Hay muchas cosas que se pueden hacer, y hay seis propuestas concretas sobre la mesa. El gobierno respalda el proceso. ¿Pero habrá suficiente voluntad de los parlamentarios?
Natalia Giraldo Cuervo*
Lecciones de un paso en falso
Tras la polémica aprobación de la reforma a la justicia y su posterior hundimiento, quedó clara la necesidad de revisar a fondo la ley 5ª de 1992, que reglamenta la manera como se procede en materias legislativa, de control político, electoral, constituyente y judicial en la colectividad más importante del país: el Congreso de la República.
|
Pasar de aquellos dos proyectos malogrados a las seis iniciativas radicadas actualmente fue un resultado del traumático hundimientode la reforma a la justicia. Fotos: Anverso Imagen y Contenido.
|
La idea de reformar el reglamento interno del Congreso no es nueva: a lo largo de los últimos años se habían presentado dos propuestas, por iniciativa de ministros, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, sin resultado alguno.
Pasar de aquellos dos proyectos malogrados a las seis iniciativas radicadas actualmente fue un resultado del traumático hundimiento de la reforma a la justicia: los dirigentes concluyeron que era urgente adoptar una regulación mejor y más transparente de las leyes que deba acatar la ciudadanía. Y también el gobierno ha dado prioridad a este asunto, en medio del cúmulo de iniciativas de origen parlamentario que se ha venido registrando.
Además de las cinco propuestas de origen parlamentario presentadas en la presente legislatura, la sociedad civil presentó una iniciativa encaminada a resolver problemas de procedimiento, reducir los espacios de informalidad y fortalecer institucionalmente al Congreso [1].
Tres temas prioritarios La Ley 5ª contiene 393 artículos y su aplicación a lo largo de dos décadas ha demostrado debilidades en materia de transparencia, eficiencia y celeridad. Estas fallas conciernen sobre todo a los trámites legislativos, especialmente en lo que atañe a las comisiones de conciliación y a la publicidad de la información.
|
|
La Ley 5ª necesitaría también de reformas tocantes a la organización y el funcionamiento del Congreso propiamente dichos, que de ser aprobadas implicarían modificar la Constitución de 1991.
Presento a continuación las principales modificaciones propuestas sobre los temas prioritarios, que se concentran en tres aspectos primordiales: la transparencia, la modernización del trámite legislativo, y la adecuación a normas expedidas después de 1992.
1. Entre las reformas para mejorar la transparencia se encuentra la supresión del voto secreto y del voto en blanco para congresistas, lo cual haría más fácil que los ciudadanos puedan evaluar a sus representantes.
Otro tema importante es cambiar los protocolos de información — como el uso de formatos únicos digitales y de nuevos instrumentos de comunicación para publicar en tiempo real los documentos oficiales.
2. En relación con el trámite legislativo quizás el cambio más sobresaliente se refiera -como era previsible- al funcionamiento de las Comisiones de Conciliación. La idea es limitar el poder de estas comisiones: prohibirles, por ejemplo, que incorporen al texto elementos que no hayan sido conocidos y aprobados durante el trámite legislativo, u ordenarles publicar sus informes un día antes de la plenaria donde se vota formalmente el texto.
|
Una dificultad básica de algunas propuestas es que requerían una reforma constitucional en tema como la elección de altos dignatarios y el régimen de los secretarios. |
Se propone también reorganizar la convocatoria a citaciones: sancionar la inasistencia de los servidores estatales, prohibir la citación a dos cámaras o comisiones diferentes al mismo tiempo y ordenar la publicación de los cuestionarios y respuestas en la Gaceta y en página web. Estos cambios agilizarían el control político, con garantías para el citado pero con obligaciones claras frente al órgano colegiado.
3. De igual manera, las reformas buscan actualizar o armonizar el reglamento con las leyes aprobadas después de su expedición en 1992. Se propone adaptarlo a la Ley de bancadas, a la Ley de participación ciudadana para las iniciativas de origen popular, a la Ley de acceso a la información y a varios acápites de la Ley 3ª, que regula las comisiones constitucionales.
En relación con las bancadas, una novedad propuesta por la sociedad civil sería crear “grupos parlamentarios interpartidistas” con derechos similares a los de una bancada, con el fin de permitir alianzas sobre puntos temáticos similares y dar mayor espacio a los partidos minoritarios. Riesgos, trabas… y necesidad Una dificultad básica de algunas propuestas es que requerían una reforma constitucional en temas como la elección de altos dignatarios y el régimen de los secretarios.
De igual manera, al acumular proyectos y modificar o adaptar leyes estatutarias y actos legislativos dentro de la reforma, se corre el riesgo de incurrir en vicios de procedimiento que la hagan inconstitucional.
Por otro lado se ha contemplado la posibilidad de compilar en un solo proyecto de ley las seis iniciativas radicadas independientemente.
La falta de voluntad política puede hacer naufragar algunos cambios esenciales. Una reforma parcial o superficial equivaldrá a un nuevo fracaso colectivo.
En conclusión, reformar la ley 5ª de 1992 es una necesidad evidente tras dos décadas. La transparencia, la publicidad y la participación ciudadana en el proceso pueden contribuir a reconstruir la confianza ciudadana en el Congreso.
* Politóloga y Coordinadora Legislativa del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.
