Aunque parece ser un hecho cumplido, la reelección es inconstitucional, rompe el equilibrio de poderes y dificulta la lucha contra la corrupción. Argumentos novedosos –y razones convincentes- de un reputado analista.
Armando Novoa García*
El Partido de la U fue la primera agrupación en respaldar la reelección. Foto: Partido de la U.
Apoyos anticipados
Una vez conocida la terna de la cual el Senado elegirá al Procurador General en unas dos semanas, los defensores y los críticos de la gestión de Alejandro Ordóñez coinciden en señalar que no habrá sorpresas: todos concluyen que su reelección está asegurada.
Sin conocer aún a los otros dos candidatos – el del Consejo de Estado y el del Presidente- en agosto pasado varios partidos que hacen parte de la coalición de gobierno se adelantaron a dar su apoyo a Ordóñez cuando fue postulado con el voto de los 17 magistrados que asistieron a la sesión plenaria de la Corte Suprema.
- El Partido de la U fue la primera agrupación en respaldar la reelección. “Estoy muy satisfecho con la decisión del partido de gobierno”, señaló el procurador al salir de una reunión en la sede de la presidencia del Senado.
- “Cambio Radical ya tomó una decisión y apoya la lucha anticorrupción que viene liderando el procurador Ordóñez”, dijo un congresista de esa agrupación.
- “Creemos que lo ha hecho bien y con responsabilidad”, agregó el senador Espíndola del PIN.
- “El Partido Conservador ratifica su apoyo decidido al señor procurador”, reiteró un comunicado de las directivas azules.
- En cuanto al Partido Liberal, uno de sus voceros, Guillermo García, dejó entrever el apoyo mayoritario de esa bancada a la reelección de Ordóñez: “No podemos desconocer que ha luchado fuerte contra la corrupción. Incluso ha sancionado a más de 10 congresistas”.
- Y Alfonso Prada del Partido Verde concluyó: “Derrotar a un procurador, a un contralor o al presidente… en una reelección es casi imposible”.
- El presidente Santos defendió la postulación de Ordóñez: “tiene todo el derecho” a buscar la reelección “porque la Constitución se lo permite”, dijo en medio de una avalancha de críticas.
Ordóñez aseguró así una mayoría anticipada de 70 senadores, antes de conocerse las postulaciones del Presidente (María Mercedes López) y del Consejo de Estado (Orlando Gallo).
La Corte Constitucional obligó al procurador a rectificar por desconocer sus órdenes de protección de los derechos fundamentales, una de sus funciones principales.
Reacciones
Esta avalancha anticipada de respaldos llevó a varios medios de comunicación a expresar sus reservas frente a la decisión de las bancadas. El común denominador de las críticas ha sido “el juego de favores” y la “falta de igualdad de condiciones” en la competencia.
El diario El Tiempo tituló un editorial: “Ternas de uno” y explicó: “uno de los ternados asoma con una opción real, abrumadoramente superior a la de sus competidores”, que son “meros convidados de piedra”. Algo similar registró El Espectador: “Deplorable que esta elección sea un asunto cuyo futuro sepamos de antemano con elecciones cantadas y ternas de uno”
A estas críticas se suma el rechazo que produce la reelección de Ordóñez entre distintos sectores, en razón de sus posturas que desconocen el estado laico y las libertades individuales en temas como el aborto, la adopción por parejas del mismo sexo, los derechos de las comunidades LGTBI, y la dosis personal, todos ellos de gran relevancia como lo demostró la reciente campaña presidencial en Estados Unidos.
En un hecho sin antecedentes, la Corte Constitucional obligó al procurador a rectificar por desconocer sus órdenes de protección de los derechos fundamentales, una de las funciones principales del ministerio público.
Estas reacciones llevaron a que durante la semana pasada — en un esfuerzo por restarle importancia a las críticas — la bancada conservadora se declarara “reflexiva”, al tiempo que manifestó su complacencia porque “los tres candidatos…son figuras prestantes de la colectividad”.
