Aunque muchos de los empleos perdidos durante la pandemia ya se han recuperado, siguen existiendo barreras que impiden una recuperación total. ¿Qué hacer? * .
Fabio Nieto**
Nueve meses de crisis
Han pasado casi 9 meses desde que el gobierno declaró la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio preventivo en Colombia.
Los efectos sobre la economía han sido devastadores, como en el resto del mundo. La pandemia ha implicado una destrucción de empleos sin antecedentes y un aumento significativo de la informalidad.
Al mismo tiempo, la crisis ha desnudado varios problemas estructurales en el mercado laboral, que ya existían antes de esta crisis. Esto va a limitar la capacidad de recuperar y crear empleos formales, y —además— va a desacelerar la velocidad de la recuperación económica.
¿Pasó lo peor?
Según los datos más recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que publica el DANE, de los casi 7 millones de empleos formales que se perdieron entre febrero y abril, hasta el mes de octubre se han recuperado cerca de 5 millones.
Según el registro de relacionales laborales de empresas y empleados de la GEIH, buena parte del desempleo durante la crisis fue transitorio. Las novedades de retiro fueron mayoritariamente no permanentes: por ejemplo, suspensiones temporales, licencias no remuneradas, vacaciones, etc.
Esto no significa que los efectos del desempleo hayan sido menores: cerca de 2 millones de empleos no se han recuperado y es probable que, en el mejor de los casos, la tasa de desempleo en los próximos años siga bordeando el 14 o el 15%. Este porcentaje está muy por encima del nivel de desempleo de “equilibrio” (aquel que no acelera la inflación), que para Colombia se estima alrededor del 9%.
Además, la recuperación de empleos ha tenido una cara negativa: una fracción no despreciable de esos empleos recuperados se han vuelto contratos de subempleo (por ejemplo, contratos de tiempo parcial) o empleos por cuenta propia, lo que va en contravía de una recuperación formal de empleos y a tiempo completo.
Las respuestas de política económica
Para responder a la crisis, el Banco de la República adoptó medidas de provisión de liquidez en pesos y en dólares, con el propósito de mantener la buena salud del sistema financiero y el correcto funcionamiento de los medios de pago.
Dichos soportes monetarios han permitido unas relaciones de solvencia favorables para los establecimientos de crédito y, teóricamente, mayores facilidades para otorgar préstamos. La tasa de interés de referencia se ha reducido a mínimos históricos de 1,75%, lo cual ha reducido el costo de los créditos.
Sin embargo, esto no ha resuelto todos los problemas. La demanda de créditos se ha vuelto muy inelástica ante los tipos de interés, pues en la coyuntura actual el motivo precaución ha dominado el motivo transacción y especulación de la demanda de liquidez de los agentes.
Adicionalmente, la oferta de préstamos de los establecimientos de crédito se enfrenta a varias restricciones que limitan el flujo de créditos. Ante el deterioro de la actividad económica y del ingreso disponible de los hogares, la probabilidad de impago se ha disparado. Por eso, muchos de estos intermediarios financieros han aumentado sus provisiones para cubrir el riesgo de impago, limitando así la oferta de créditos.
Por su parte, el gobierno ha hecho esfuerzos para suavizar estos efectos sobre el mercado de fondos prestables, por ejemplo, a través de:
- subsidios directos a la nómina (apoyo a las empresas);
- subsidios a los hogares, como los soportes a las tasas de adquisición de vivienda distintos de las de interés social (apoyo a la clase media); y
- programas de soporte para la población más vulnerable, como el Ingreso Solidario.
Además, el gobierno capitalizó el Fondo Nacional de Garantías (FNG) para apoyar por esta vía el refinanciamiento de las empresas.
Sin embargo, el factor común de todas estas iniciativas es la incertidumbre sobre la evolución futura de la economía y la preservación del empleo. Es importante recordar que la demanda más importante de una economía es la demanda de trabajo y, en el contexto actual, esta demanda está supeditada a elementos no económicos, como la evolución futura de la pandemia.
El mercado laboral
En Colombia existen varios elementos inflexibles en el mercado laboral que estimulan la informalidad y desincentivan la ocupación formal. Uno de estos elementos inflexibles es el salario mínimo.
En los últimos años, el salario mínimo se ha fijado casi 6 puntos porcentuales por encima de la productividad laboral y 3 puntos porcentuales por encima de la inflación.
Como lo han señalado algunos economistas, la visión del ciudadano promedio de que el salario mínimo debería aumentar de forma significativa puede llevar a espirales tóxicas donde los salarios no estén alineados con las variables macroeconómicas. Dicha situación aumenta excesivamente los costos laborales de las empresas y desestimula la demanda de trabajo.
Además, otros costos no laborales, como los aportes a cajas de compensación, salud, pensiones, cesantías, primas y parafiscales, exceden el porcentaje de participación de los costos directamente asociados con la remuneración laboral. En muchos casos, esto subyuga la demanda de trabajo a procesos burocráticos que no obedecen al ciclo económico y reduce la capacidad de generación y conservación de empleos formales.
En los últimos años, este tipo de inflexibilidades en el mercado laboral colombiano ha creado un serio desincentivo a la demanda de empleo, incluso en ciclos de expansión económica como el que vivimos entre 2017 y 2019.
¿Cuánto tardará la recuperación del empleo?
Con todos los anteriores problemas estructurales y los que ha traído la pandemia, es probable que el nivel de actividad económica y empleo anteriores a la crisis se recuperen apenas en 2023 o 2024, según los cálculos más optimistas.
Una recuperación parcial del mercado laboral implica, entre otros factores:
- un crecimiento anual de 4% del PIB real durante los próximos 5 años, con lo cual se podría reducir la tasa de desempleo a valores del 9%;
- una inflación controlada alrededor de la meta de política monetaria del 3% anual; y
- un salto en la productividad laboral que, por desgracia a la luz de las inflexibilidades descritas previamente, no parece posible en el futuro cercano.
Por todo lo anterior, la discusión sobre el ajuste del salario mínimo debe guardar un prudente equilibrio.
No se puede ir en contra de la demanda de trabajo y ahogar a las empresas: esa no es la solución. Pero medidas ultraortodoxas, como la reducción del salario mínimo, el no pago transitorio de aportes a la seguridad social o incluso la reducción de la jornada laboral tampoco deben incluirse en la receta de la recuperación económica.
Colombia debe navegar hacia una serie de reformas tributarias y laborales que permitan superar la crisis, por ejemplo: equiparando la carga de impuesto a la renta entre personas naturales y jurídicas, promoviendo la generación formal de empleos a través de modificaciones estructurales al esquema actual de aportes a parafiscales, y eliminando las inflexibilidades del mercado laboral que, en el pasado, sólo han logrado elevar los costos laborales y no laborales para las empresas.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
