El expresidente Uribe es cada vez menos popular, y el referendo en contra de la JEP es apenas un intento de mantener su vigencia.
Oscar Simmonds*
La propuesta
Unas horas después de haber sido puesto en libertad, el exsenador Álvaro Uribe anunció algunos cambios que considera son fundamentales para Colombia.
El anuncio se hizo por medio de un video casero donde propone un referendo “multipropósito” para, entre otras cosas, reducir el tamaño del Congreso, las altas Cortes y el aparato administrativo del Estado.
El punto más polémico fue la propuesta de emplear este mecanismo para derogar la Justicia Especial para la Paz (JEP), uno de los componentes fundamentales del Acuerdo del Teatro Colón.
El ataque a la JEP tiene todas las trazas de ser una estrategia para recuperar la deslucida imagen del uribismo, el gobierno y el propio expresidente. Y esto a su vez apunta al fin en ciernes de una hegemonía de casi veinte años de esta facción política en Colombia.
De igual forma, el anuncio de Uribe deja ver con mayor claridad la intención del expresidente de instaurar lo que él denomina el “Estado de Opinión”.
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Uribismo en retroceso
La idea de derogar la JEP es la respuesta a la posible desaparición del uribismo en los próximos años.
Según la última medición de Invamer, Uribe tiene una favorabilidad de apenas el 30 %, mientras que el 61 % de los encuestados tienen de él una opinión desfavorable. Algo similar sucede con el presidente Duque: su gestión es aprobada por el 31 % de los colombianos y desaprobada por el 61 %.
Los altos niveles de favorabilidad de Uribe y su movimiento político son cosa del pasado. El uribismo enfrenta un cambio drástico en las condiciones políticas, porque nunca había gobernado con índices tan bajos de popularidad. Cada día que pasa disminuyen sus probabilidades de mantener el número actual de curules en el Congreso y de que puedan elegir al sucesor de Iván Duque.
La maniobra
Las nuevas condiciones obligan a la bancada gobernante y a sus líderes a utilizar cualquier estrategia para mantenerse vigentes de cara a las elecciones de 2022. En el marco de estas maniobras tiene sentido el ataque contra la JEP.
En el Centro Democrático se entiende que promover la idea del referendo derogatorio puede servirles para recuperar algo de la favorabilidad perdida, independientemente de si se materializa o no. Sus movimientos electorales siempre han estado anclados a la promoción del odio a las FARC y al acuerdo que el gobierno Santos firmó con esa guerrilla. Además, esto les permitiría desviar la atención de problemas como el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña Duque 2018 o la presunta manipulación de testigo en el caso de Uribe —para no hablar siquiera de la gestión de la salud y de la economía a raíz de la pandemia—.
Parece que el Centro Democrático quiere devolver al país al escenario de las elecciones de 2018 o del Plebiscito por la Paz de 2016. En esta época los discursos en contra de los Acuerdos de la Habana, como el del castrochavismo, propuesto por el Centro Democrático, tuvieron un peso importante sobre el público.
La única manera como el uribismo puede mantener su vigencia electoral y mantener a Uribe como la voz que más suena en Colombia, es devolviendo el reloj de la historia y llevándonos a vivir en el pasado.
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Estado de opinión y referendo
El “Estado de Opinión” es una frase inventada en Colombia por pseudo intelectuales como José Obdulio Gaviria y repetida muchas veces por Uribe en su segundo intento de hacerse reelegir a la Presidencia.
Se trataría de un sistema político donde el caudillo encarna la voluntad popular o “soberana”—presuntamente a ser determinada mediante las encuestas—. En varias ocasiones, el expresidente afirmó que el “Estado de Opinión” debía reemplazar al Estado social de derecho que intentamos construir en Colombia desde la Constitución de 1991.
Semejante despropósito se matiza esta vez como una invocación de la democracia “participativa” o “directa”, bajo figuras como el plebiscito o el referendo. Esta segunda versión no parece mala, pero sus implicaciones son, para decir lo menos, altamente peligrosas. Este tipo de propuestas beneficia a quienes apelan a las masas a partir de los discursos emocionales cargados de miedo, populismo y polarización en detrimento de los argumentos objetivos.
Someter los marcos institucionales al vaivén de la opinión es abrir campo a la demagogia y la manipulación, más todavía cuando se trata de asuntos complejos y cuando son evidentes los vacíos de cultura democrática en Colombia. Más que un avance hacia la democracia, el “Estado de Opinión” sería un grave retroceso en cuanto a la separación de poderes, garantías de derechos, libertades y paz que se lograron en Colombia.
Los ejemplos abundan en el mundo. Recordaré tan solo que Hitler consolidó su poder mediante un referendo aprobado por el 81 % de los votantes para adoptar la “Ley de jefatura del Estado alemán”, que le entregó las facultad de legislar a su antojo. Fue el querer de la “opinión” alemana en medio de la crisis económica, el desempleo masivo y la rabia acumulada contra extranjeros y chivos expiatorios. Caminos similares escogieron dictadores como Franco en España, Pinochet en Chile o Castro en Cuba. Ellos manipularon las masas para legitimar su poder.
Por supuesto que la voz del pueblo debe ser oída, pero no se pueden impulsar iniciativas para legitimar la voz del que más grita. La JEP es el producto de un acuerdo que obliga al Estado colombiano y que, a pesar de sus imperfecciones y problemas, es una pieza clave para el avance de la paz en Colombia.