¿Una conclusión apresurada? Como la Constitución no lo prohíbe, el procurador está habilitado para buscar su reelección.
Más allá del curso accidentado que ha tenido la aspiración reeleccionista del procurador, cabe preguntar si se han respetado los principios constitucionales, si esta decisión contribuirá a mejorar la lucha contra la corrupción, a fortalecer el equilibrio de poderes y los controles institucionales, y si, en últimas, este episodio ayudará a mejorar la calidad de la democracia colombiana.
Un enorme poder
La Constitución de 1991 fortaleció la institución de la Procuraduría General, al definirla como una instancia de control independiente del poder ejecutivo. Mientras la constitución anterior señalaba que el procurador era elegido por la Cámara de Representantes de terna enviada por el presidente y ejercía sus funciones “bajo la suprema dirección del gobierno”, el ordenamiento actual dispone que su escogencia es responsabilidad del Senado de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Varios partidos de la coalición de gobierno se adelantaron a dar su apoyo a Ordóñez, quien fue postulado con el voto de los 17 magistrados de la Corte Suprema. |
Ese cambio apuntó a limitar el excesivo poder presidencial y la falta de efectivos controles interinstitucionales. Al procurador se le entregaron nuevas funciones, entre ellas la de controlar la conducta de las autoridades de elección popular en su desempeño de funciones públicas. Esta facultad, utilizada intensamente por el actual procurador, le ha permitido destituir o inhabilitar 29 gobernadores y 302 alcaldes. La Procuraduría es pues, portadora de un poder disciplinario de gran envergadura.
Si no está prohibido, ¿está permitido?
Ahora bien, la Constitución establece que el procurador “será elegido por el Senado para un período de cuatro años”, pero guarda silencio sobre la posibilidad de su reelección. Este silencio ha llevado a una conclusión apresurada: como la constitución no lo prohíbe, el procurador está habilitado para buscar su reelección.
Una nueva postulación de este funcionario — como la del defensor del pueblo — sin embargo plantea problemas de distinta naturaleza, que pueden viciar la legalidad de su elección y ser inconvenientes para elsistema de contrapesos y controles, pues la falta de reglas afecta la competencia democrática, la igualdad de condiciones y, de hecho, puede inhibir el control disciplinario o hacerlo selectivo. En efecto:
- La reelección implica que el procurador–candidato realice actividades orientadas a un propósito que la constitución no contempla. Adelantar gestiones para lograr apoyo de sus electores, cuando se ostenta una potestad disciplinaria sobre ellos, puede conducir paradójicamente a la impunidad en la lucha contra la corrupción.
Conductas de este tipo son incompatibles con el ejercicio de sus funciones constitucionales, porque limitan la independencia del Ministerio Público, crean incentivos perversos de favorecimiento a sus electores y estimulan unajusticia disciplinaria selectiva, en función de sus propios intereses.
- En segundo lugar, desconoce el principio constitucional según el cual los funcionarios del Estado sólo pueden hacer lo que les está permitidopor la Constitución y las leyes. Como señala la Corte Constitucional, este principio es una garantía que tiene la sociedad civil contra el abuso del poder por parte de los servidores públicos. Quien detenta el poder necesita estar legitimado en sus actos y esto solo ocurre, dice la Corte, cuando existe una autorización legal (C-337 de 1993).
- En tercer lugar, como la constitución del 91 no es reeleccionista — pues su texto original no contempló la reelección del presidente, ni de los magistrados de las cortes, ni del procurador, ni del defensor del pueblo ni del contralor — tampoco establece reglas para la competencia entre los distintos aspirantes y el procurador que pretende un segundo período.
La constitución no señala un término para la postulación de los ternados, ni la duración de la campaña en igualdad de condiciones, ni, menos aún, los impedimentos para el funcionario–candidato que, de hecho, queda habilitado para utilizar el cargo en función de su aspiración.
