La eterna crisis judicial

Desde hace mucho tiempo, es un lugar común afirmar que la justicia en Colombia está en crisis.

Las denuncias de corrupción de sus actores, la congestión en los despachos y la demora en decidir los procesos son argumentos que respaldan esta afirmación. Estos flagelos repercuten especialmente en el ámbito penal. Afectan la dignidad de las personas privadas de la libertad y por supuesto también la de las víctimas a causa de la impunidad.

Los problemas que aquejan a la justicia colombiana están, aparentemente, bien diagnosticados. Sin embargo, durante la última década, las iniciativas del gobierno y el Congreso han resulto fallidas en su trámite. Y es que se han centrado en el diseño constitucional de las instituciones de la Rama Judicial.

Este tipo de iniciativas ayuda a garantizar el principio de separación de los poderes, y por ende equilibran y controlan el abuso en el ejercicio del poder público. Pero estas son cuestiones ajenas a los problemas que afectan al ciudadano común.

Con el cambio de gobierno, ¿se puede esperar algo distinto en esta materia?

Los anuncios

Comienzo por reseñar los principales anuncios del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que todavía no se han traducido en iniciativas de reforma constitucional o legal ni en la formulación de políticas públicas.

1. Una justicia más efectiva.

Osuna ha señalado que no es de interés gubernamental impulsar una reforma sobre el gobierno de la justicia. Afirma que, aunque podría ser mejor, tal como está garantiza la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Indica que, en lugar de esto, lo que falta es que el Poder Judicial sea más efectivo. La solución sería acercar la justicia a los ciudadanos mediante la creación de más juzgados municipales y el aligeramiento de los procedimientos judiciales. A lo cual, aportaría el recorte de términos y la reducción de formalismos excesivos de las normas procesales.

2. Una justicia más humana.

La dignidad humana y la posibilidad de redención de las personas son fundamentales para un buen sistema de justicia.  Por eso debe ser corregido de inmediato el excesivo hacinamiento de las cárceles.

Osuna propone comenzar por un inventario de la situación jurídica de las 180.000 personas hoy privadas de la libertad, con el fin de identificar quiénes pueden ser beneficiarias de detenciones domiciliarias o de libertades condicionales.

Para este efecto, el ministro ha solicitado el acompañamiento de los consultorios jurídicos de todas las facultades de Derecho del país.

3. 3. Desjudicialización.

El ministro también ha propuesto la desjudicialización de asuntos que puedan ser atendidos en centros de conciliación, casas de justicia o comisarías de familia.

Este esfuerzo iría acompañado de programas de descongestión judicial, que tomarán como referentes las experiencias exitosas de jurisdicciones como la laboral, que puedan ser replicadas en otras jurisdicciones.

4. El papel de la ética.

Finalmente, el ministro ha hecho un llamado a los abogados, jueces, operadores de justicia y funcionarios públicos a la contribución desde la ética, entendida como el respeto a la autonomía individual, las libertades, la diversidad, la promoción de la igualdad y el cumplimiento del deber de solidaridad, con miras a proteger, respetar y promover los derechos fundamentales de las personas.

¿Qué pensar de cada una de las cuatro directrices anteriores?

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Legitimidad para la efectividad

Se debe dar prioridad al reconocimiento de que las personas tienen el derecho fundamental a la efectividad en el acceso a la justicia, la duración razonable y la resolución de los procesos.

La falta de este reconocimiento ha llevado a una pérdida de legitimidad de la justicia. Por eso la población percibe que la justicia no resuelve o no resuelve imparcialmente sus disputas, a consecuencia de lo cual los conflictos se han llevado fuera del sistema judicial y se han ocasionado peligrosos círculos de violencia social. Por ejemplo, cuando los ciudadanos toman justicia por mano propia.

El diseño institucional es necesario para recuperar la legitimidad. La existencia de reglas de organización y funcionamiento independientes e imparciales permiten un pronunciamiento efectivo sobre los procesos. Por supuesto, individualmente, los jueces y magistrados deben actuar desde la ética para aportar a este objetivo.

En esa medida, lo que se tendría que entrar a resolver son los asuntos que le dan contenido y aplicación a la tutela judicial efectiva.

La congestión y la mora judicial han sido constantes. En el pasado reciente, se trató de resolver con la adopción de un sistema de procesamiento mixto que incorpora la impulsión del trámite por audiencias concentradas y el uso de la oralidad. Pero, con el paso del tiempo, la congestión y las demoras han ido tendiendo a las mismas cifras del sistema procesal anterior.

Bajo estas circunstancias habría que indagar si la respuesta a estos problemas está en el diseño de las instituciones, que es lo que ha concitado la atención de las propuestas normativas para resolverlos, o si la solución hay que buscarla en otra parte.

Acceso y asignación presupuestal

Para garantizar el acceso a la administración de la justicia, se necesita aumentar el número de operadores del sistema. No solo jueces municipales, como propone el ministro, sino comisarios y defensores de familia, fiscales, conciliadores, inspectores de policía, etc. Estas plazas deben distribuirse adecuadamente dentro del territorio nacional en función de la demanda efectiva y no satisfecha con el número actual de funcionarios.

Esto significa que se tiene que hacer realidad la asignación presupuestal apropiada para la justicia, postergada varias veces. La destinación, además de dirigirse a la Rama Judicial, debe incluir entidades y servidores públicos que, aunque situados en la Rama Ejecutiva, hacen parte del sistema de justicia, como los defensores de familia o los inspectores de policía.

Desjudicialización y tecnología

De manera complementaria, la garantía de la razonable duración del proceso está íntimamente relacionada con la suficiencia del sistema para evacuar oportunamente las decisiones en función de la carga por despacho.

Parte del desbordamiento en la capacidad de respuesta se resolvería con un mayor número de oficinas y operadores. Y, tal como afirma el ministro, con la desjudicialización de ciertos conflictos, con el propósito de evitar la sobrecarga al sistema.

No obstante, es necesario renunciar a la recurrencia al derecho penal como solución para la conflictividad social. Por otro lado, se debe reforzar el uso eficiente de los recursos tecnológicos que podrían aplicarse con mayor intensidad en los trámites ante los operadores del sistema.

Ética y formación profesional

A propósito del llamado de Osuna a la ética en el ejercicio profesional, un elemento central lo constituye el replanteamiento de la formación de los abogados y la evaluación del número de profesionales del Derecho que la sociedad requiere.

El exceso de abogados presiona el aparato judicial por una elemental razón de subsistencia. A ello se añade su formación, enfocada en el conflicto como eje de la solución a los problemas.

Motivo por el cual, los programas de Derecho, por decisión política de alto nivel, deben  ser limitados y reducir su oferta con base en las necesidades reales de la sociedad. Para ello, los programas existentes deben ser sometidos a análisis de calidad e intervenir sobre aquellos que no cumplan con los estándares del sistema de educación superior.

Los planes de estudio y las prácticas pedagógicas tienen que modificarse para superar la lógica del ejercicio profesional fundamentada en el conflicto.

En conclusión, aunque las reformas anunciadas para la justicia parecen encaminarse en la dirección correcta, pueden resultar insuficientes frente a la magnitud de las causas de la crisis. Causas tan arraigadas que se reflejan en la pérdida de legitimidad del sistema judicial.