca de 93 reformas al marco jurídico: 63 leyes y actos legislativos, 22 decretos del ejecutivo y 8 sentencias de la Corte Constitucional.

Cambiar no siempre es mejorar

Ahora bien, una respuesta válida para las críticas a la reforma sería que las pasadas y actuales políticas, que algunos etiquetan de “neoliberales”, no han resuelto los problemas de desempleo y de informalidad laboral en Colombia.

Pero lo anterior no implica que la actual propuesta sea acertada y vaya a generar cambios positivos. El punto central es que dichas enfermedades del mercado laboral colombiano (informalidad y desempleo) tienen causas más profundas.

Por este motivo, la actual reforma laboral agravaría la situación al asfixiar la única fuente de ingresos y empleos productivos (objetivo 1 OIT y ODS 8). La verdadera discusión debería centrarse en productividad laboral, capital humano, tecnología, debilidad de las empresas más pequeñas y competitividad de costos laborales.

Vacíos de la reforma 

Por otro lado, existen realidades en Colombia que la reforma laboral no tiene presente, por ejemplo:

• Correlación entre crecimiento económico y disminución del desempleo, y entre pobreza monetaria y formalidad laboral en los territorios.
• Ciudades con informalidad laboral por encima del 60 % (Florencia, Montería, Quibdó, Santa Marta, Cúcuta, Riohacha, Valledupar y Sincelejo). En otras, por debajo del 45 % (Armenia, Pereira, Tunja, Medellín, Manizales y Bogotá).
• Sectores con informalidad superior al 60 % (comercio, construcción, alojamiento y servicios de comida y agricultura). En otros, inferior al 20 % (TIC, servicios financieros, educación, salud).
• Ocupados como empleados particulares con informalidad de 31 %, y ocupados por cuenta propia de 85 %. Los que trabajan en local, oficina o fábrica de 30,7 %, frente a más del 70 % quien trabajan en vivienda, casetas, vehículos, puerta a puerta o sitios descubiertos.
• El 63,5 % de ocupados en microempresas (14 millones), unidades con informalidad del 85 %, mientras las grandes empresas tienen informalidad del 5,6%, absorbiendo el 19,1 % de ocupados del país (4 millones).
• Aproximadamente 60 % de ocupados tienen ingresos laborales inferiores al salario mínimo (SM), menos del 15 % con más de 2 SM y cerca del 40 % son autoempleados. El 72 % de ocupados que ganan hasta 1 SM son independientes y el 93,8 % informales, contra los que ganan más de 2 SM, donde el 79,9 % son asalariados y el 95 % formales.
• El SM se aproxima al ingreso mediano de la población ocupada. Por este motivo, el salario mínimo no funciona como “mínimo” de negociación, sino como instrumento de nivelación.
• En promedio, 4 colombianos igualan la productividad laboral de 1 estadounidense. El 65 % de esfuerzos de productividad son internos en las empresas.
• El 60 % de emprendedores, con ingresos inferiores a 1 SM, lo hicieron por necesidad. Más del 80 % que tienen ingresos superiores a 4 SM vieron la oportunidad. El 30 % del abandono empresarial es por baja rentabilidad del negocio.

Esas disparidades se dan dentro de un mismo país, con las mismas reglas de juego. En síntesis, existe un imaginario de trabajador y empresa por parte de los defensores de la reforma laboral que en muchos contextos no coincide con la realidad, lo cual hace que la norma no sea la solución más acertada.

El camino deseable

La principal reflexión podría ser el fracaso histórico del Estado para garantizar los derechos y las oportunidades de los colombianos en un amplio sistema de seguridad y protección social, que debería basarse en una progresiva y sólida estructura tributaria.

El sistema tributario es el instrumento para luchar contra la desigualdad económica y el responsable directo de la redistribución de la riqueza.

Dicho de otro modo, la debilidad estatal ha sido una característica desde de la economía colonial, y actualmente, puede verse en medidas como la reforma laboral. Por esta razón, cuando el Estado no es capaz, le impone deberes al sector privado para que asuman los vacíos de su función.

Vale la pena señalar que, si dejáramos todo a la economía de mercado, tendríamos que ajustar nuestra definición de trabajo decente. Este trabajo es fruto de la combinación entre economía y empresas que producen oportunidades de acceso a empleos productivos, y altos niveles de capital humano, que permiten mejorar la protección social y promover el respeto de los derechos laborales. El cumplimiento de esta acción conjunta permitiría crear el trabajo decente en su definición internacional y nacional.

Pero el concepto de trabajo y de trabajo digno y decente debe ser flexible ante los cambios coyunturales, económicos, sociales y culturales. También debe depender de las realidades económicas territoriales, sectoriales y empresariales.

El trabajo decente y digno debe ser un objetivo, pero no un obstáculo para la creación de empleo.

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