Prevalido de este vacío, el procurador Ordóñez anunció su deseo de postularse desde febrero de este año y desde ese momento inició su campaña, en una situación que implica descomunal desventaja para sus competidores, al tiempo que guarda silencio sobre la solicitud de que se retire temporalmente del cargo hasta la decisión del Senado. Así, si la elección fuera el próximo 27 de noviembre o, en el mejor de los casos, a mediados de diciembre, el procurador habría completado nueve meses de proselitismo.
- En cuarto lugar, es un hecho que la reforma que permitió la reelección presidencial incentivó la reelección de los dignatarios de los órganos de control, como ocurrió con el procurador anterior Edgardo Maya, reelegido para el período 2005-2008, y con el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, que logró un segundo período en la Cámara de Representantes, no tanto por los resultados de su gestión, como por la habilidad burocrática para seducir a sus electores.
Las críticas a la reelección de estos dos funcionarios fueron idénticas: desventaja en la competencia, decisión anticipada de las cámaras sin dar oportunidad a los otros candidatos de adelantar su campaña, y el inmenso poder burocrático que ostentaban para lograr su reelección.
Ante semejante perspectiva, resulta evidente que la reelección de este y de cualquier procurador solo es posible a partir de una interpretación laxa de la Constitución, que al no establecer unas reglas mínimas en la competencia electoral ante el Senado, le otorga unas ventajas descomunales sobre sus contrincantes.
El procurador Ordóñez anunció su deseo de postularse desde febrero. Su campaña se desarrolla en condiciones que implican una descomunal desventaja para sus competidores.
Los principios de transparencia, igualdad y acceso por méritos a los cargos públicos quedan relegados a un segundo plano. Por lo demás, la aspiración reeleccionista debilita el sistema de controles institucionales y crea incentivos perversos en el ejercicio de la función disciplinaria.
Reparto del poder
Existen también razones, ya no de orden constitucional sino político, que indican que el procurador muy posiblemente será reelegido no tanto por su méritos en la lucha contra la corrupción, que es la razón que han esgrimido los senadores para apoyarlo, sino porque esta decisión ya hace parte de un acuerdo de reparto del poder en la Mesa de Unidad Nacional.
Ordóñez aseguró así una mayoría anticipada de 70 senadores, antes de conocerse las postulaciones del Presidente y del Consejo de Estado. |
Según informan algunos medios, el acuerdo comprende la entrega de la Procuraduría General al Partido Conservador, tal como lo corroboran las declaraciones de algunos senadores de ese partido. “El país necesita tener todas las tendencias, hay Registrador liberal, Defensor liberal, Contralor liberal, los conservadores también existimos en este país y también votan en el Congreso”, dijo el senador Hernán Andrade cuando se completó la terna.
Lo que sorprende es que el acuerdo haya contado con el apoyo de las altas cortes, pues no de otra manera puede entenderse que la Corte Suprema y el Consejo de Estado hubieran postulados candidatos de extracción conservadora.
Esto significa que la decisión sobre quién debe ocupar el cargo no se determina por la probidad de los candidatos, ni sus méritos, sino por los acuerdos de repartición de los cargos públicos entre los partidos de la coalición de gobierno; con un nuevo ingrediente – el apoyo de las cortes que, para estos efectos, se convierten en una dependencia judicial de convalidación de los acuerdos políticos entre el ejecutivo y el congreso.
Como sucedió con la en buena hora frustrada reforma a la justicia, existe pues una fractura entre el establecimiento político que defiende a capa y espada la reelección del Procurador y sectores representativos de la opinión pública que perciben en ello una acción que lejos de contribuir a la renovación y las libertades podría marcar un punto de involución de la limitada democracia colombiana.
* Director del Centro de Estudios Constitucionales-Plural.
