Crisis climática

Desde cuando en 2006 abrí mi blog “Aguaceros y Goteras”, dedicado a temas de Gestión del Riesgo de Desastres, lo bauticé así porque de tiempo atrás venía entendiendo y explicando con esa metáfora los conceptos de Amenaza (A), Vulnerabilidad (V), Riesgo (R) y Desastre.

Un aguacero común y corriente es un fenómeno natural que en la mayoría de los casos constituye una bendición para el territorio, los ecosistemas y personas que formamos parte de él. Pero ese mismo aguacero se convierte en una amenaza (A) capaz de ocasionar un desastre, si nuestro techo está lleno de goteras o si hemos removido las tejas para efectuar alguna reparación (Vulnerabilidad).

Los efectos del cambio climático son amenazas en cuya formación intervienen procesos de origen humano, principalmente el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el más conocido de los cuales es el Gas Carbónico (CO₂).

Como es bien sabido, esos gases de efecto invernadero hacen que quede atrapada en la atmósfera una cantidad excesiva del calor procedente del Sol, lo cual produce el llamado “calentamiento global”, cuyos efectos acumulados ya se reconocen como una compleja crisis climática.

Hoy se reconoce también que esa crisis es irreversible. O sea que, aún si los países del mundo cumplen con los compromisos que adoptaron para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a lo más que podemos aspirar es a reducir la velocidad con que de manera diaria y permanente se sigue agravando la crisis climática, para que nuestra civilización pueda contar con un poco más de tiempo para adaptarnos a las nuevas condiciones planetarias.

En gracia de la discusión, vamos a suponer que las metas con las que se comprometió el gobierno nacional efectivamente se van a cumplir, y que Colombia logrará reducir de aquí al año 2030 el 51 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero. El principal beneficio de esa reducción para Colombia sería la descontaminación del aire que respiramos y que constituye la principal causa de IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, a finales de 2019 eran “la quinta causa de mortalidad en población general y se ubica entre las tres primeras causas en menores de cinco años”. [Hoy la IRA en su otra acepción, constituye otra de las causas principales de perturbación individual y colectiva. Razones no faltan para padecer esa grave enfermedad.]

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Ordenamiento territorial: ¿un obstáculo que hay que superar?

Como dije más arriba, así se lograran reducir la magnitud y la velocidad con que aumenta el aguacero, si previa o simultáneamente no reparamos las goteras en el techo, sino que además el Gobierno propicia las condiciones para que se abran muchas más, cada día van a ser peores los riesgos y desastres ocasionados por la crisis climática (sumada hoy a la COVID-19 con todas sus secuelas económicas y sociales).

De allí que resulte incomprensible que mientras el gobierno se compromete a esa reducción tan considerable de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo siga insistiendo

• en “estrategias de desarrollo” como el fracking;
• en el modelo ZIDRES de monocultivos extensivos para exportación;
• en proyectos extractivistas en ecosistemas estratégicos;
• en la construcción de puertos en zonas de altísima biodiversidad como el de Tribugá;
• en grandes obras de infraestructura que pretenden reprimir los derechos del agua, y en
• la aplicación del glifosato como fórmula para combatir el narcotráfico.

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Y todo eso mientras en el país proliferan las masacres, los asesinatos de líderes sociales y los desplazamientos de comunidades rurales, cuya última opción de supervivencia es establecerse en las ciudades en zonas de alto riesgo que —con o sin crisis climática— nunca deberían ser habitadas.

En la práctica quienes toman estas medidas “de desarrollo”, parecen desconocer algo tan obvio como que la llamada sostenibilidad de las ciudades no puede lograrse de sus muros hacia adentro, sino que depende de que la relación entre lo urbano y la ruralidad se convierta en una verdadera simbiosis, basada en valores efectivos de equidad, reciprocidad, solidaridad y derecho a la identidad, que permita que las comunidades rurales puedan ejercer todos sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la identidad y a la dignidad campesina.

Contrasta con lo anterior el Acuerdo 790 de 2020 mediante el cual el Concejo Distrital declara la Emergencia Climática en Bogotá y establece estrategias para mejorar la capacidad del territorio para resistir sus efectos, varias de las cuales están basadas en la transformación de las relaciones entre la Bogotá rural y la Bogotá urbana.

Igualmente incomprensibles son la institucionalización y el fomento de apertura de goteras en los territorios mediante normas que establecen, por ejemplo, que frente a aquellos proyectos, obras o actividades que sean declaradas de utilidad pública, no podrán oponerse los instrumentos del ordenamiento territorial como los POT.

En el continuum gestión ambiental-gestión del riesgo-gestión climática, se reconoce que el ordenamiento territorial constituye un instrumento de primera necesidad, siempre y cuando se entienda como ordenar las actividades humanas en función de la manera como las dinámicas geo-hidro-ecosistémicas han ordenado el territorio, y no al revés. No pasa un solo día sin que comprobemos que cuando a la Naturaleza pretende imponersele arbitrariamente “nuestro orden generador de entropía”, se crean condiciones para que ocurran desastres.

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Áreas protegidas y desarrollo

Recordemos que a principios de Abril de 2020 y a un mes de declarada la pandemia en Colombia, el llamado Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga” conformado por líderes del sector empresarial, le envió al Presidente de la República una serie de recomendaciones para enfrentar la crisis que desde ese momento se veía venir, una de las cuales dice así:

“Aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”.

En septiembre de ese mismo año apareció el Decreto 1232 en el cual se establece que “Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades […] consideradas por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación”.

El 24 de marzo de este año, el gobierno presentó al Congreso, con “mensaje de urgencia”, un proyecto de ley según el cual el Ministerio de Minas y Energía podrá declarar la Emergencia Energética para superar, entre otras “las circunstancias que puedan poner en riesgo proyectos de energía eléctrica, gas combustible y/o distribución de combustibles líquidos […]”.

¿Qué puede suceder, por ejemplo, si el Ministerio considera que un Plan de Ordenamiento Territorial, o la oposición de la comunidad, o la negativa para expedir una licencia por parte de una autoridad ambiental “ponen en peligro” un proyecto para producir energía en un determinado territorio?

Recordemos que siendo vicepresidente de la República el doctor Germán Vargas Lleras en 2016 expresó públicamente que “las áreas protegida son un obstáculo para el desarrollo”.

Recordemos que los desastres no son naturales y que quienes crean condiciones para que ocurran deben asumir la responsabilidad que les corresponde.

Continuará…