El proyecto de ley para disminuir la jornada laboral se basa en una falacia y aumentaría el desempleo. Pero podría darles votos a los congresistas que están cerca de aprobarlo.
Juan Carlos Guataquí*
Un trámite acelerado
El pasado 4 de diciembre la Comisión Séptima del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que pretende reducir la jornada laboral (Proyecto 212 de 2019). El proyecto se radicó el 1 de octubre de 2019 y lo presentaron trece senadores del Centro Democrático, encabezados por el entonces senador Álvaro Uribe.
Aunque la última negociación del salario mínimo del 2019 y la COVID-19 provocaron una situación difícil política y económicamente, los tiempos del proyecto de ley fueron enormemente fluidos.
Por ejemplo, la ponencia para el primer debate se publicó el 29 de noviembre de 2019 y se aprobó en primer debate el 3 de diciembre de 2019, pero la ponencia para el segundo debate se publicó el 10 de junio de 2020 y se aprobó el 4 de diciembre.
El Ministerio de Salud y Protección Social se abstuvo de emitir concepto sobre el proyecto de ley (Gaceta del Congreso No. 427). Asimismo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en vocería de Juan Pablo Zárate, Viceministro Técnico, se abstuvo de emitir concepto favorable (Gaceta del Congreso No. 948) “…toda vez que la reducción del horario laboral generaría efectos negativos sobre la tasa de desempleo nacional, que en este momento es alta y viene en aumento”.
La (i)lógica del proyecto
El argumento que sustenta el proyecto parecer ser muy claro: la productividad laboral es baja, pero al reducir las horas de trabajo aumentará la productividad porque los trabajadores estarán menos cansados o mejor motivados.
En efecto: el proyecto nace de la idea de que la motivación del empleado es importante para la llamada ‘productividad empresarial’, que es en realidad la productividad laboral (resulta preocupante que trece senadores y sus respectivas unidades de trabajo legislativo presenten un proyecto de ley donde el principal concepto de referencia está erróneamente definido, aunque esto podría ser anecdótico —o perversamente conveniente—).
Pero es más interesante que para sustentar el proyecto se presentaron estadísticas del DANE y del Departamento Nacional de Planeación (DPN) sobre las horas trabajadas de los asalariados y la productividad laboral, esta última sin diferenciar entre asalariados y otro tipo de ocupaciones.
El proyecto reconoce que la productividad laboral en Colombia es baja: “según datos del DNP, la productividad laboral medida como el PIB por trabajador, crece a una tasa anual de 1,8 % entre 2002 y 2017”.
A su vez, el proyecto hace referencia al análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC): “América Latina está notablemente rezagada en cuanto a la productividad laboral de las principales economías del mundo y a la de otros países emergentes. De los países latinoamericanos, Colombia solamente supera a Perú, Guatemala y Bolivia, quienes ocupan las tres últimas posiciones”.
De esta manera, en su nota de defensa del proyecto de ley, el senador Nicolás Pérez habló sobre las horas trabajadas sin ocuparse de la productividad laboral: “hoy en día en Colombia los empleados están laborando 8 horas más en promedio que en Estados Unidos y 10,5 horas más que en Europa”: pobres trabajadores, hay que dejarlos descansar.
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La falacia
La productividad es un fundamento de la determinación teórica del salario, un factor decisivo de la competitividad internacional y quizás el único elemento de política de cuya mejora se beneficiará la Comisión de Concertación (CPCPSL). Pero irónicamente también es la ‘kryptonita’ del proyecto de ley.
El cansancio y la desmotivación pueden explicar una menor productividad laboral (e incluso son factores considerados en la teoría de salarios de eficiencia), pero esos elementos están lejos de determinar la baja productividad de los trabajadores colombianos.
Hay que leer la Gaceta 973 donde se contempla la inscripción del proyecto de ley, para encontrar los argumentos sólidos y convincentes que lo rechazan, en vez de acreditarlo.
Si el proyecto resulta aprobado y los ahora descansados trabajadores son más productivos, el problema de la baja productividad laboral seguirá sin solución.
Las empresas no pueden producir lo mismo con una jornada laboral reducida: por esto el empresario tendrá que reducir su nómina. De suerte que al final tendremos menos trabajadores, aunque estarán más descansados.
La falacia en el argumento es la reversión de la causalidad. Si bien la motivación y el cansancio influyen en la productividad, esto no quiere decir que si los trabajadores están menos cansados serán más productivos.
El cansancio y la desmotivación pueden explicar una menor productividad laboral pero esos están lejos de determinar la baja productividad de los trabajadores colombianos
Colombia tiene un promedio elevado de horas laborales porque la productividad laboral es baja. Esto es particularmente preocupante entre los empleados. De acuerdo con el estudio Work-Life Balance, Colombia es el tercer país de la OCDE con un promedio más alto de empleados que trabajan más de cincuenta horas semanales (Turquía 33 %, México 29 % y Colombia 27 %).
Pero es aún más preocupante para los ocupados (asalariados y otras ocupaciones). El Ministerio de Hacienda presentó en su concepto al proyecto de ley el siguiente cuadro elaborado a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (enero – junio) de 2019 (GEIH).
Cuadro 1. Porcentaje de la población ocupada por horas trabajadas
El 28 % de los ocupados trabajó más de 48 horas semanales y 5 de cada 100 personas ocupadas trabajaron más de setenta horas semanales. Estos son datos dramáticos. Si se analiza un ‘correlograma’ de las horas trabajadas y la productividad laboral en varios países el resultado es claro: los países con jornadas laborales más cortas tienen una productividad laboral más alta.
En Colombia (adicional a la precariedad laboral) los empleados trabajan más porque son menos productivos. Como se indicó, el proyecto sugiere que si los empleados trabajan menos, serán más productivos. Esta es la inversión de la causalidad.
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Defectos del proyecto
Convenientemente el proyecto se refiere únicamente a los elementos del mercado del trabajo que le convienen. Cuando dichos elementos no le benefician, tergiversa su análisis para tornarlos a su favor.
Por ejemplo, se habla de las horas trabajadas por asalariados, pero no de las horas laborales de los trabajadores contratados por prestación de servicios (el ‘cuentapropismo’ creado por la Ley 50 de 1990).
Tampoco se hace referencia a como el abaratamiento de las horas extras (producido por la Ley 789 de 2002) obligó a las personas a trabajar más horas, en vez de crear más empleos.
Parece ser que el propósito de este proyecto es la política electoral y no la laboral. Es obvio que a un agobiado trabajador asalariado le resultará atractivo trabajar menos horas y pueda ver con aprecio al partido político que promueva la medida, pero dicho trabajador no considera que al quedar cesante ya no podrá trabajar.
El proyecto sugiere que, si los empleados trabajan menos, serán más productivos. Esta es la inversión de la causalidad
Al revisar los proyectos de ley de Prima Legal para la Canasta Familiar y de Reducción de la Jornada Laboral Semanal, los argumentos laborales quedan cortos. El beneficio electoral de una corriente partidista parece imponerse sobre el costo económico que como sociedad se nos impone.
Las medidas, si no se consideran sus efectos a mediano y largo plazo, parecen ser beneficiosas. Los eventuales legisladores cautos, cuya sensatez económica puede advertirles sobre este proyecto de ley, brillan por su ausencia. Claramente es mejor perder empleos que perder votos.
Pese a la tentadora idea de una semana laboral de cuarenta horas, hay que recordarle a la opinión la valiosa lección de la guerra de Troya: Timeo Danaos et dona ferentes (temo a los griegos incluso cuando traen regalos).
