Recomendados febrero 11, 2013

Reconocimiento y redistribución: dos aspectos para preguntarse quiénes son y qué quieren las víctimas en Colombia

Por Angelica Zambrano

El punto 5 del Acuerdo de La Habana se refiere a las víctimas. Se negociará sobre dos aspectos: los derechos humanos y la verdad. Mientras se avanza en la Mesa, estudios recientes permiten hacer una caracterización más precisa.

Carlos Alberto Mejía Walker*

En julio de 2005 el Congreso de la República aprobó la Ley 975, también conocida como Ley de Justicia y Paz. Para algunos, esta norma representa un avance significativo en términos de justicia transicional; para otros, no ha representado más que promesas incumplidas.

Más allá de las discusiones sobre los avances reales o esperados con la implementación de la norma, resulta indiscutible que desde un tiempo hacia acá — no el de la “transición”, pero sí el de la “justicia transicional” — las víctimas ocupan un importante papel en la agenda pública nacional, bien como sujetos procesales al interior de un proceso penal especial, bien como actores políticos que reclaman mayores escenarios de atención y participación.

Pero, ¿quiénes son y qué quieren las víctimas? Las respuestas a estos interrogantes no son nada fáciles de establecer, y mucho menos en un contexto como el colombiano, en el que la violencia armada y la victimización provienen de diferentes frentes y en el que los reclamos van, también, en distintas direcciones, lo que sugiere que hablar sobre –y a nombre de– las víctimas del conflicto resulta bastante complejo.

Intentar establecer quiénes son las víctimas implica reconocer que la mayoría de ellas son de escasos recursos socioeconómicos, pues, como resulta evidente, “las poblaciones ya de por sí vulnerables en Colombia han tenido que asumir los peores efectos de la violencia armada, acompañada de crímenes sistemáticos de violación de los derechos humanos” (Rettberg, 2008). Así, tal y como lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?, presentados a la opinión pública en octubre de 2012, el 74% de los afectados por la violencia armada en el país hace parte de los estratos 1 y 2, mientras que tan solo el 2% lo es de los estratos 4, 5 y 6. El 23% restante hace parte del estrato 3.

En el mismo sentido, el informe Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, publicado en noviembre de 2008, aporta elementos para identificar que las víctimas son, en su mayoría, mujeres pobres cabeza de familia. Su número de hijos, así como personas que dependen de ellos económicamente, oscila entre 3 y 4. Su máximo nivel educativo es la primaria en un 44,9%, mientras que un 30,5% no reporta ningún nivel alcanzado.

Intentar establecer quiénes son las víctimas supone comprender, además, que difícilmente puede hablarse de ellas como sujetos y actores unívocos, con una misma lectura frente a la violencia y la victimización soportadas. Según la Encuesta Nacional, el 53% de los Afectados (Víctimas) se considera víctima de la guerrilla y el 45% de los grupos paramilitares. Las Víctimas Organizadas, por su parte, responsabilizan a estos últimos en un 63% y a la guerrilla en un 50%.Aunque con diferencias porcentuales considerables, dicha tendencia se mantiene al indagar por la mayor responsabilidad de la violencia que ha vivido Colombia en los últimos años. El 37% de los Afectados asignó la responsabilidad en la guerrilla, seguida de “Todos nosotros, los colombianos” con un 23% y del Gobierno con un 16%. Sólo el 11% de los Afectados le asignó dicha responsabilidad a los paramilitares, contrario a la opinión de las Víctimas Organizadas, quienes en un 24% los responsabilizaron, seguido de la guerrilla y del Gobierno, cada uno con un 23%.

De otro lado, y en cuanto a lo que quieren las víctimas, es de resaltar que además de los reclamos propios en materia de verdad, justicia y reparación integral, el factor más importante es la satisfacción de sus necesidades materiales. El ya referido informe de noviembre de 2008 indica que “los encuestados otorgaron mayor importancia al cubrimiento de sus necesidades económicas (45,5%), seguido por el establecimiento de la verdad sobre los hechos con un 44%”, siendo la ayuda económica en la vejez (o pensión) y la vivienda las medidas más nombradas por quienes prefieren lo económico como reparación. Asimismo, “un alto porcentaje respondió ‘otras’ necesidades, que incluyen alimentación, arreglo de la vivienda, salud mental y física, estudio propio, ayuda económica (subsidios, ayuda para empezar un negocio, ayuda para pagar deudas, mejorar calidad de vida, tener de qué vivir), empleo, tierra, servicios públicos, paz (incluyendo protección a la vida) y vestuario” (Rettberg, 2008).

No obstante, la condición de víctima no supone que las mismas se asignen privilegios con relación al resto de la sociedad ni que dejen de asumir como prioritarios asuntos que nada tienen que ver con su victimización o con el contexto de violencia armada. De esta manera, la Encuesta Nacional refleja cómo el 71% de las Víctimas Organizadas y de los Afectados coincide en que “las víctimas deben recibir la misma atención por parte del Estado que quienes no han sido afectados de manera directa por el conflicto armado”, aunque el 82% de las primeras indica que aún no reciben la atención que merecen por encima del 68% de los Afectados.

Así mismo, el 70% de las Víctimas Organizadas y el 52% de los Afectados afirma que “el Estado debe cumplir con todas sus obligaciones, tanto las básicas de lucha contra la pobreza y el desarrollo, como las que tiene con las víctimas, aunque eso signifique aumentar los impuestos que pagamos actualmente los colombianos”, presentando la necesidad de tener mejores empleos y salarios como uno de los criterios para lograr que en el futuro las cosas estén mejor. Necesidad que se encuentra respaldada por un 36% de los Afectados y un 27% de las Víctimas Organizadas.

Así las cosas, y a pesar de algunas diferencias considerables en términos de procedencia y percepción, resulta de suma importancia preguntarse por las víctimas como actores que luchan por un reconocimiento de su condición y victimización específica; lucha esta que, a la manera de Nancy Fraser, tiene lugar, además, en un contexto de no pocas desigualdades materiales, por lo que el reconocimiento y la redistribución terminan siendo asuntos que pretenden agenciarse bajo una misma instancia: la de la “justicia transicional”.

Tomado de: Boletín DePolítica – edición 118 — publicado por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

* Estudiante de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y Asistente de Investigación del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (ConPaz) de la misma universidad.